Ciudad de México.- A la iniciativa privada en México le preocupa y genera inestabilidad que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) amplíe su presencia en los trenes de pasajeros, advirtieron especialistas.
Por ejemplo, está la desincorporación que tenía Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) de la concesión del ramal Lechería-AIFA, señaló Benjamín Alemán, socio fundador de la consultora Alttrac y profesor de Economía del IPADE.
"Esto genera preocupaciones porque nos demuestra que el Gobierno está dispuesto a revertir parcial o totalmente las concesiones en aras de construir los proyectos de pasajeros que tiene previsto", dijo en entrevista en días pasados.
Señaló que no es la primera vez que ocurre algo así, ya que en la Administración de Andrés Manuel López Obrador pasó lo mismo con el Corredor Interoceánico, pues de la concesión de Ferrosur se revirtieron 100 kilómetros que iban de Medias Aguas a Coatzacoalcos.
"Esto es una señal de alerta porque genera inestabilidad a las empresas del sector, es una amenaza latente", afirmó Alemán.
Gerardo Herrera, especialista de Negocios de la Universidad Iberoamericana, comentó que ya se refleja una disminución de inversiones de la IP en el sector ferroviario, debido a la perspectiva de cierta desconfianza.
"La incertidumbre es el veneno de cualquier proyecto privado", alertó.
Coincidió que hay un alto riesgo de que el Gobierno tome decisiones unilaterales y sorpresivas en torno a las concesiones.
El experto ejemplificó que la "deficiente planeación inicial" del proyecto público Lechería-AIFA obligó a la presente Administración a tapar los errores con el Ejército.
"El Ejército no debería de ser utilizado como solución para la mala planeación de proyectos públicos, más que en forma extraordinaria. Sin embargo, ya se ha vuelto rutinario", dijo en entrevista la semana pasada.
Ambos expertos coincidieron que las empresas del ramo tienen que tomar como una variable adicional en sus análisis de riesgo las decisiones del Gobierno en sus análisis de riesgo.
Además de internalizar en sus reportes la posibilidad de que haya afectaciones a las concesiones.
Herrera mencionó que el Gobierno podría enfrentar problemas para tener aliados en los proyectos ferroviarios, lo que implicaría retrasos o una mayor presión fiscal, dado que tendría que poner todo el capital en sus proyectos.
"Además, de que el costo para que la IP decida entrarle a cualquier proyecto ferroviario sería mayor, pues el Gobierno tendría que ofrecer mayores rendimientos por la incertidumbre", puntualizó.
