Con esposas en los pies y cadenas en las manos y la cintura, 80 personas migrantes de origen guatemalteco fueron deportadas a su país ayer desde el campamento militar de Fort Bliss, ubicado en el Condado de El Paso.
“Nosotros vamos a utilizar todos los recursos necesarios que nos permitan, de manera rápida, expulsar personas a su país de origen. La seguridad nacional no existiría si no hay fronteras seguras”, dijo Orlando Marrero-Rubio, portavoz de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en el Sector El Paso sobre el segundo avión con migrantes guatemaltecos que parte desde Fort Bliss durante el gobierno de Donald Trump.
Entre los centroamericanos que fueron expulsados de Estados Unidos se encontraban 56 hombres solos, 16 mujeres y ocho padres e hijos que viajaban como parte de una unidad familiar, quienes arribaron a la base militar a bordo de camiones y luego fueron subidos a un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Con cubrebocas, y algunos con huaraches de plástico y calcetas, todos portaban esposas con cadenas en los pies y una cadena que unía sus manos a la altura de la cintura, al igual que eran deportados los migrantes vía aérea durante la administración de Joe Biden a países como Venezuela, como publicó El Diario el 20 de octubre de 2023 y como desde junio de ese mismo año narraron venezolanos haber sido trasladados dentro de Estados Unidos, antes de ser expulsados a Ciudad Juárez.
La medida apenas tuvo eco en los gobiernos de países como Colombia y Brasil, cuyos presidentes manifestaron su inconformidad, mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró a medios nacionales que los connacionales no llegan encadenados.
“Lo que estamos viendo hoy es cómo la Patrulla Fronteriza utiliza los recursos necesarios y disponibles para deportar personas que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos”, dijo el portavoz.
El funcionario federal destacó que la misión de la autoridad encargada de vigilar la frontera con México fuera de los puertos oficiales de entrada es esencial para la seguridad nacional. Y recalcó la participación de todas las agencias gubernamentales federales, estatales, locales e internacionales en el cumplimento de su misión de poder mantener las fronteras seguras.
“Para algunas personas es muy difícil aceptar la realidad de no poder permanecer en los Estados Unidos, muchas personas se demoran 30, 60, 90 días utilizando un sinfín de recursos para entrar ilegalmente a los Estados Unidos, y el mensaje que le tenemos a esas personas es que si cruza la frontera ilegalmente le vamos a deportar a su país de origen en cuestión de horas”, destacó Marrero-Rubio.
Guatemala figura actualmente como la segunda nacionalidad de más encuentros de migrantes en la frontera del Sector El Paso, superada sólo por los mexicanos que ingresan de manera irregular, muchos de ellos apoyados por traficantes de personas.

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