Este domingo, el coordinador estatal para la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Chihuahua Marco Bonilla se inscribirá ante el Consejo Estatal del PAN para buscar la candidatura de su partido al gobierno del estado y poder hacer precampaña… por su parte, el coordinador Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar también ya anuncio el arranque formal de su precampaña… pura simulación de ambos lados, de quienes empezaron su campaña hace muchos meses atrás, pero lo anacrónico de las leyes electorales lo permiten.
En la teoría del derecho electoral mexicano, las precampañas fueron diseñadas como un periodo acotado, equitativo y fiscalizado para que los partidos políticos dirimieran sus diferencias internas y eligieran, frente a su militancia, a quienes habrían de abanderarlos en las urnas.
En la práctica de cara al proceso electoral de 2027, esta etapa que en Chihuahua arranca formalmente el próximo 2 de diciembre, se ha convertido en una costosa y estéril ficción jurídica.
Lo que estamos presenciando en los estados donde se renovarán gubernaturas no es el inicio de una contienda interna, sino el trámite burocrático de decisiones tomadas con meses de antelación, bajo una ingeniería de simulación que ha dejado obsoleta la legislación electoral.
Los partidos políticos encontraron la fórmula para adelantar la disputa por las gubernaturas sin llamar candidatos a quienes ya se comportan como tales, en Chihuahua Morena y el PAN ya tienen a sus respectivos coordinadores, mientras el calendario electoral se prepara para abrir un periodo de precampañas que amenaza con convertirse en un trámite sin competencia real.
Hay algo profundamente contradictorio en el sistema electoral mexicano: mientras las autoridades establecen calendarios, periodos, restricciones y topes de gastos para garantizar condiciones de equidad en las contiendas, los partidos políticos parecen haber encontrado la manera de comenzar sus campañas mucho antes de que legalmente puedan hacerlo.
El problema no es solamente que los aspirantes a las gubernaturas comiencen a posicionar sus nombres con meses de anticipación, lo verdaderamente cuestionable es que se utilicen figuras partidistas con denominaciones distintas a las de una candidatura formal para desarrollar actividades de promoción política que, en los hechos, tienen una finalidad electoral evidente.
Se les llama coordinadores, responsables de la defensa de determinados proyectos políticos, representantes de movimientos o encargados de organizar estructuras territoriales; se les puede poner prácticamente cualquier nombre, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿a quién pretenden engañar cuando todo el aparato partidista comienza a trabajar alrededor de una persona que ya fue seleccionada como su principal apuesta para competir por una gubernatura?
El periodo de precampañas, que debería servir para que los aspirantes de cada partido compitan entre sí, presenten sus propuestas y busquen el respaldo de sus militantes, corre el riesgo de convertirse en una etapa artificial cuando las dirigencias ya tomaron las decisiones fundamentales.
Morena designó el 28 de septiembre de 2026 a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, la decisión se produjo después de un proceso interno en el que también participó la senadora Andrea Chávez, quien finalmente quedó fuera de esa designación.
Por su parte, Acción Nacional nombró el 10 de octubre a Marco Bonilla como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, otorgándole la responsabilidad de coordinar las estructuras partidistas y recorrer los 67 municipios del estado.
No se trata de nombramientos menores ni de responsabilidades partidistas ordinarias: ambos personajes son las figuras alrededor de las cuales sus respectivos partidos están construyendo la estrategia para disputar la gubernatura en 2027.
La coincidencia resulta políticamente reveladora: Morena y PAN, los dos principales competidores por el Gobierno de Chihuahua, ya tienen identificados a sus principales aspirantes y han comenzado a construir sus proyectos electorales.
Entonces, ¿qué sentido tiene abrir un periodo de precampañas si las principales fuerzas políticas ya adelantaron buena parte de la definición de sus candidaturas?
¿Contra quién van a competir? ¿Qué otros aspirantes tendrán posibilidades reales de disputarles la postulación? ¿Qué proceso democrático interno puede desarrollarse cuando las dirigencias ya dieron señales inequívocas de quiénes son sus apuestas?.
La precampaña corre el riesgo de convertirse en una representación política, porque los protagonistas ya están elegidos y solamente falta cumplir con el calendario.
Si una persona recorre municipios, encabeza reuniones, reúne estructuras, protagoniza eventos públicos, difunde su imagen y concentra la atención de la organización partidista con el propósito de construir una candidatura, resulta legítimo exigir a las autoridades electorales que revisen la naturaleza y finalidad de esas actividades.
La legislación electoral de Chihuahua contempla los actos anticipados de campaña y de precampaña y también establece restricciones a la propaganda y define las condiciones bajo las cuales pueden desarrollarse las actividades de quienes aspiran a una candidatura.
Ahora bien, en Chihuahua, el calendario electoral establece que las precampañas para la gubernatura comenzarán el 2 de diciembre de 2026 y concluirán el 10 de enero de 2027.
Es decir, durante poco más de un mes, los partidos tendrán formalmente la oportunidad de desarrollar sus procesos internos de selección; pero aquí aparece una contradicción de fondo: si las dirigencias ya designaron a sus coordinadores y estos son los perfiles que públicamente se proyectan como los futuros candidatos, ¿qué competencia interna se espera realmente?
La legislación de Chihuahua incluso permite que las precandidaturas únicas realicen precampaña, siempre que el partido informe previamente al Instituto Estatal Electoral sobre esa condición.
Esto demuestra que el problema no es solamente de interpretación o de vacíos legales. Existe una cuestión de fondo sobre la utilidad democrática de permitir periodos de promoción interna cuando la decisión política ya está prácticamente tomada.
Una precampaña sin competencia real deja de cumplir su función esencial, en lugar de ser un espacio para comparar perfiles y propuestas, puede convertirse en una prolongación de la promoción de quien ya cuenta con el respaldo de la dirigencia.
Y eso representa una distorsión del propósito de los procesos internos.
Lo más preocupante es que esta práctica termina exhibiendo el comportamiento de los propios partidos políticos.
Durante años, las fuerzas políticas han señalado que es necesario respetar las reglas electorales, garantizar la equidad y evitar que los recursos públicos o las ventajas de posicionamiento determinen anticipadamente el resultado de una elección.
Sin embargo, cuando se trata de sus propios intereses, parecen encontrar fórmulas para adelantarse a los tiempos.
Morena cuestionó durante años las prácticas de sus adversarios, pero ahora utiliza coordinaciones de defensa de la transformación para construir anticipadamente sus proyectos electorales.
El PAN, por su parte, tampoco parece dispuesto a quedarse atrás y ha recurrido a una figura de coordinación con un discurso y una estrategia de posicionamiento que apuntan directamente a la contienda por la gubernatura.
El resultado es una competencia anticipada en la que los partidos parecen más preocupados por encontrar fórmulas para adelantarse a la ley que por fortalecer la democracia interna.
Y cuando las dos principales fuerzas políticas terminan utilizando estrategias semejantes, el problema deja de ser una disputa entre partidos. Se convierte en un problema de credibilidad del sistema electoral.
En Chihuahua, la contienda por la gubernatura de 2027 ya comenzó en los hechos. Lo que está por comenzar en diciembre es, para muchos, solamente el periodo oficial. Y esa diferencia es precisamente el problema que las autoridades electorales no deberían ignorar.