“En memoria de las víctimas de feminicidio. El olvido no es una opción; la justicia es una deuda pendiente”
Feminicidios en México: El rostro del horror. La violencia de género ha dejado de ser una estadística para convertirse en una herida abierta y expuesta ante el mundo. El dolor ha tomado por asalto las aulas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), una institución que hoy arrastra el luto de perder a cuatro de sus alumnas en un lapso de apenas siete meses.
Entre ellas se encuentra Claudia Tacoronte Aguilera, una joven española de 21 años que cursaba Educación Infantil en la Universidad de Granada. Llevaba apenas un mes en el país mediante un programa de intercambio académico cuando la brutalidad la alcanzó en el municipio de Cuautla. Su asesinato no solo fracturó convenios internacionales; puso los ojos de la comunidad internacional sobre una crisis mexicana que la narrativa oficial intenta invisibilizar.
Detrás del trágico eco internacional del caso de Claudia, existe una dolorosa memoria local que la burocracia pretende sepultar. En lo que va de 2026, los nombres de Kimberly Joselín Ramos, Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes se han sumado a una lista de universitarias cuyas vidas fueron arrebatadas con total impunidad. A esta indignación se añade el antecedente de Aylin Rodríguez Fernández, asesinada en abril de 2025, demostrando que el peligro dentro y fuera de los campus no es un hecho aislado, sino sistémico. La respuesta de la comunidad estudiantil —volcada en paros, marchas y exigencias legítimas de seguridad— contrasta con la frialdad de las investigaciones y los videos de cámaras de seguridad que sólo registran la huida de los agresores.
La realidad nacional que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) es inapelable: México registró 380 víctimas de feminicidio entre enero y julio de 2026. El mapa del horror distribuye el 41.3% de estos crímenes en solo cinco entidades federativas: Sinaloa encabeza la trágica lista con 54 casos, seguida por el Estado de México (27), Chiapas (26), y la Ciudad de México y Tamaulipas con 25 víctimas cada una.
A ocho años de la llegada de la denominada Cuarta Transformación, la autoproclamada administración "humanista y feminista" acumula un saldo de casi 6,700 feminicidios, traduciéndose en la escalofriante frecuencia de una muerte violenta cada dos horas. Frente a este panorama, la estrategia gubernamental se ha caracterizado por la evasión retórica. Ante la contundencia y evidencia de los cuerpos, el poder ejecutivo recurre sistemáticamente al argumento de "tener otros datos", un intento de matizar una crisis de seguridad mediante programas asistenciales y transferencias económicas clientelares que ignoran la raíz del problema: el desmantelamiento de los derechos humanos y la prevención real de la violencia de género.
La política de pacificación basada en consignas retóricas no ha frenado al criminal ni al feminicida. Mientras el machismo permanezca enquistado en las esferas públicas y privadas bajo el amparo de la omisión institucional, las niñas y las jóvenes de este país seguirán pagando el precio de la muerte.
Desde este espacio editorial, insistiremos el tiempo que sea necesario. La impunidad solo empodera a los agresores y condena a las ciudadanas. Es momento de sustituir los discursos por realidades presupuestales, judiciales y de protección efectiva. Retomando la exigencia colectiva: "Basta ya de minutos de miedo, de humillación, de dolor, de silencio. Tenemos derecho a que todos los minutos sean de libertad, de felicidad, de amor, de vida". Sumemos voces. #NiUnaMenos.
