Otra de Riggs, el tumba casas naranja-moreno
Sahir, el outsider que toca la puerta en Morena

Alejandro R.M., un empleado de la Comisión Federal de Electricidad, es el presunto asesino del joven Francisco Javier López, de 20 años de edad, victimado en octubre de 2025 en la colonia Continental cuando su agresor, armado con una pistola, lo confundió con otra persona que supuestamente había molestado a su hija.
Hoy, el acusado será presentado a la audiencia de vinculación a proceso, luego de haber sido detenido el pasado sábado en la noche con una orden de aprehensión y presentado el domingo ante un juez de control, quien le dictó como cautelar la prisión preventiva.
Sí, hablamos de un caso de 2025. Pasó un año desde la muerte de Romero López hasta la detención de su presunto victimario, pero no porque estuviera propiamente prófugo todo el tiempo, sino por un amparo que durante varios meses evitó su detención inmediata y otras triquiñuelas que exhibieron los sinsentidos de un aparato judicial que indudablemente no está a la altura de la demanda de justicia de la sociedad.
En su audiencia inicial, la defensa del imputado tuvo la osadía de pedir otra medida cautelar diferente a la prisión; quería evitar la cárcel, pese a la jugada turbia en la justicia federal que evitó la detención en un primer momento y mantenerse prófugo unos meses más.
Obviamente no obtuvo el beneficio, hubiera sido un escándalo mayúsculo, pero no por eso el caso ha dejado de ser un ejemplo de cómo las influencias y el dinero determinan quién puede obtener o no un amparo que, si bien no garantiza impunidad, sí compra algo de tiempo.
Francisco Javier tenía 20 años. Estudiaba Criminología, trabajaba y no tenía alcohol ni drogas en su organismo la noche en que fue asesinado a balazos (tenemos incluso los resultados del examen toxicológico en la edición digital de GPS).
No era el objetivo. No tenía relación alguna con el agresor ni con el conflicto que detonó la violencia. Fue, como lo han acreditado los dictámenes y los testimonios, una víctima circunstancial de un hombre armado que llegó cegado por la ira.
El acusado está plenamente identificado. Hay testigos, peritajes, una camioneta asegurada, domicilios cateados y una orden de aprehensión debidamente librada y ejecutada. No estamos frente a un expediente débil ni ante un delito del crimen organizado, ni ante una trama sofisticada imposible de judicializar.
Su detención, así sea tardía, es un triunfo de la Fiscalía del Estado y de la familia de la víctima, que jamás quitó el dedo del renglón en la exigencia de justicia.
Hoy, la justicia estatal tiene la tarea de revisar a fondo la evidencia que presente el Ministerio Público acusador y atienda el reclamo de la defensa, con todo el cuidado del debido proceso, pero sin que sus resoluciones lleguen a parecerse a ese amparo que no fue garantía de respeto a los derechos humanos, sino un salvoconducto para la injusticia.

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La publicación original en la que, para variar, fue criticada una actitud irracional del regidor Miguel Riggs, fue borrada de Facebook, pero antes algunos tuvieron precaución de tomar pantallazos (visibles en GPS edición digital) de algunos comentarios que ponen en evidencia al expanista, exnaranja y ahora morenista.
Una mujer, Marcela Alejandra Carrasco Camberos, describió un episodio en el que acusó a Riggs y a su pareja, Ana Lucía Baduy, de fabricarle una denuncia ante la Fiscalía de la Mujer (FEM) por supuesta omisión de cuidados, meterse a su casa con engaños y, para colmo, promover una orden de restricción en su contra, cuando ellos fueron los que comenzaron a agredirla en un asunto familiar que llegó hasta los litigios.
El tema, por lo que nos reportan, está más batido que un gallinero, porque involucra líos sentimentales e intereses diversos, en los que el edil no duda de charolear con su cargo e influencias con el fin de imponerse.
¿Pero qué se puede esperar de un tumba casas (fue abusivamente a derribar una vivienda junto con su compañero Alfredo “El Caballo” Lozoya, cuando ambos eran candidatos de Movimiento Ciudadano) constantemente evidenciado por su falta de preparación?
“Esa gente quiere huesos en la política. Imagínense qué clase de políticos son”, remata, con razón, uno de los comentarios de la acusadora.

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Sahir Rentería ya dijo que se inscribirá en la convocatoria de Morena para buscar la alcaldía de Chihuahua, aunque algunos lo ubiquen como patrocinador de la diputada Brenda Ríos, quien también anda en pos de la misma nominación.
Pero más allá de si finalmente aparece o no en la boleta interna, hay algo que vuelve interesante su movimiento: no llega desde la estructura tradicional de un partido, sino más como un outsider con influencia y presencia en los círculos políticos.
Empresario y director de REWO Ferretería, Rentería ha sostenido públicamente que no tiene militancia partidista y que durante años ha mantenido relación con distintos sectores políticos y sociales. Su trayectoria también incluye participación en organismos empresariales y proyectos de carácter altruista, antes de que su nombre comenzara a circular como aspirante.
Su apuesta por Cruz Pérez Cuéllar tampoco comenzó ayer. Fue uno de los empresarios que respaldó públicamente al juarense desde meses antes de que Morena definiera su ruta rumbo a la gubernatura, con el argumento de la necesidad de tender puentes entre la iniciativa privada y el sector público.
Será interesante ver qué hace Morena con un perfil que viene de la empresa, que no tiene una militancia partidista conocida y que ha construido relaciones fuera de una sola corriente política.
En una contienda donde ya comienzan a aparecer varios perfiles, la incorporación de Sahir abre una ruta diferente, la del empresario que primero construyó presencia social y después decidió tocar la puerta de la política mediante un partido casi consolidado. Falta saber si Morena decide hacerlo pasar.

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La polémica que desató el IEE respecto a la disposición en materia de género para las candidaturas a alcaldes no pasó desapercibida al interior de los partidos políticos; en la capital reavivó la discusión sobre la designación de la candidatura del PAN por la joya de la corona.
Que Chihuahua capital no estuviera en la lista de los municipios que deberían postular a una mujer, pone en jaque a la diputada federal Manque Granados, la única aspirante mujer en la carrera por la alcaldía.
Cercanos a la legisladora aseguran que Manque no ha quitado el dedo del renglón respecto a su aspiración. Sin bajar la guardia, ha sido respetuosa de los procesos del partido, esperando pacientemente las reglas del juego.
En estos días se le ha visto muy activa en tribuna, defendiendo el predial de los chihuahuenses y el derecho a la libertad de expresión, ante las reformas de Morena para apoderarse de los registros de catastro de los municipios de todo el país, y la ley anti-memes.
Ha sostenido reuniones con productores, estudiantes de la UACH y representantes de las cámaras empresariales, sin dejar de lado el trabajo en las calles de la capital, fortaleciendo su proyecto.

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La implementación de la plataforma para agendar cita para notificaciones por parte del Poder Judicial de Chihuahua ha generado una favorable impresión en el foro de abogados, a varios meses de su implementación.
La herramienta digital promete agilizar este momento procesal al requerir el acceso con usuario y contraseña, así como la verificación de los datos del perfil, para luego registrar cada trámite especificando tipo de diligencia, distrito, materia, juzgado, número consecutivo y año.
Asimismo, requiere ingresar ubicación exacta, contactos, observaciones y los nombres de las partes involucradas (actor y demandado), finalizando con la selección de turnos en horarios marcados en color verde.
Es un tanto engorroso para quien no está familiarizado con aspectos de sistemas informáticos, pero si continúa funcionando bien como lo ha venido haciendo, ahora sí que podrían eliminarse las filas tempraneras en busca de espacio para notificaciones, y los actos de corrupción.
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Ha sido todo el año de puro capoteo oficial federal, ante la profunda crisis humanitaria existente en el país con desaparecidos, síntomas de genocidio y desplazamiento forzado, donde Chihuahua es epicentro.
Inició el año con la crisis evidenciada por el Comité contra la desaparición forzada de la ONU, con las 130 mil personas desaparecidas y el desbordamiento institucional frente a las fosas clandestinas, con la zona de El Willy y demás en nuestra entidad.
La respuesta del gobierno federal fue de rechazo a la evaluación internacional, calificándola de tendenciosa, negando categóricamente la existencia de desapariciones impulsadas por el Estado.
Luego llegó el informe de la ONG Genocide Watch, que situó a México en fases avanzadas de discriminación, deshumanización y organización dentro de la escala de riesgo de genocidio por la violencia sistemática del crimen organizado.