-Desinflan a “Memo” los balazos de su hermano
-Un barril sin fondo, el Fonden
-No le ayuda la familia a AMLO
Nada justifica la cobarde agresión a los agentes de la Policía Estatal de hace una semana, pero hay detalles que, a juicio de los propios elementos, sirven para explicar la terrible situación que enfrentaron casi una veintena de sus compañeros, tres de los cuales murieron, en un ataque cuando circulaban de Moris a Ocampo.
La emboscada fue 7 de octubre, pero poco más de una semana antes, el 29 de septiembre, un operativo de la División Rural de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército, llevó al aseguramiento de una Ford F-450 con blindaje, de las conocidas como “monstruo”, así como un fusil y cinco cajas de calibre .50, de las rompe blindaje.
El comunicado oficial del operativo estableció que los estatales asignados a la Zona Occidente, con apoyo de drones y a bordo de seis unidades oficiales, recorrieron una brecha de difícil tránsito por El Pilar de Moris, donde encontraron la camioneta modelo 2019, color negro metálico, con blindaje hechizo y reporte de robo.
“En el interior del vehículo se encontró una ametralladora Browning calibre .50, diseñada para derribar aeronaves y penetrar blindajes militares, así como dos cajas con un total de 200 cartuchos útiles calibre .50, eslabonados en cintas”, según la información.
Pero fue la consignación del caso ante el Ministerio Público del Estado lo que ocasionó una oleada de acusaciones entre la tropa de la Policía Rural, pues en las fotos del operativo (puede verse una en la edición digital de GPS, junto con un reclamo de los agentes) aparecen cinco cajas de balas, pero a la hora de la presentación pública sólo fueron reportadas dos.
“¿Y las otras tres cajas de balas calibre .50?”, cuestionan los elementos, de forma anónima, en un texto sobrepuesto en la imagen de la presentación del “monstruo” y el resto del aseguramiento.
La desaparición de esas balas no es cosa menor. No es un robo simple de alguna evidencia equis, sino la sustracción de municiones que no tienen otro destino más que el mercado donde los criminales se abastecen para mantener y reforzar su poder de fuego.
Los agentes de la División Rural señalan que posiblemente el aseguramiento y otras acciones de la Policía Estatal, que cercaron o afectaron al grupo criminal atacante en los últimos días, pueden explicar la cobarde emboscada por parte de los civiles armados.
No la justifican, desde luego, pero de nuevo pueden ser las acciones llenas de “veneno policial” las que luego traigan estas consecuencias funestas, como ha pasado en otros casos de agresiones por diferentes rumbos del estado.
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Si antes batallaba para sumar más de un dígito en las encuestas por el municipio de Parral, el diputado presidente del Congreso del Estado, Guillermo “Memo” Ramírez, parece que puede despedirse de sus aspiraciones.
Debe darle las gracias a su hermano Fernando, conocido como “El Chino” o “El Chapito”, por el teatrito que hizo en un funeral hace unas semanas con su calibre .25; perdón, .22.
Dicen que el legislador priista pretendía aprovechar los escasos reflectores que le brinda presidir la Mesa Directiva actual, con el fin de posicionarse en su región de origen, por la que ganó su diputación.
De por sí iba de subida, con el control del panista Salvador “Chava” Calderón por un lado y el ascenso de Morena por el otro, cuando su hermano perdió el control de sus emociones y con pistolita de calibre .22, trató de matar a Eloy Soto Payán, pero con tal mal tino que terminó por herir a sus primos, los abogados Enrique Muñoz y Héctor Villasana, dolientes en la despedida del difunto, Luis Carlos Baca.
Con el apellido por los suelos, envuelto en un proceso penal y acusaciones de tráfico de influencias -tanto para mantenerlo en prisión como para liberarlo- difícilmente podrá levantar los bonos el legislador, que no es solo hermano de sangre del atacante, sino también socio de negocios.
Lamentablemente para el diputado, los grupos de interés en Parral que en algún momento pensaron en que podría ser buena apuesta para el municipio, ya empezaron a pensarla otra vez debido al mal antecedente que deja este pleito, para el que no existe salida sin antes cargar con los raspones.
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La tragedia humana de 67 muertos más los que se acumulen por las torrenciales lluvias en 5 estados, trajo también, como suele ocurrir en estos casos, disputas políticas, en este caso por el desaparecido Fondo Nacional de Desastres (Fonden) en el gobierno de López Obrador.
En las visitas de la presidenta Sheinbaum a Puebla y Veracruz, sobre todo, hubo los conocidos airados reclamos y rechiflas de los habitantes por la tardanza en la entrega de los recursos o en las trabas del propio Ejército para que grupos de voluntarios coadyuvaran.
En La Mañanera del lunes, Sheinbaum argumentó que el Fondo de Desastres Naturales fue desaparecido por desvíos de los apoyos y flagrantes casos de corrupción.
El Fonden funcionaba como un fideicomiso y operaba bajo la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.
Fue sustituido por la Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres.
Lo polémico del tema es que, por una parte, es cierto que hubo acaparamiento de los apoyos, como sucedió en el sismo de 2017 en la Ciudad de México, por citar un ejemplo.
La Presidenta asegura que se han entregado, de manera directa, 16 mil millones para apoyar las zonas afectadas por desastres naturales, sin necesidad de intermediarios.
Lo que no dice es que el último titular del Fonden, justo con Peña Nieto fue José María Tapia Franco, conocido por haber estado bebiendo en Las Vegas, en 2013, cuando los huracanes Ingrid y Manuel azotaban al país. Fue senador priista, pero en 2019 saltó a Morena; en 2024 buscó la alcaldía de Querétaro y ahora aspira a la gubernatura.
El Fonden desapareció, pero no las trabas ni el suplicio para los damnificados. Hay un barril sin fondo del que medran los políticos, no importa el programa ni la filiación partidista.
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Cuando Andrés Manuel López Obrador se fue a su rancho de impronunciable nombre, posiblemente pensó que “la mafia en el poder” de la oposición y de los medios conservadores, como gusta denominarlos, le harían la vida imposible.
Jamás pensó que su buen nombre estaría cercado por los dudosos comportamientos de sus familiares y allegados más cercanos.
Es el caso de Andy López Beltrán, que en junio de este año disfrutó una placentera estancia de 15 días en un lujoso hotel nipón, en la espectacular Tokio.
El secretario de Organización de Morena no se paró en el Consejo Nacional de Morena donde se revisaría y aprobaría, justamente, la política de las afiliaciones bajo su cargo.
Luego surgió, a su diestra, el video de su hermano Pío, que en 2018 recibió un paquete de dinero, en una cafetería de Tabasco.
Ahora surge otro escándalo, pero de su otro hermano, que había permanecido más o menos bajo las sombras.
Se trata de José Ramiro “Pepín” López Obrador, actual secretario del Gobierno de Tabasco, que resultó propietario de 13 ranchos, de los cuales ocho fueron adquiridos entre 2018 y 2024, precisamente en el sexenio de su hermano Andrés Manuel.
El conjunto de las propiedades está valuado en más de 8.6 millones de pesos. Lo paradójico es que no se trata de ninguna filtración de los “enemigos del movimiento” como le gusta decir a la Presidenta Sheinbaum, sino de un registro público en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tabasco.
No dejan a AMLO concentrarse en su libro de historia, que escribe en su rancho de Palenque.
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Cuando la política recurre a la desinformación, deja de servir a la gente y empieza a servir intereses personales, justo eso fue lo visto con Miguel Latorre y Marco Quezada.
Ayer intentaron sembrar dudas sobre la administración del alcalde Marco Bonilla y, de paso, desvirtuar uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la movilidad de Chihuahua Capital: la gaza de incorporación en El Reliz y Periférico de la Juventud.
El municipio se defendió, asegurando que, de entrada, los supuestos “aumentos” en el costo de la obra, que, según ellos, pasó de 200 a 400 millones, no sólo son falsos, sino que desconocen algo básico: toda obra de ingeniería civil se ajusta conforme a estudios técnicos, inflaciones anuales, materiales, trazos, impacto ambiental y rediseños urbanos.
La vocera del Gobierno Municipal, Mariana De Lachica, fue contundente al responder que las obras de la administración municipal se realizan con estudios técnicos avalados por especialistas y con transparencia total en los procesos,
Dijo que cualquiera puede consultar los documentos, los contratos y los análisis que sustentan cada peso invertido, algo que, señaló, no ocurría en la administración de Quezada.
Resulta también contradictorio, dicen en la alcaldía, que quienes critican ahora la inversión pública sean los mismos que, durante sus gestiones, dejaron obras inconclusas, rezagos en infraestructura y cero planeación metropolitana.