La reunión del fin de semana en el Partido Acción Nacional (PAN), encabezada por Marco Bonilla, coordinador de Patria, Familia y Libertad del PAN en el estado, ofrece una radiografía del problema por el que atraviesa este partido en la capital de Chihuahua. Sí, aquí, donde lo que menos debería faltar es la unidad, porque se supone que ya tienen el liderazgo de quien será su candidato a gobernador. ¿Será que les falta visión?

Ganar por tercera ocasión la gubernatura de Chihuahua para el PAN no será una tarea sencilla, ante un partido en el poder que tiene en mente posicionarse en el norte, uno de los últimos bastiones de la oposición, para consolidar su «Cuarta Transformación». Esto, sin considerar que su contrincante, Cruz Pérez Cuéllar, conoce las entrañas y los liderazgos azules, y que esta indefinición de miras puede ser utilizada en su contra.

No se puede entender cómo, en tan poco tiempo, se dividieron y llegaron incluso a amenazar con dinamitar esa endeble unidad. Entre ellos se encuentran los más duros del grupo de Jáuregui: Juan Blanco; los regidores Félix Martínez e Isaac Díaz; Luis «El Tomatito» Terrazas Fraga, y la aún fiscal especializada en Derechos Humanos, Georgina Bujanda Ríos.

La falta de liderazgo ha permitido que ahora otros busquen en esas grietas la posibilidad de posicionarse, como los aspirantes a la alcaldía de Chihuahua: Rafa Loera, exsecretario de Desarrollo Humano, y los diputados locales Carlos Olson y Jorge Soto.

Los demás presentes en la «unión» panista, que solo se circunscribe al panismo de la capital, están sujetos a la nómina estatal o municipal. Si analizaran mejor su situación, entenderían que son ellos quienes deberían estar trabajando en torno al proyecto para el Gobierno del Estado, por encima de sus intereses personales o de grupo.

Porque el triunfo, si bien está cimentado en la estructura panista de la capital, requiere de todo el estado. En Juárez se sienten alejados y olvidados; en el centro y noroeste del estado prevalece la incertidumbre, que aleja la posibilidad de construir un proyecto incluyente, mientras que en el sur ya se sienten relegados por los acuerdos cupulares con otras fuerzas políticas.

Si el PAN en Chihuahua no logra visualizar el riesgo de las fracturas que ellos mismos provocan, las posibilidades de lograr la hazaña de ganar por tercera ocasión la gubernatura se alejan. Y entonces no podrán alegar que se debió a factores externos.

Es importante señalar que, si bien es cierto que la elección en Chihuahua será una evaluación de la administración de Maru Campos y de su capacidad para transferir legitimidad política a su partido, todo el proceso está ya en manos de Marco Bonilla. Sobre él pesa el liderazgo que debe transmitir una visión a los panistas de todo el estado, no solo a los de Chihuahua capital, donde debería tener menos problemas.

Desde luego, para Maru Campos, una victoria panista fortalecería su posición; una derrota abriría un debate sobre el rumbo del PAN y el peso real de su liderazgo. Chihuahua será uno de los escenarios más importantes de la elección de 2027.

Para Morena, ganar el estado representaría una conquista política de alto valor simbólico: Chihuahua ha sido uno de los territorios donde el partido ha encontrado mayores dificultades para consolidar su hegemonía. Para el PAN, conservar la gubernatura supondría demostrar que todavía puede defender espacios de poder relevantes frente al avance nacional del oficialismo.

En ese contexto, el expediente Jáuregui deja de ser un asunto aislado. Cada decisión puede interpretarse como una señal sobre la fortaleza del Gobierno estatal, la capacidad de intervención del Gobierno federal y las condiciones en que se desarrollará la competencia electoral.

En una elección de esta magnitud, la opinión pública no necesariamente premiará al partido que grite más fuerte, sino al que consiga ofrecer respuestas creíbles sobre seguridad, legalidad y resultados de gobierno.

Si alguien piensa ingenuamente que los problemas de división al interior de Acción Nacional crecieron y se agravaron por los hechos ocurridos hace una semana, con la detención de César Jáuregui Moreno, quien fuera fiscal general durante el gobierno de Maru Campos, está muy equivocado.

El conflicto entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum ha llegado a un punto en el que ninguna de las dos puede permitirse una salida improvisada.

La presidenta debe demostrar que la defensa de la soberanía no es una consigna reservada para sus adversarios y que la investigación del caso se sostiene en pruebas, no en conveniencias electorales. También necesita preservar la cooperación con Estados Unidos y evitar que el enfrentamiento con Chihuahua comprometa la seguridad de la región.

La gobernadora, por su parte, debe demostrar que la autonomía estatal no significa actuar al margen de la ley y que su decisión de deslindarse de Jáuregui responde a una convicción institucional, no a un cálculo para sobrevivir políticamente.

El verdadero examen será determinar si ambas administraciones pueden separar la responsabilidad jurídica de la confrontación partidista. Si no lo consiguen, el caso puede convertirse en un precedente peligroso: que las diferencias entre gobiernos terminen resolviéndose mediante acusaciones públicas, investigaciones percibidas como instrumentos de presión y rupturas políticas que debiliten la coordinación institucional.

Para Chihuahua, el costo podría medirse en una menor capacidad de cooperación en materia de seguridad y en una campaña electoral dominada por la descalificación. Para el país, el problema sería todavía mayor: la dificultad de construir una política de seguridad nacional que sobreviva a las diferencias entre partidos.

Maru Campos todavía puede aspirar a convertirse en una figura nacional rumbo a 2030, pero el caso Jáuregui ha convertido esa aspiración en una carrera de obstáculos. Su principal adversario no es necesariamente Claudia Sheinbaum ni Morena. Es la posibilidad de que esta crisis destruya la credibilidad, las alianzas y la autoridad política que necesitaría para dar el siguiente paso.

En política, una crisis puede elevar a una figura o terminar de consumirla. La diferencia está en su capacidad para ofrecer explicaciones verificables, asumir responsabilidades y conservar aliados sin renunciar a los principios que dice defender.