El viernes, cuando el delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Julio Mercado, declinó asistir al congreso médico de farmacovigilancia no fue otra cosa que repetición de la estrategia que ha adoptado la institución desde la cabeza nacional hasta lo local: la política del avestruz.

Al maltrato salarial de los trabajadores se suman las condiciones laborales precarias, donde ellos mismos -con demasiada frecuencia- tienen que sacar de sus bolsillos para comprar algún insumo o medicamento para atender a la población de escasos recursos.

Ante esa condición social no podía esperarse otra cosa que un rotundo "no" a la consulta sindical tardía convocada por el líder charro, Rafael Olivos Hernández, que está sumergido -junto con sus delegados estatales- en el repudio de la base trabajadora, por traición a sus intereses.

En ese contexto, la ausencia del delegado Julio Mercado Castruita en el presídium de la inauguración del Congreso Estatal de Farmacovigilancia, realizado en el emblemático inmueble de Casa Chihuahua, no fue un hecho aislado ni un simple contratiempo de agenda.

Mercado Castruita, quien asumió el cargo a mediados de abril entre discursos de modernización y promesas de eficiencia administrativa, desvaneció en pocos meses cualquier expectativa positiva inicial.

Señalado desde las entrañas del propio gremio por un desempeño errático e incompetente, -inepto-, así como por acusaciones de acoso e intimidación hacia la base trabajadora, el delegado prefirió la huida antes que enfrentar los reclamos directos por el desabasto de medicinas y las precarias condiciones laborales.

Esta evasiva retrata fielmente la línea oficialista de simular normalidad mientras las unidades hospitalarias naufragan en la penuria.

Los propios diagnósticos internos ordenados a raíz de las marchas de la disidencia sindical en el instituto terminaron por desmentir el discurso de la abundancia.

En las supervisiones "piso por piso" realizadas en 166 nosocomios del país, las autoridades del IMSS tuvieron que admitir la existencia de siete mil 474 carencias críticas, de las cuales tres mil 122 están catalogadas como de alta prioridad.

El inventario oficial nacional reporta 972 faltantes de equipos médicos esenciales —como monitores de signos vitales, camillas, oxímetros y bombas de infusión—, 751 registros por falta de insumos básicos como jeringas y sondas, y 522 fallas graves en mantenimiento, tomas de oxígeno y climatización. ¿Cómo es que no sabían esto?

Mientras la narrativa gubernamental presume un alto porcentaje de recetas surtidas, en la vida real los pacientes se estrellan contra la falta de insumos elementales.

Esa realidad ya estaba ahí, sólo que no la querían admitir, aún con el riesgo de quedar exhibidos, como finalmente ocurrió.

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En este escenario de abandono sistemático -y forzada por las marchas en una veintena de entidades federativas, sistemáticamente minimizadas- fue convocada la Consulta Salarial 2026.

La dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezada por Rafael Olivos Hernández, pretendía ratificar una propuesta acordada a espaldas de la base que contemplaba un incremento irrisorio del 6.8%, compuesto por un escaso 2.9% directo al sueldo y 3.9% en prestaciones.

La oferta fue interpretada no sólo como una burla frente al deterioro del poder adquisitivo, sino como la prueba consumada de la sumisión de la cúpula sindical ante el patronato oficial.

La jornada del miércoles 14 de octubre fue auténtico plebiscito de la dignidad trabajadora en más de 670 puntos de votación del país, con la participación de más de 282 mil empleados, que dieron un revés histórico a su dirigencia.

En Chihuahua, los conteos preliminares de las urnas arrojaron un rotundo rechazo de 12 mil 879 votos por el "NO" frente a escasos 645 sufragios por el "SÍ", con hospitales emblemáticos como el HGZ No. 1 "Morelos", donde el rechazo alcanzó una proporción de mil 242 votos en contra por apenas 48 a favor.

El mensaje de las urnas desnudó el repudio generalizado hacia un secretario general al que acusan de subordinar los derechos gremiales a sus ambiciones políticas, por cierto, senador suplente de Morena.

La base trabajadora exige un aumento no menor al 10% directo al salario tabular, la inmediata destitución de Rafael Olivos y la convocatoria urgente a un Congreso Nacional Extraordinario para recuperar la autonomía sindical, con naturales cambios en las sumisas delegaciones sindicales.

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Quienes durante los momentos más álgidos de la emergencia sanitaria por Covid fueron aclamados como héroes, hoy se ven obligados a tomar y bloquear vialidades para reclamar condiciones elementales de trabajo.

Médicos, enfermeras y personal de apoyo en Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias y Cuauhtémoc deben costear de sus propios bolsillos frascos de alcohol, torundas, papelería y medicamentos básicos para atender a la población de escasos recursos que acude a las clínicas.

Esta penuria operativa no sólo castiga la economía del personal de salud, sino que impacta de lleno a la ciudadanía, porque los derechohabientes del Seguro Social están forzados a recurrir a consultorios adjuntos a farmacias o servicios privados para recibir atención médica o conseguir tratamientos que el Seguro Social no entrega.

A ello se suma la inestabilidad de miles de profesionales contratados durante la contingencia que siguen sin certeza jurídica, expuestos al acoso y la saturación operativa por plantillas incompletas en todos los turnos.

¿Qué resultado esperaban entonces de la votación?

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Frente a la marea de protestas, la respuesta del gobierno federal ha transitado entre la desacreditación y la insensibilidad, inclusive desde las conferencias matutinas en Palacio Nacional, donde fueron exhibidas tomas aéreas captadas con drones sobre Paseo de la Reforma para regatear el número de manifestantes y calificar las movilizaciones de "oportunismo político".

Descalificar el reclamo social como un simple montaje de partidos pretende ocultar que la compra y distribución de insumos a cargo de Birmex colapsó, o que la asfixia presupuestal que padece el Seguro Social no obedece a una falta de recursos en la hacienda pública, sino a una distorsión en las prioridades del gasto.

Mientras los hospitales carecen de material quirúrgico, el Presupuesto de Egresos destina sumas multimillonarias a sostener proyectos deficitarios para el 2027 como 18 mil millones de pesos al Tren Maya, o 25 mil millones adicionales para el Corredor Interoceánico.

A esta política presupuestal se suman los pingües salarios pagados al gobierno cubano por brigadas de médicos explotados en el territorio nacional que nadie ha visto laborar activamente en los centros de salud.

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Dadas estas condiciones de penuria económica y parálisis administrativa, la única forma de desinflar el conflicto político e impedir un colapso mayor exige que el gobierno federal enfrente el problema sin simulación y facilite la renovación democrática en el sindicato.

La remoción inmediata de Rafael Olivos y su Comité Ejecutivo, acompañada de la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario, parece ser el primer paso indispensable para abrir paso a un saneamiento político real.

Conceder la demanda salarial y prestacional justa solicitada por el gremio, garantizando un incremento directo al salario base tabular que rescate el poder adquisitivo de los empleados y asegure la viabilidad de sus futuras jubilaciones, resulta imperativo.

Pero el compromiso más urgente e impostergable radica en canalizar recursos inmediatos para restituir la calidad en la prestación de los servicios médicos.
Rescatar al IMSS de la ineptitud y el abuso es una obligación histórica para preservar uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano, que da servicio médico y asistencia social a la mitad de la población en el país.