Millones de palabras corrieron en los medios de comunicación y fueron horas mil de discursos en tribunas públicas para justificar la reestructuración radical del sistema judicial en México.

El argumento oficial fue contundente, con base en la imperiosa necesidad de erradicar la corrupción, someter a una supuesta minoría rapaz, eliminar sueldos ostentosos y democratizar los tribunales.

Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la modificación, sólo con nuevos nombres y apellidos en las estructuras jurisdiccionales, no resolvió el problema de fondo.

La crisis del sistema no radica únicamente en la identidad de quienes ocupan los cargos, sino en la honestidad de quienes los ocupan; y cuando falla, en la existencia de mecanismos eficientes e imparciales de vigilancia, fiscalización y denuncia.

Tanto a nivel local como federal los casos documentados revelan que el deterioro continúa o incluso ha empeorado.

La corrupción, la prevaricación, los criterios contradictorios y las disputas de poder en las cúpulas judiciales evidencian que el cambio no se ha traducido en una mejora en la impartición de justicia.
Ejemplos hay a puños.

En Ciudad Juárez, un juzgador de control en el Distrito Judicial Bravos -cuya identidad está reservada por la Fiscalía Anticorrupción, junto con una decena de gruesos expedientes en construcción- fue señalado por la recepción de un soborno estimado en un millón de pesos.

El dinero tendría como finalidad el retraso de audiencias y otorgamiento de medidas cautelares favorables a los imputados en el fraude masivo del Caso Plenitud -auténtico crimen de lesa humanidad y contra la dignidad de cadáveres-, con resolución que buscaba evitar la prisión preventiva de los procesados y retirar embargos sobre bienes destinados a la reparación del daño a cientos de víctimas.

En un expediente de Hidalgo del Parral, el juez penal de primera instancia Manuel Jurado Torres fue detenido por la Fiscalía Anticorrupción e imputado por el delito de prevaricación agravada, ya que de manera ilegal reclasificó el feminicidio de la maestra Edna a homicidio imprudencial.

Lisa y llanamente favoreció al imputado —con cuyo abogado mantenía vínculos cercanos— otorgándole beneficios procesales. Desvergüenza y cinismo totales.

Aprovechó las vacaciones de la jueza titular que había dictado prisión preventiva, para revocarla.
Con la soga al cuello, literal, por exhibición de fotografías que evidenciaban su cercanía con el litigante del imputado, y para evitar la prisión preventiva tras su judicialización, el juzgador se acogió a una suspensión condicional del proceso que lo obligó a presentar su renuncia formal al cargo, apenas el viernes.

Un caso para el estudio desde la aprehensión misma por cuestionamiento de posible violación al fuero y luego por el desenlace de negociación judicial que culminó en la separación del cargo, no por decisión judicial ni del Congreso mediante juicio de procedencia.

Hay más. La falta de perspectiva de género y rigor técnico es la base de señalamiento contra el juez civil de Juárez, José Chaparro Sánchez, quien dictó una sentencia que ordenó al Instituto Tesla pagar una indemnización de 21 millones de pesos a un exalumno expulsado.

El fallo ignoró los antecedentes y denuncias formales por acoso sexual presentadas contra el alumno ante la Fiscalía Especializada de la Mujer, lo que generó severos cuestionamientos de la sociedad civil y el Congreso local.

A la par de estos expedientes, los juzgadores María Cristina del Rosario Berjes y José Carlos González Reyes presentaron su renuncia y declinación formal ante el Poder Judicial en el Distrito Morelos, en Chihuahua capital, cuando apenas habían sido electos en junio del año pasado.

Este procedimiento derivó en la intervención del Congreso del Estado para designar de forma directa a sus sustitutas, en medio de señalamientos por opacidad en la cobertura de vacantes y en lo absurdo de la decisión.

Hicieron -supuestamente- campaña, recorrieron una demarcación territorial pidiendo el voto, fueron votados en una jornada electoral histórica, resultaron electos, recibieron su constancia de ganadores y luego renunciaron.

De manera reciente el juez penal Juan Pablo Campos, dictó prisión domiciliaria al acusado del homicidio imprudencial en alrededores del Hospital Ángeles, pero hace casi un año, fue objeto de escándalo y burla por pésima calidad en una de sus resoluciones, con video y todo.

A este escenario se suma la controversia generada por la reestructuración interna del Órgano de Administración del Tribunal Superior de Justicia, que ordenó el traslado de las salas penal y civil del Distrito Hidalgo, en Parral, hacia la capital del estado, a cargo de manera respectiva de Yamil Athié Gómez y Elizabeth Macías.

Barras de abogados y cámaras empresariales denunciaron la medida como una decisión centralista orientada a favorecer las aspiraciones del magistrado Athié hacia la próxima presidencia del máximo tribunal estatal, obligando a litigantes y ciudadanos del sur de Chihuahua a trasladarse hasta la capital para desahogar sus recursos de segunda instancia.

A nivel federal y nacional, la dinámica de irregularidades y confrontación política se replica en juzgados locales, tribunales de distrito y en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la capital del país, el Tribunal de Disciplina Judicial suspendió de su cargo a Carlos Alberto Rico Mondragón, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, tras incurrir en omisiones graves, retrasar sistemáticamente el proceso y negar atención médica urgente a Brenda Quevedo Cruz en el caso Wallace, vulnerando recomendaciones de organismos internacionales.

En otro caso, un juez federal de control adscrito a un Centro de Justicia Penal en Almoloya, en el Estado de México, fue suspendido de sus funciones por el Tribunal de Disciplina Judicial tras otorgar la libertad a un detenido que contaba con solicitud formal de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, contraviniendo protocolos en materia de cooperación bilateral y delincuencia organizada.

Las deficiencias en la notificación y el debido proceso quedaron al descubierto en la tramitación de una demanda de amparo en el sonado caso del huachicol fiscal, donde un juez federal se declaró imposibilitado para localizar al exsecretario José Rafael Ojeda Durán, pese a que sigue cobrando en la nómina de la Secretaría de Marina como asesor, y se deja ver jugando golf.

Aquí, un juez de distrito fue señalado por conceder amparos que frenaron investigaciones contra el exgobernador Javier Corral Jurado por presuntas faltas administrativas y desvío de recursos.

Otro caso es el de Edgar Herman Escárcega -sentenciado por secuestro-, hermano de la magistrada del Tribunal de Disciplina Nancy Escárcega -esposa del diputado Francisco Sánchez-, en semilibertad otorgada por el juez Juan Carlos Erives Fuentes, derivada de un amparo.

A todas estas decisiones cuestionables, súmese que, en la cúspide del Poder Judicial de la Federación, hay yerros de técnica jurídica con aderezo de abierta disputa política entre Lenia Batres y Hugo Aguilar, por la sucesión de la presidencia de la SCJN, con todo y pifia de la reforma constitucional.

A este diagnóstico breve agréguense carpetas de investigación deficientes, detenciones fuera de procedimiento y sobrecarga en ministerios públicos; muy lejana la prometida austeridad, con crecimiento en gasto de nómina en Tribunal Superior de Justicia en seis años de casi un 50 por ciento, con arrastre de inconsistencias contables por millones e irregularidades sin solventar.

No cesan los escándalos. En lo local, tiene “El Bayo” Abelardo Valenzuela mucho trabajo en la Fiscalía Anticorrupción.

La reforma federal prometió por arte de magia sanear y agilizar la justicia, pero no ha cumplido, menos para quienes no cuentan con los recursos para costear despachos de abogados con capacidad de presión.

El costo social y financiero de esta transición -auténtico experimento- termina pagándolo la ciudadanía de a pie, como siempre ocurre, en sus bienes más escasos, patrimonio, dignidad o libertad.