"Me canso ganso de que vamos a dejar el mejor sistema de
salud pública del mundo" AMLO
IMSS, de la promesa de bienestar al olvido. El Instituto Mexicano del Seguro Social atraviesa una severa crisis operativa caracterizada por el desabasto de medicamentos, la escasez de insumos quirúrgicos y una marcada precarización laboral del personal de salud, factores que han detonado movilizaciones y bloqueos viales en diversos puntos del país. Creado en 1943 bajo el mandato del presidente Manuel Ávila Camacho con la misión constitucional de garantizar el derecho a la salud y la protección social de la clase trabajadora, el organismo hoy resiente las fallas de diseño estructural de las reformas sanitarias morenistas. Esta situación compromete directamente la calidad de atención de más de 80 millones de derechohabientes y vulnera las condiciones laborales de casi 500 mil trabajadores.
La disolución del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y la consecuente creación del organismo descentralizado IMSS-Bienestar para brindar cobertura a la población sin seguridad social han impuesto una fuerte presión administrativa, financiera y logística sobre la infraestructura del régimen ordinario. Esta reconfiguración ha agudizado una fricción operativa que se traduce en la escasez sistemática de materiales básicos de curación, medicamentos esenciales y equipo especializado.
El acceso efectivo a la salud pública en México se enfrenta a una preocupante brecha estructural, los diferimientos para consultas de especialidad o intervenciones programadas suelen extenderse por meses, evidenciando un modelo superado en sus capacidades humanas e instaladas. Las salas de urgencias operan frecuentemente bajo esquemas de saturación constante debido a la disparidad entre el volumen de afiliados y las camas de hospital disponibles, una situación que se agrava por la escasez crónica de personal médico y de enfermería en regiones rurales y semiurbanas.
Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere un parámetro de referencia de 2.3 médicos por cada 1,000 habitantes, el IMSS opera con un promedio sensiblemente menor de 1.1 médicos por cada 1,000 derechohabientes, lo que refleja un marcado déficit en la plantilla laboral. En la práctica, esta insuficiencia estructural provoca que a cada médico familiar se le asigne una carga de entre 2,400 y 3,600 pacientes adscritos a su consultorio.
Ante este panorama, enfermeras, médicos y personal administrativo, de mantenimiento e higiene han salido a las calles para exigir un trato digno, mejoras salariales reales y el abasto inmediato de insumos básicos. La inconformidad de las bases también se ha dirigido hacia la cúpula gremial, demandando la renuncia de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y diputado federal suplente por Morena.
A pesar de las acciones gubernamentales orientadas a contener el descontento, la persistencia de las movilizaciones en el espacio público anticipa que la pacificación laboral no llegará por decreto. La Presidenta enfrenta un horizonte de desafíos monumentales; más allá de la inapelable urgencia de pacificar un tejido social profundamente lastimado por la violencia, su administración debe conciliar de manera inaplazable la dignificación de los derechos laborales del sector salud con la viabilidad de un servicio universal de calidad. Al final del día, al paciente en la sala de espera le resulta ajeno si el desabasto sistémico obedece a fallas de diseño institucional o a una accidentada planeación en la consolidación de compras. Frente a la realidad de las clínicas, la retórica del sexenio pasado que encumbraba al IMSS-Bienestar como el modelo definitivo para el rescate del sector salud se topa con su examen más riguroso: demostrar que la universalidad no se traduce en la distribución equitativa de las carencias. Por un México digno, Sumemos Voces.
