Chihuahua, Chih.- Cinco de los 10 policías hombres y mujeres de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) que fueron desarmados, arrodillados, esposados, tableados, robados y denigrados por un grupo delictivo en el municipio de Guadalupe y Calvo el pasado 24 de agosto, presentaron sus respectivas denuncias por lesiones y daños ante la Fiscalía de la Zona Centro (FZC), con sede en la ciudad de Chihuahua.

Según información oficial a la que tuvo acceso El Diario, cerca de 80 miembros del grupo Gente Nueva “Los Ventura”, o de “El 35”, del Cártel de Sinaloa, reclamaron a los agentes agredidos la detención de un camión con droga y precursores químicos.

Ese vehículo habría sido detenido y la carga “robada” un día antes por otros elementos de la misma corporación al mando de un comandante con sede operativa en Parral.

Muchos de los datos contenidos en la denuncia, formalmente interpuesta ante la Fiscalía de la Zona Centro, coinciden con la narrativa presentada por los 10 agentes estatales golpeados a sus superiores la tarde-noche del 24 de agosto.

La agresión empezó a las 14:50 horas de ese día; fueron liberados horas después. Sólo cinco de ellos presentaron dos días después la denuncia. Apenas ayer pudo ser corroborada por El Diario, debido a que desde el inicio fue negada la agresión por la Secretaría de Seguridad aunque sí aceptada la retención.

El vocero de la institución, Jorge Armendáriz, admitió que varias personas armadas, incluida una mujer con equipo para tomar fotos y video, bloquearon el camino a los estatales en lugar conocido como Catedral, muy cerca de la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo.

Una vez frenados los policías, fueron rodeados por 80 “civiles” que portaban armas largas. “Al verse sin capacidad de fuego para hacerles frente, los uniformados se replegaron al municipio de Parral para evitar ser víctimas de un atentado y dar aviso de lo ocurrido”, dijo Armendáriz a El Diario.

No ofreció detalle alguno sobre la agresión. Los principales titulares de la Secretaría, Gilberto Loya, Luis Ángel Aguirre y Ricardo Realivázquez, desarrollaban esa semana el tercero de un tour de “capacitaciones” que habían arrancado en un hotel en Creel, se siguieron con otro en Ciudad Juárez y remataron el tercero en Colombia. Tres semanas fuera de acción operativa.

Los agentes denunciantes básicamente relataron al ministerio público respectivo el contenido del informe, en poder de El Diario, que detalla los hechos ocurridos a las 14:50 horas en el poblado de Catedral, cuando los agentes se dirigían de Parral a Guadalupe y Calvo, localizado a casi 500 kilómetros de la ciudad de Chihuahua.

Describieron que les propinaron golpes en el rostro, los desarmaron a todos, los pusieron de rodillas, los amenazaron de muerte por orden de “un sujeto apodado “El 35”, Ventura Corral Félix, tripularon las dos patrullas oficiales y a los elementos los subieron a la caja “con candados en las manos (esposas)”. Los despojaron de radios y todas sus pertenencias inclusive personales.

También tomaron todos su datos de sus identificaciones, les exigieron las direcciones de sus domicilios; al final les advirtieron que no querían problemas con “el gobierno” y los dejaron libres, pero varios kilómetros más adelante, en una comunidad llamada Turuachi, fueron detenidos por otra célula del mismo grupo que les advirtió guardar silencio.

Media hora más tarde pudieron arribar a la cabecera municipal, Guadalupe y Calvo; unos fueron llevados al hospital y otros rindieron el parte respectivo a sus jefes. Al día siguiente todos fueron llevados a la ciudad de Chihuahua, donde dos fueron hospitalizados.