La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de graves señalamientos de corrupción, debería preocuparnos más que cualquiera de los escándalos a los que ya nos estamos acostumbrando, pues dice mucho del estado de nuestras instituciones. Más allá del destino de una funcionaria, lo que está en juego es la credibilidad del árbitro encargado de garantizar que el voto de millones de mexicanos se cuente y se respete.

Las revelaciones han cruzado nuestras fronteras. Medios como CNN, The New York Times y El País han documentado las acusaciones por posibles conflictos de interés, tráfico de influencias e irregularidades en contratos con proveedores. La Auditoría Superior de la Federación investiga, y el propio Consejo General del INE ha tenido que frenar nombramientos vinculados al entorno de Taddei y revisar contratos de su administración. Hablamos de hechos y denuncias que exigen esclarecimiento, responsabilidades y consecuencias tanto para ella como para quienes la pusieron ahí, por más que ahora la desconozcan.

El INE no surgió de la generosidad de ningún gobierno. Es resultado de décadas de luchas ciudadanas por elecciones confiables, después de una larga historia de conflictos poselectorales. Su autonomía permitió que la competencia por el poder en México ya no fuera organizada por quien gobernaba. Su experiencia técnica incluso se proyectó al exterior, mediante cooperación y asistencia electoral internacional.

Sin embargo, desde 2018 Morena ha impulsado una lógica distinta. El movimiento que hoy nos gobierna ve en los contrapesos un obstáculo y en la autonomía una afrenta. Bajo esa visión, las instituciones dejaron de ser garantías para todos y se volvieron espacios por controlar. Al árbitro se le tolera mientras obedece, igual que al juez mientras no contradiga o al órgano de transparencia mientras no pregunte demasiado. Cuando alguno incomoda, primero se le desacredita; después se le reforma o, de plano, se le desaparece.

El patrón se repite en la justicia. La reforma judicial permitió sustituir de golpe a una parte sustancial de los juzgadores federales mediante elecciones marcadas por los polémicos “acordeones” que orientaban el voto. Entre los nuevos perfiles de la Suprema Corte hay trayectorias abiertamente ligadas a Morena. Cualquiera tiene derecho a sus ideas políticas, también un ministro. Lo que preocupa es que la justicia perdió la distancia frente a quienes ejercen el poder, y sin esa distancia los derechos quedan a merced de las mayorías del momento.

Algo semejante ocurrió con el INAI, desaparecido como organismo autónomo. Se eliminó una institución creada para que cualquier ciudadano pudiera exigir información al gobierno sin depender de su buena voluntad. La transparencia quedó reorganizada bajo un diseño menos independiente del Ejecutivo. Ahora el vigilado controla buena parte de los instrumentos con los que se le vigila.

Y ahí está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Su titular, Rosario Piedra Ibarra, ha sido cuestionada por sus vínculos políticos con Morena y por la respuesta de la institución frente a decisiones del poder. La CNDH se creó para defender a las personas de los abusos del gobierno, y hoy con frecuencia parece dedicada a defender al gobierno de las críticas. Conserva el nombre, pero ha perdido buena parte de su razón de ser.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt explicaron este fenómeno en “Cómo mueren las democracias” (2018). Su advertencia es muy pertinente: hoy las democracias rara vez terminan con soldados en las calles. Se erosionan poco a poco desde gobiernos electos que usan leyes, mayorías legislativas y nombramientos a modo para vaciar de contenido a los controles institucionales.

Los autores describen una secuencia que, hoy, a los mexicanos nos resulta familiar: capturar a los árbitros, marginar a los adversarios y modificar las reglas para asegurar ventajas duraderas. También hablan de dos principios que sostienen la democracia: reconocer la legitimidad del rival y ejercer el poder con contención, sin explotar cada facultad legal para aplastar a los demás. Esos límites se han debilitado en México, donde desde el oficialismo la diferencia suele presentarse como traición y la mayoría legislativa como autorización para hacerlo todo.

Morena presume haber cambiado el régimen. Lo cambió, sí. México era una democracia imperfecta, con corrupción, desigualdad y enormes pendientes de justicia, pero había construido mecanismos para limitar al poder, abrir información, proteger derechos y permitir la alternancia. Hoy vamos en sentido contrario: concentración de facultades, debilitamiento de organismos autónomos, creciente subordinación institucional y la corrupción más grande y descarada de que se tenga memoria. Los estudios internacionales confirman la gravedad del retroceso. El Índice de Democracia 2025 de The Economist Intelligence Unit clasifica a México como un “régimen híbrido”: un sistema que conserva elecciones, pero presenta graves deficiencias democráticas. Más preocupante es el informe 2026 del Instituto V-Dem, de la Universidad de Gotemburgo, que coloca a México como una “autocracia electoral”.

Todo esto nos regresa al INE. El escándalo de Taddei ocurre con el proceso electoral ya en marcha rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán la Cámara de Diputados y numerosos gobiernos estatales, congresos locales y ayuntamientos. En ese contexto, un nombramiento cuestionado o un contrato bajo sospecha tienen un costo que rebasa con mucho a los involucrados.

Cabe preguntarse si estamos ante una maniobra deliberada para debilitar al árbitro antes de una elección decisiva o ante el simple caos que produce sustituir la autonomía y el mérito por lealtades políticas. Sin importar la respuesta, el riesgo es el mismo: llegaremos a las urnas sin confiar en quien debe garantizar la limpieza de la competencia.

México no necesita un INE dócil ni un INE opositor. Necesita un INE independiente, competente y limpio. Destruir la confianza en el árbitro solamente le sirve a quien cree que el poder le pertenece para siempre.