Ven mano negra en protesta sindical de la UACh

Estaba cantado el patadón a Juan Blanco

Tardadito juez federal en caso del “Chino” Ramírez

Jamás debe perderse de vista que la eficacia de una autoridad penal también se mide por cómo trata a quienes no son delincuentes, consideración que viene a cuento por un cateo abusivo, excesivo e inútil, realizado por la Unidad de Personas Ausentes o Desaparecidas de la Fiscalía Zona Centro en una vivienda de la colonia Rosario.

Del tema dimos cuenta ayer de manera muy breve en GPS porque, de inicio, parecía algo meramente anecdótico, producto de una llamada anónima tomada como broma de mal gusto, de autoría incierta, aunque algunos la acreditan a algún agente de la Policía Ministerial con mucho tiempo libre y muchas ganas de molestar.

Sin embargo, afectados por la diligencia que llegó al grado del exceso y lo ridículo, envían evidencia en video de los daños ocasionados en la vivienda intervenida, sobre la calle 48 y Media entre la Méndez y Terrazas, donde aparece el patio con hoyos, totalmente removido y hasta con una fuga de agua, producto de ese acto de molestia de la autoridad en contra de una familia.

Los moradores de la vivienda, entre ellos dos niños, vivieron momentos de terror al llegar las patrullas y policías ministeriales de forma civilizada y respetuosa, como son ellos siempre (ajá). Para colmo, el padre de familia presente fue prácticamente esclavizado por los agentes poniéndolo a escarbar bajo amenazas de hacerle daño a él y a sus hijos si se negaba.

El operativo conducido por Edwin Iván Rodríguez, coordinador de la unidad responsable del atraco (del trabajo de investigación, le dicen) dio cero resultados. Ni un hallazgo, ni la mínima evidencia de cadáveres enterrados, como alertaba la supuesta llamada anónima de la que nadie ha dado explicaciones.

Ciertamente, una denuncia anónima sobre la posible existencia de una fosa clandestina no puede ignorarse. Menos en un estado donde la desaparición de personas y la localización de restos humanos forman parte de una realidad que obliga a las autoridades a investigar cada señalamiento con seriedad.

Pero eso no quiere decir que todo esté permitido o que los ministeriales puedan pasar por encima de la ley. Si una autoridad entra a una vivienda en busca de una fosa clandestina tiene una responsabilidad que va mucho más allá de encontrar o no encontrar restos humanos.

Tiene que hacerlo dentro de los márgenes legales, con protocolos y el debido cuidado para que una diligencia necesaria, obligada, no termine convirtiéndose en un problema adicional, para la misma autoridad y, principalmente, para quienes habitan el lugar.

La denuncia pudo haber sido falsa o una broma macabra; pudo ser una confusión e incluso haber sido realizada de buena fe a partir de información equivocada. Eso no lo ha clarificado la Fiscalía Zona Centro.

Tampoco ha respondido si los daños eran inevitables para cumplir con la diligencia o pudieron evitarse; si era obligado poner a una persona a hacer zanjas en su propia casa bajo amenazas; si habrá de reparar las tuberías y todas las demás consecuencias de su actuación. Son preguntas elementales a las que no puede rehuir la autoridad, tras el ridículo en el que quedó con un cateo desprovisto de sustento investigativo y de resultados efectivos.

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Hoy por la mañana, cientos de empleados del Sindicato de Trabajadores Administrativos al Servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua saldrán a las calles a protestar, desde su sede en la avenida Pascual Orozco hasta la Rectoría ubicada en el primer cuadro de la capital.

Poner la avenida Universidad y el centro de la ciudad de cabeza es la táctica para reclamar acuerdos laborales supuestamente incumplidos por la gestión del rector, Luis Rivera Campos.

Pero tras varios días de protesta y caos por las normalistas en la Secretaría de Educación, la manifestación universitaria de este viernes levanta sospechas de que los reclamos legítimos están más lejos que las verdaderas intenciones de golpeteo político.

Los mismos trabajadores del sindicato -que obviamente no hablan abiertamente por el temor a la represalias en sus ingresos- asientan que van a la protesta amedrentados con descuentos si llegan a faltar y hasta amenazados con sanciones más fuertes si se atreven a ir a sus centros de trabajo en vez de acudir a la marcha.

Ellos ven mano negra en la convocatoria firmada por la secretaria general y la secretaria de Organización del sindicato, Concepción Rodríguez Zendejas y Karina Delgado Luján, por lo repentino de la protesta, el momento político y los días consecutivos de manifestaciones, primero contra la UACH por pequeños grupos de alumnos orquestados desde el exterior y luego de las normalistas en el centro.

Desde luego, también les llama la atención que los empleados primero se enteraron de la protesta por las notas informativas publicadas con el anuncio de la marcha, que por los canales oficiales de la dirigencia sindical y los trabajadores, lo que más sospechas genera en torno a los motivos reales de la manifestación.

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Desde el “Juan, Juan, ¿dónde andas, Juan?”, que soltó la gobernadora Maru Campos en una gira por Cuauhtémoc hace casi dos semanas, había sido echada la suerte del exalcalde de la capital, el panista Juan Blanco Zaldívar, hasta ayer jefe del Departamento de Carreteras de Cuota.

El regaño público que le dio Maru aquel día, ante un reclamo ciudadano por las largas y tortuosas filas en las casetas de peaje y también por estar de lleno en la campaña interna del exfiscal César Jáuregui, era el anticipo de su renuncia al cargo.

Era el anuncio de un patadón que lo llevó desde el Héroes de Reforma hasta su casa; era el te digo Juan para que me entiendas Pedro de quienes no creen que habrá jefa gobernadora hasta el último día de su mandato.

“Es que anda en campaña. Tiene que dejar la campaña y ponerse a trabajar...”, dijo la mandataria sobre Blanco Zaldívar. No necesitaba más el panista para saber que ya estaba despedido desde entonces, pero apenas ayer se materializó su renuncia.

Suponemos que tanto de un lado, Palacio de Gobierno, como del otro, el equipo de Jáuregui Moreno que presiona por quedarse con la candidatura para la alcaldía de la capital, tenían presupuestado el desgaste y la descomposición del grupo en el poder.

Ni modo que haya sorpresas o sorprendidos entre coyotes tan balaceados.

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Ha transcurrido un mes desde la celebración de la audiencia constitucional en un juzgado federal que no ha dictado sentencia en el amparo que debe revisar la resolución de la magistrada penal Elizabeth Macías, que dejó libre de polvo y paja a Fernando “El Chapito/El Chino” Ramírez, agresor de los abogados Héctor Villasana y Enrique Muñoz.

La resolución, que en primera instancia negó la suspensión, deberá resolver -tarde que temprano- si se trató de un acto judicial apegado a derecho o una determinación arbitraria, con tintes políticos, como alegan las víctimas desde la impotencia.

Mientras el expediente federal está en el limbo del "estudio", el juicio político duerme en las comisiones del Congreso, un letargo institucional que contrasta con la celeridad mostrada hace unas semanas para mover fichas del tablero judicial.

Las dos salas de Hidalgo del Parral —tanto la civil como la penal— fueron transferidas a la capital del estado, trayendo a la magistrada Macías directamente a despachar a Chihuahua. Cero sanción, ni asomo de indagatoria, pero sí cambio de adscripción física aunque sea a un rincón de la Ciudad Judicial.

Lejos de enfrentar una rigurosa fiscalización por la controvertida resolución que exoneró al agresor, los procesos disciplinarios permanecen archivados en la inacción, con premio por cómodo traslado a la sede central del poder judicial.

Siguen pataleando los abogados de la región por ese descobije de segunda instancia en la zona de Parral, pero ni quién les haga caso, ni a ellos ni a Villasana y su colega.