Estamos próximas a conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que nos recuerda que, a pesar de los avances alcanzados en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, las autoridades todavía enfrentamos importantes desafíos para garantizarles una vida libre de violencia. Uno de ellos tiene que ver con las nuevas formas de agresión que han encontrado en internet un escenario propicio y que afectan, entre otras, a las mujeres que participan en política.
Ahí está el caso de las redes sociales, las cuales permiten que las mujeres políticas compartan sus ideas u opiniones, promuevan sus propuestas y agendas, y establezcan una relación más cercana con las personas. Sin embargo, también han dado pie a que las agresiones puedan realizarse desde el anonimato, alcanzar a miles de personas en pocos minutos y permanecer en circulación durante mucho tiempo.
Pensemos en lo que ocurre cuando se publica información falsa sobre una candidata, se difunden mensajes que buscan desacreditarla por ser mujer o se utilizan imágenes manipuladas para ridiculizarla. El daño comúnmente no termina cuando se elimina la publicación. Para ese momento, el contenido pudo haber sido compartido incontable veces y continuar apareciendo en otras cuentas o plataformas.
A estas dificultades se suma el uso popularizado de la IA, que permite elaborar imágenes, audios y videos falsos con resultados cada vez más reales. Esto abre nuevas posibilidades para la desinformación y las agresiones, pero también complica la tarea de las autoridades encargadas de investigar los hechos.
Debemos tener presente que no toda expresión ofensiva o crítica dirigida a una mujer candidata o electa constituye violencia política en razón de género. Las autoridades electorales debemos analizar si existen elementos de género y si la conducta afecta el ejercicio de sus derechos políticos. Se trata de una revisión y estudio que exige cuidado, pues también está de por medio la libertad de expresión, especialmente importante durante los procesos electorales.
Ahora bien, cuando una mujer presenta una denuncia por hechos ocurridos en internet, comienza una tarea que puede resultar mucho más complicada de lo que parece. No siempre es posible conocer quién administra una página, quién realizó determinada publicación o si los datos de un perfil corresponden realmente a una persona. Incluso cuando las plataformas proporcionan información, esta puede ser incompleta o insuficiente para identificar al o las personas responsables.
También existe el riesgo de que las publicaciones desaparezcan antes de que la autoridad pueda documentarlas. Por eso, conservar oportunamente las pruebas resulta indispensable. Una captura de pantalla, una dirección electrónica o la certificación de una publicación pueden ser la diferencia a la hora de reconstruir lo ocurrido y valorar los hechos denunciados.
El tiempo tampoco juega a nuestro favor pues mientras se realizan las investigaciones, se solicita información y se cumplen las distintas etapas de un procedimiento, los contenidos pueden continuar reproduciéndose. Y aunque es indispensable respetar el derecho de defensa de las personas denunciadas, también lo es evitar que la duración de los procedimientos deje sin una protección efectiva a las posibles víctimas.
Esta realidad obliga a los institutos electorales locales a desarrollar capacidades que van más allá del conocimiento jurídico. Se necesitan herramientas tecnológicas, personal capacitado para investigar conductas digitales y una comunicación más efectiva con las empresas que administran las plataformas, así como con otras instituciones que cuentan con conocimientos especializados.
Sin duda, el entorno digital seguirá cambiando y las formas de violencia probablemente también lo harán. Por ello, las instituciones electorales no podemos permanecer ajenas a estos cambios ni buscar atenderlos únicamente con las herramientas que tradicionalmente hemos utilizado. Nuestras instituciones también requieren evolucionar.