Chihuahua, Chih.- El notario público No. 8, Héctor Manuel Navarro Manjarrez, investigado por el delito de fraude, no fue localizado en su oficina, ubicada en la avenida Antonio de Montes de la colonia San Felipe, ya que al acudir a buscarlo ayer, el personal del lugar dijo que no estaba y desconocían cuándo regresaría.

El pasado 23 de diciembre, el titular de la notaría con sede en la capital del estado presentó una demanda de amparo que fue tramitada por el Juzgado Segundo de Distrito, que le otorgó la suspensión provisional al día siguiente para que no fuera ejecutada una orden de aprehensión librada en su contra, a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Tras darse a conocer el proceso legal del fedatario, fuentes extraoficiales señalaron que éste está sujeto a un proceso para ser expulsado de un Club Rotario del cual es socio; sin embargo, dicha organización no respondió a la solicitud de entrevista que le fue realizada por esta casa editora, para que brindara información sobre el asunto.

Por su parte, Sergio Tejeda, gobernador del Distrito 4110 de Rotary International manifestó desconocer si Navarro pertenece a algún club de la capital y, mucho menos, si iba a ser expulsado. Apuntó que, en caso de que así fuera, es facultad de cada club el dar de baja a sus socios a través de un proceso en el que las personas susceptibles de ser expulsadas puedan defenderse.

Expuso que por lo general, son los mismos socios quienes deciden retirarse voluntariamente por diversas causas; a él, como gobernador del Distrito sólo le notifican las bajas.

Además, al acudir personal de El Diario a la Notaría Pública No. 8 ayer por la mañana para buscar una entrevista o postura de Héctor Navarro, quien atendió dijo que no se encontraba en su oficina y que tampoco tenía conocimiento de cuándo volvería, por lo que solicitó un teléfono para comunicarse una vez que el notario estuviera disponible. Al cierre de esta edición no hubo ninguna llamada.

Navarro Manjarrez cuenta con una suspensión provisional otorgada por la Jueza Segunda de Distrito, que el próximo 14 de enero celebrará la audiencia incidental, luego de que fuera diferida la fecha original del 31 de diciembre.

La audiencia constitucional en la que se resolverá el fondo del amparo fue fijada para el próximo 30 de enero.

La suspensión abarca los actos ordenados por los jueces de control del Distrito Judicial Morelos y de los magistrados de las salas penales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, como posibles autoridades ordenadoras del mandamiento judicial en su contra.

También contra actos del fiscal general del Estado, de la Zona Centro y de las unidades de Delitos Patrimoniales y Delitos contra el Servicio Público, adscritas a la fiscalía con jurisdicción en esta ciudad, como autoridades ordenadoras y ejecutoras de la orden de captura.

En su demanda, el notario pidió la protección judicial de sus garantías contra la orden de aprehensión decretada y otras órdenes que hubieran librado; así como contra cualquier causa penal que haya sido instruida en su contra.

También solicitó ser protegido de la detención por ejecución de la orden de aprehensión dictada, así como de un arresto fuera de procedimiento por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado; asimismo, contra cualquier orden de presentación girada por el Ministerio Público dentro de cualquier carpeta de investigación.