-El desafiante “no me van a doblar” de Jáuregui
-Y Santiago no prende ni con gasolina, dicen
-Los gorilas de Salas en el nuevo ataque


En el Hospital Morelos de Chihuahua, las cuentas fueron contundentes para desmentir a quienes, desde el oficialismo, minimizaban las protestas laborales por las pésimas condiciones -de ayer y de hoy, ignoradas o agravadas por la 4T- que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En el viejo nosocomio, el único de ese nivel en la capital por más de medio siglo, mil 242 trabajadores rechazaron la propuesta salarial y apenas 48 la respaldaron. Es decir, en las dos casillas del hospital el 96.3 por ciento fue por el “NO” y sólo el 3.7 por ciento por el “Sí”. Ahí están muy claras las sábanas de resultados (imágenes en versión digital de GPS).
No eran unos cuantos inconformes como dijeron los dirigentes sindicales al comenzar los reclamos. El rechazo fue prácticamente unánime, porque los pocos votantes a favor, es fácil suponerlo, son los incondicionales, favorecidos o beneficiarios cupulares del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
La consulta del pasado miércoles, cuyos resultados comenzaron a fluir esa misma noche y la madrugada de ayer, terminó por poner cifras al descontento que llevaba días expresándose en marchas, bloqueos y protestas; esas, a su vez, eran el reflejo de la tragedia de la seguridad social y la salud que tiene décadas gestándose en México.
Los números retratan un problema de incompetencia en la conducción sindical, en un primer plano. Exhiben la pérdida de confianza en quienes negocian a nombre de los trabajadores y la distancia entre la dirigencia y una base que reclama lo más básico: mejores ingresos, insumos suficientes, personal, infraestructura y condiciones dignas para atender a los derechohabientes.
El resultado, obviamente, deja muy mal parados a Rafael Olivos Hernández, dirigente nacional del SNTSS, y a Jorge Arturo Herrera Navarro, su lugarteniente en Chihuahua. La consulta, impulsada después de las movilizaciones, terminó por confirmar que el malestar no podía reducirse a una minoría ruidosa, como llegaron a descalificar a los inconformes en reuniones privadas, según diversas versiones.
Pero la responsabilidad tampoco termina en el sindicato. Zoé Robledo, director general del IMSS, y Julio Mercado Castruita, delegado en Chihuahua, tienen que responder por las condiciones en las que trabaja el personal y recibe atención la población.
Los funcionarios federales no han sido para dar la cara sin buscar imponerle una máscara a la desastrosa situación de la institución. Porque no basta con reportar crecimiento de plantilla o asegurar que los servicios funcionan si eso no se refleja en estabilidad laboral y funcionalidad de todos los servicios.
Así, la crisis de confianza sindical que amenaza a las dirigencias de Olivas y Hernández; y las deficiencias de la institución, responsabilidad de sus directivos, son problemas distintos, pero ambos exigen respuestas inmediatas, en vez de puros discursos huecos para maquillar ese cadáver en que han convertido al IMSS.

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Mientras la atención -y la tensión- está centrada en César Jáuregui, en el marco de la soterrada contienda del PAN por la candidatura para la Presidencia Municipal de Chihuahua, el exfiscal ayer apareció en un video de redes sociales para lanzar un desafiante “no me van a doblar”.
“Vendrán ataques cada vez más duros contra mi persona y mi trabajo, y contra mi propio equipo, porque quien no ha podido conquistar el corazón de la gente, es capaz de recurrir a cualquier recurso con tal de alcanzar sus propósitos”, expresó en una de las partes más duras de su mensaje.
Con directas e indirectas, Jáuregui se dijo dispuesto a asumir cualquier responsabilidad si la Federación o el Estado le fincan alguna causa, a pesar de tener en claro que no hay delito alguno que perseguir en su caso.
No voy a hacer acuerdos a espaldas de quienes han construido este proyecto (...) A quienes hoy sienten presión desde el poder, les digo, su dignidad está primero. Nadie debería asistir a un evento por miedo a perder su empleo”, agregó, en otra parte del mensaje en el que evidenció cómo avanza la pelea dentro del PAN.
“Nuestro proyecto sigue creciendo porque nuestro propósito es sincero. Queremos que se escuche a la militancia y a los ciudadanos. Queremos participar con libertad y sin imposición. Que la decisión la tome la gente”, fue el reto con el que remató una adelantada postura “antidedazo” que ya se había visto en la reunión del PAN Municipal del pasado martes por la tarde.

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Por otra parte, en el medio del vendaval panista, el principal contrincante de César Jáuregui, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, decidió esconderse o alejarse de los reflectores.
En vez de sus apariciones diarias, así fueran para culpar hasta del clima a la 4T, De la Peña optó por dejar de salir a cuadro desde la revuelta del pasado martes, donde decenas de militantes pidieron consulta a las bases para definir la candidatura, en vez de discutir, con algo de trampa, la posibilidad de alianzas, porque acordar una coalición implicaría dejar el camino abierto a una imposición o “dedazo”.
En el círculo del secretario justifican que anda enfermo de la garganta, pero militantes panistas aseguran que es señal de que no prende ni con gasolina. Ni en redes, ni en las encuestas, ni en los medios y mucho menos en los círculos azules.
En contraste, sobre este problema de unidad evidenciado en el PAN, no dudaron en aparecer, dar la cara y responder, todos los demás aspirantes azules, desde el exsecretario de Desarrollo Humano, Rafael “El Traidorcito” Loera, hasta los diputados con menos posibilidades de quedarse con la candidatura.
Si así anda De la Peña, mientras sobre la cabeza de Jáuregui pesan riesgosas amenazas, podría entenderse que ahora sí ven en serio, en Palacio de Gobierno y PAN Estatal, una tercera vía para la capital del estado, sacada, desde luego, del montón de perfiles de los que dispone el partido para contender.
Nomás por no dejar, aseguran, hay quienes repasan pros y contras del director de la Junta Municipal de Agua, Alán “El Cabrito” Falomir, bueno, competidor; Alfredo “El Jefe” Chávez, coordinador de la bancada panista y, por supuesto, la exalcaldesa interina y diputada federal, María Angélica “Manque” Granados, principalmente. También buena y competidora.

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El magistrado, Francisco Acosta, presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, y la diputada Rocío González, cargan con la fama de ser identificados como cercanísimos, si no es que padrinos, del juez Juan Pablo Campos, aunque parece ser que ya le voltearon la espalda, tras la emisión de resoluciones que generan suspicacias y ponen en duda su capacidad.
Nos dicen que no lo quieren ver ni en pintura.
Asimismo, en Palacio de Gobierno, corre la especie de que anduvo el juzgador tratando de ser recibido para dar la versión de los hechos. No fue recibido.
Mantuvo en el hospital durante días al joven que, drogado, chocó en su vehículo de lujo con un auto compacto, donde viajaba una persona de la tercera edad que murió al instante. Casi perdonó al inculpado.
Ahora, el juez Campos López ordenó la no vinculación a proceso y la liberación de Lorenzo Rafael P. M., detenido por por el homicidio de Jesús Gerardo Juárez Muñoz.
El hecho ocurrió el 28 de abril en un camión de transporte de personal en la colonia Jardines de Oriente, en la ciudad de Chihuahua, donde el presunto habría disparado contra su víctima.
Pese al cúmulo de pruebas, el juzgador argumentó que la declaración ministerial del imputado fue emitida en presencia de un abogado que registró con error el número de su cédula profesional.
El juez sostuvo que dicho error en la cédula implicó la ausencia de asistencia jurídica para el acusado, sin importarle la víctima, por lo cual decidió no integrar un testimonio y la localización de un vehículo vinculado con las investigaciones.
Así ni cómo ayudarlo.

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Le tocó al periodista Ricardo Perea conocer a los gorilas de la Policía Municipal, a comienzos de esta semana, durante el concierto de Alejandro Fernández en la Plaza Mayor. Fue agredido y detenido por el grave delito de grabar con su celular un incidente menor entre el público asistente.
Según lo ha hecho público el afectado, los agentes municipales que dependen del director de Seguridad Pública, Julio César Salas, lo detuvieron al hacer el reporte de lo ocurrido y hasta lo mandaron a la Comandancia Sur, dañándole su dispositivo celular y agrediéndolo de forma injustificada.
Qué novedad que los policías municipales sospechosamente llegan tarde o no van cuando los vecinos reportan presencia criminal, pero ahí están listos para actuar sin medida, sin orden ni control ni disciplina, cuando se trata de detener a personas que no representan riesgo alguno.
Lástima de certificaciones y presunciones de que la corporación policiaca de Chihuahua es muy buena y eficiente. Sí, claro.