Silvio Berlusconi, el primer ministro italiano y magnate multimillonario fallecido en 2023, es considerado frecuentemente como el molde en que se forjó el presidente Donald Trump, con su dominio de los medios de comunicación, su gusto dorado y, sobre todo, sus maniobras legislativas que generaron acusaciones de conflictos de interés.

Berlusconi promulgó leyes que parecían hechas a medida para proteger y beneficiar el vasto imperio empresarial de su familia. Y sus declaraciones anuales de ingresos mostraban que había recibido decenas de millones de dólares mientras se desempeñaba como primer ministro.

La semana pasada, nuevas declaraciones financieras sugirieron que Trump ha roto ese molde al haber ganado al menos 2 mil 200 millones de dólares en su primer año de regreso a la Casa Blanca, incluidos aproximadamente mil 400 millones de dólares de los negocios de criptomonedas de su familia.

Las ganancias de Trump son un botín que en otro tiempo habría sido inimaginable para cualquier líder de una democracia liberal, en particular para un presidente en funciones de Estados Unidos.

Ningún líder occidental moderno ha revelado públicamente ganancias tan elevadas mientras estaba en el cargo.

Las ganancias de la familia Trump, dijeron los expertos, lo han colocado en un estrato de enriquecimiento más asociado con hombres fuertes en Rusia y Turquía.

Sus ganancias fueron aún más llamativas porque Estados Unidos se ha posicionado durante mucho tiempo como abanderado de la regulación financiera, las medidas anticorrupción y el Estado de Derecho. Sin embargo, sus ganancias en criptomonedas destacan un conflicto inusualmente flagrante: como presidente, Trump supervisa la regulación de una industria de la que, como empresario, también obtiene enormes beneficios.

La Casa Blanca ha negado que Trump o su familia hayan incurrido en conflictos de interés, y él personalmente ha descartado tales preocupaciones, diciendo la semana pasada: “Yo nunca hablo con ninguna de las personas que administran el dinero”.

Esa renuencia a reconocer cualquier conflicto ahora dificulta, dijeron los expertos, que los investigadores anticorrupción en países grandes y pequeños combatan conductas que Estados Unidos, hasta la presidencia de Trump, alguna vez condenó.

“La manera en que se comportaba Estados Unidos era bastante influyente para dar forma a las normas internacionales”, dijo la profesora Liz David-Barrett, directora del Centro para el Estudio de la Corrupción de la Universidad de Sussex.

Ahora, las ganancias de Trump han socavado la idea de “que hay un estándar al que todos deberíamos aspirar”, dijo. Ahora era más fácil que otros líderes mundiales preguntaran “'¿Por qué debería regular mi conducta?' cuando la mayor potencia del mundo” no está regulando a su presidente, añadió.

Trump, claro está, está lejos de ser el único acusado de explotar el cargo público para obtener beneficios privados.

Berlusconi llegó al poder tras un escándalo de sobornos que eliminó a la clase gobernante de Italia. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha defendido de cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Se le acusa de haber otorgado favores regulatorios a prominentes empresarios a cambio de regalos o cobertura mediática favorable.

El ex primer ministro de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido sometido a una investigación formal bajo sospecha de tráfico de influencias, lo que niega. Y su actual primer ministro, Pedro Sánchez, se defendió recientemente en el parlamento en medio de acusaciones de corrupción contra su esposa, su hermano y ex aliados políticos.

Pero la inmensidad de las ganancias de la familia Trump, dijeron los expertos, lo coloca en una liga diferente a la de cualquiera de esos líderes.

Trump y su familia no han sido acusados de violar la ley para obtener sus ganancias, y él está exento de leyes que de otro modo exigirían a los altos funcionarios estadounidenses vender las participaciones en empresas que podrían verse beneficiadas por sus decisiones políticas.

Aun así, la magnitud de las ganancias ha generado comparaciones con el presidente Vladimir Putin de Rusia. Putin oficialmente posee sólo un modesto apartamento, dos automóviles soviéticos de época, un SUV Lada y un remolque de camping soviético, pero los críticos han afirmado que es el jefe de una vasta red de oligarcas y poder estatal que lo ha convertido en una de las personas más ricas del mundo.

Una fundación anticorrupción liderada por Alexéi Navalny, activista ruso fallecido en una cárcel rusa en 2024, dijo que Putin había acumulado una amplia gama de activos personales. La fundación alegó que estos incluían propiedades en toda Rusia; yates en Europa, y un extenso complejo palaciego estimado en mil 300 millones de dólares en el Mar Negro equipado con su propio sistema de búnkeres subterráneos de varios pisos, con un túnel hacia la playa; vastos viñedos privados de lujo; y una pista de hockey. Putin negó ser dueño de la propiedad.

En África, Sani Abacha de Nigeria, general y ex dictador fallecido en 1998, fue acusado por el Gobierno nigeriano de saquear miles de millones de dólares, incluido dinero tomado del banco central.

El dictador congoleño Mobutu Sese Seko, quien tomó el poder en un golpe de Estado en 1965, lavó enormes sumas a través de bienes raíces en Europa antes de morir en 1997. Esa propiedad incluía una mansión en la Riviera francesa y un lujoso complejo palaciego en su ciudad natal.

David-Barrett dijo que los negocios familiares de la familia Trump también generaban comparaciones con las dinastías políticas en Asia, donde se ha acusado a líderes de conflictos de interés entre sus actividades políticas y los imperios empresariales de sus familias.

El negocio familiar de Trump, la Organización Trump, ha licenciado el nombre Trump a propiedades en países que dependen del apoyo de la Administración Trump, incluidos Arabia Saudita y Qatar. La Casa Blanca frecuentemente ha rechazado las preocupaciones sobre tales temas, diciendo que los hijos de Trump dirigen la organización, no el presidente.

La familia de Thaksin Shinawatra, magnate de las telecomunicaciones y ex primer ministro populista de Tailandia, está entre las dinastías asiáticas acusadas de abusar de su proximidad al poder. Fue encarcelado por haber utilizado su tiempo en el cargo para enriquecer aún más a su familia después de que, entre otras cosas, su esposa comprara un codiciado terreno a una agencia gubernamental. Thaksin dijo que la condena fue políticamente motivada.

Najib Razak, hasta 2018 el primer ministro de Malasia, presidió el saqueo sistemático de miles de millones de dólares del fondo soberano de riqueza estatal, que él ayudó a cofundar. Contribuyó a financiar un superyate, obras de arte de primera categoría y cientos de bolsos encontrados en los armarios de su esposa. Ha sido condenado por abuso de poder, lavado de dinero y abuso de confianza, entre otros cargos, y sentenciado a más de 20 años de prisión hasta ahora.

David-Barrett dijo que la creciente polarización en muchos países facilitaba que los líderes eludieran la rendición de cuentas.

En una sociedad polarizada, los votantes frecuentemente ven las acusaciones contra sus líderes políticos elegidos como un ataque políticamente motivado, en lugar de una fuente legítima de preocupación, lo que los lleva a desestimar la relevancia de las acusaciones. O incluso si los votantes creen las acusaciones, dijo David-Barrett, su lealtad a sus partidos y líderes puede permitirles ‘hacerse de la vista gorda’ ante sus tropiezos.

Como dijo Trump de sus propios negocios en enero: “Descubrí que a nadie le importaba”.

Berlusconi, en una anécdota similar, tuvo a su amigo cercano Fedele Confalonieri quien dijo en 2011, cuando Italia se polarizaba cada vez más entre los simpatizantes y los críticos de Berlusconi: “Por supuesto que el señor Berlusconi tiene un conflicto de interés. Pero es tan claro y tan transparente”, añadió Confalonieri, que difícilmente valía la pena hablar de ello.

Ese tipo de indiferencia ha mellado la capacidad de los controles y equilibrios tradicionales para responsabilizar a los líderes, dijeron los expertos. Si los votantes disputan la importancia de las acusaciones contra sus líderes, eventualmente también podrían rechazar la legitimidad de los organismos de control que hacen esas acusaciones, según Fernando Jiménez Sánchez, politólogo especializado en corrupción de la Universidad de Murcia, España.

La mancha de la corrupción todavía puede ser una poderosa arma política. Viktor Orbán, el ex primer ministro de Hungría, perdió el poder en una elección reciente después de que los votantes se volvieran contra él, en parte, debido a las generalizadas acusaciones de corrupción contra su gobierno. Transparencia Internacional frecuentemente ubicó a Hungría en el fondo de sus rankings anuales de corrupción para países de la Unión Europea.

Sin embargo, para muchos votantes en países gobernados por populistas, dijo Sánchez, “los controles y equilibrios en general son vistos como sólo otra parte de la política de élite que critican”.

Desde el Watergate, añadió, Estados Unidos había ayudado a establecer el estándar para las normas anticorrupción internacionales. Ahora, dijo, Trump estaba estableciendo un estándar diferente que podría tener el efecto de demoler las barreras democráticas y allanar el camino para los conflictos de interés de otros.

“Esto”, dijo Sánchez, “es lo que se está perdiendo”.