Desde el pasado 14 de mayo, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) solicitó al Registro Público de la Propiedad (RPP) el aseguramiento de una vivienda y un terreno propiedad del exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, como parte de una investigación por presunto desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito; sin embargo, fue hasta el 9 de julio cuando concretó y materializó el aseguramiento registral de dichos inmuebles por parte de su personal.

A poco más de dos meses de esa solicitud, la Fiscalía no ha informado si ha iniciado algún procedimiento formal de embargo o extinción de dominio, mecanismo legal que permitiría al Estado recuperar estos bienes en caso de probar su origen ilícito.

La medida quedó asentada en el oficio FACH/VIP/-0188/2023, mediante el cual la FACH pidió asegurar dos propiedades registradas a nombre de Ana Cristina González Comadurán, esposa de Fuentes Vélez.

Los inmuebles quedaron anotados en el Registro Público de la Propiedad el 14 de mayo de 2025, según consta en los archivos de la Dirección General de Registros Públicos.

De acuerdo con el Folio Real 1206873, fue asegurada una propiedad ubicada en calle Dallas No. 592, Lote 2, Manzana 21, del fraccionamiento Residencial Campestre Etapa III, Chihuahua, que consta de una superficie 273.02 metros cuadrados.

Mientras que en el Folio Real 1759084 consta el aseguramiento del Lote 38, Manzana 25, ubicado en Paseos de las Palmas con una superficie de 500 metros cuadrados.

La solicitud fue presentada por la Fiscalía de Investigación y Procesos, dentro de una carpeta en la que también figura Gabriel Armando Ruiz Gámez, señalado en el mismo oficio como persona vinculada al caso.

De acuerdo con un comunicado previo de la Fiscalía, Fuentes Vélez habría donado estos inmuebles a su esposa en 2023, poco antes de salir del país, como una posible estrategia para aparentar insolvencia y eludir responsabilidades patrimoniales derivadas de un eventual proceso penal.

Además del aseguramiento, las cuentas bancarias del exfuncionario, así como las de su esposa e hija, también fueron inmovilizadas para impedir movimientos que puedan obstruir la investigación o dificultar la recuperación de recursos públicos.

Con el fin de conocer el estado actual del proceso, El Diario intentó contactar al titular de la Fiscalía Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, sin obtener respuesta a llamadas ni mensajes enviados.

Arturo Fuentes Vélez fue titular de la Secretaría de Hacienda durante el gobierno de Javier Corral Jurado (2016–2021). Durante su gestión realizaron polémicas reestructuraciones de deuda y contrataciones de servicios que, en su momento, fueron cuestionadas por sectores de oposición y organismos ciudadanos por presuntas irregularidades. Ya bajo la actual administración estatal, en 2023 reactivaron diversas investigaciones sobre su gestión, tras detectarse movimientos financieros irregulares y la transferencia de bienes a familiares. Poco tiempo después, el exfuncionario abandonó el país, lo que activó medidas cautelares por parte del Ministerio Público.

El aseguramiento de bienes está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley de Extinción de Dominio, que permite asegurar propiedades relacionadas con delitos graves, como la corrupción, para evitar que sean vendidas, ocultadas o transferidas antes de una resolución judicial.

En caso de que acrediten la responsabilidad penal de Fuentes Vélez, el Estado podría iniciar un procedimiento de extinción de dominio, mediante el cual los inmuebles quedarían en propiedad del erario como parte del resarcimiento del daño.