Hay una frase que cada vez parece describir mejor nuestra vida pública: al final, todo se arregla. No importa cuántos escándalos aparezcan, cuántas acusaciones se crucen o cuántas veces un político cambie su versión.

Durante unos días abunda la indignación, declaraciones y promesas de investigar, después llega otro escándalo y el anterior comienza a perderse en la memoria.

Lo preocupante es que nos estamos acostumbrando.

El caso de César Jáuregui, las declaraciones de Maru Campos y Claudia Sheinbaum, así como las revelaciones sobre aquella reunión en Ciudad Juárez, parteaguas de este escándalo nacional, muestran cómo funciona buena parte de la política mexicana. Quienes antes compartían responsabilidades, ahora se deslindan y se señalan entre sí. La presidenta sostiene que la gobernadora le habló de presuntos actos de corrupción relacionados con su exfiscal, mientras Campos ha rechazado haber pactado su detención. La Fiscalía General de la República abrió nuevas líneas de investigación. Habrá que esperar las pruebas y las resoluciones judiciales, porque una acusación no equivale a una condena.

Sin embargo, las preguntas permanecen. ¿Qué sabían los involucrados y por qué algunas cosas se conocen hasta ahora? Las lealtades políticas parecen durar mientras convienen y los deslindes llegan cuando cambian las circunstancias.

No es un caso aislado. Los cuestionamientos sobre posibles irregularidades en contrataciones y conflictos de interés relacionados con Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral, también ponen bajo escrutinio a una institución cuya credibilidad es fundamental para la democracia. Corresponde a las autoridades determinar si existen responsabilidades, pero la confianza pública exige algo más que declaraciones.

Ahí están también Segalmex, el huachicol fiscal, la polémica de la Casa Gris y los cuestionamientos sobre negocios de personas cercanas a los hijos de Andrés Manuel López Obrador. A ello se suman las controversias por los contratos de Dos Bocas y el Tren Maya, las irregularidades señaladas en la Conade y las compras de medicamentos cuestionadas por sus costos y procedimientos.

Son casos distintos y no todos tienen una resolución judicial definitiva. Sin embargo, su acumulación plantea una pregunta inevitable para un movimiento que prometió terminar con la corrupción: ¿cuánto se ha aclarado, ¿quién ha respondido y qué consecuencias concretas ha habido?

El problema no es que existan denuncias. En una democracia señalar posibles irregularidades es necesario. El problema aparece cuando los asuntos se acumulan, las explicaciones resultan insuficientes y la sociedad comienza a pensar que nada va a cambiar.

Entonces se instala una idea peligrosa, cada quien puede hacer lo que quiera porque, al final, siempre encontrará la manera de arreglarlo.

¿Qué mensaje recibe un ciudadano que cumple con sus obligaciones cuando observa que algunos personajes públicos parecen encontrar siempre una salida? ¿Qué confianza puede tener en las instituciones si percibe que las relaciones políticas pesan más que la obligación de rendir cuentas?

La indignación también se desgasta. Pasamos de un escándalo a otro, cambian los protagonistas y la historia vuelve a comenzar. Mientras tanto, seguimos esperando respuestas que permitan distinguir entre acusaciones sin fundamento y responsabilidades que deben sancionarse.

Esta situación también beneficia a una clase política que parece más preocupada por conservar sus posiciones que por recuperar la confianza ciudadana. Una oposición dividida, ocupada en sus propios conflictos y en deslindarse de antiguos aliados, difícilmente construirá una alternativa creíble. Morena puede aprovechar esas debilidades, pero eso no significa que sus propios problemas desaparezcan.

La responsabilidad de cuidar las instituciones corresponde a todos, sin importar las siglas. Si las reglas se exigen para los adversarios y se relativizan cuando afectan a los propios, la corrupción deja de ser solamente un problema de partidos y se convierte en una cuestión de principios.

Las consecuencias van más allá de la disputa política. Cuando la gente piensa que participar no sirve de mucho y que los mismos personajes seguirán en sus posiciones, la democracia pierde interés, compromiso y confianza. La desilusión con la vida pública puede terminar alejando a los ciudadanos de las urnas.

No podemos pedirle a la sociedad que crea en las instituciones mientras quienes las encabezan no despejan las dudas sobre su actuación. Una denuncia no equivale a una sentencia, pero tampoco el paso del tiempo debería convertirse en la mejor defensa de quien tiene que responder por sus actos.

En Chihuahua, el caso de Jáuregui y las declaraciones de Maru Campos, no deberían perderse entre acusaciones y deslindes. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué ocurrió, quién tomó las decisiones y si hubo responsabilidades. Si existen pruebas, que se presenten; si hubo irregularidades, que se sancionen, y si las acusaciones no se sostienen, también debe quedar claro.

La seguridad, el dinero público y la confianza en las instituciones son demasiado importantes para quedar atrapados en los cálculos de quienes buscan conservar sus posiciones. Chihuahua y México necesitan algo más que declaraciones y promesas de investigación. Necesitan respuestas.

Una cosa es que un escándalo pase de moda y otra muy distinta que el problema haya sido resuelto. El verdadero peligro es que la sociedad termine resignándose, que deje de preguntar y que quienes tienen la obligación de rendir cuentas, descubran que ya nadie espera una explicación.

Entonces sí, parecerá que no pasa nada ya que, al final, nadie paga. El escepticismo sería un mal presagio.