Ciudad Juárez.- Las denuncias sobre el bar “Lupe, Lupe” señalan que, además de presuntamente contar con un ex policía municipal para proteger supuestas actividades ilícitas como prostitución de menores, quienes lo operaban sobornaban a otras autoridades, como “Gobernación”, encargada de vigilar que cumpliera con los horarios establecidos.

“Operan con absoluta impunidad, a través de amenazas, golpizas y sobornos a funcionarios de Gobernación y mandos policiales han logrado mantener su operación intocable”, indica un reporte anónimo del 4 de octubre e incluido como antecedente de investigación en la orden judicial que autorizó el cateo difundido el pasado viernes 17 de octubre.

“Es un bar clandestino, atendieron la denuncia, pero fue nomás puro circo y pantalla, más tardé en poner la denuncia que ellos en enterarse… les avisaron, sacaron todo, hasta el licor y les cayó Gobernación sólo a saludar y cerrar un día con multa de los cinco a los ocho mil pesos y se volvió a abrir”, agrega otra queja, del 18 de septiembre pasado.

Ante una solicitud de información de este medio, la Dirección de Gobernación en la Zona Norte, del Gobierno del Estado, respondió ayer que el establecimiento había sido cerrado el pasado 8 de septiembre por operar fuera de horario.

Invitan a presentar denuncias

Sobre las acusaciones de sobornos, la misma entidad indicó que se invita “a quienes tengan información a presentar las denuncias correspondientes”, y que “en caso de que se encuentren elementos en contra de algún funcionario, se aplicarán las sanciones que correspondan, sin excepción”.

Ubicado en una plaza comercial de bulevar Tomás Fernández, de la zona oriente de Juárez, el establecimiento fue inspeccionado por orden judicial en seguimiento a una carpeta de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Trata de Mujeres, Niños y Niñas, perteneciente a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) en la Zona Norte.

El cateo fue difundido por la Fiscalía General del Estado el pasado viernes 17 de octubre, fecha en la que también fue instalado un sello de clausura en el bar por parte de la Secretaría General de Gobierno, de la que depende la Dirección de Gobernación.

Otros antecedentes de investigación citados por la unidad de la FEM son denuncias también anónimas sobre la presencia de menores de edad con fines de prostitución, además de venta de drogas y presencia de personas armadas e incluso asesinatos.

“Ofrecen a unas menores de 16 para prostituirlas por $5,000 pesos o más, tienen una habitación que le llaman privado, donde ahí se las rentan”, dice un aviso de 7 de septiembre.

Otros reportes advierten que el establecimiento estaba abierto hasta las 9:00 horas; violación al horario legal de apertura que fue constatado por agentes ministeriales cuyo parte informativo también fue integrado como antecedente de investigación.

Sobre los pagos a autoridades, otras denuncias, como una del 2 de octubre, señala que “al parecer sobornan a la Policía Ministerial, Estatal y Gobernación para operar con total libertad y tener muchachas indocumentadas en pésimas condiciones y prostituyéndolas, además de venta de drogas. El lugar es de una banda de sicarios, ellos presumen que son intocables”.

La FEM no respondió ayer una solicitud de información sobre avances en la indagatoria.