Chihuahua, Chih.- “Ya me dieron...”, le dijo Miguel Etzel Maldonado por teléfono a su compadre, Héctor Neyra, con quien estaba en llamada cuando le dispararon varios balazos, que lo hicieron desplomarse y caer al suelo retorciéndose del dolor, pero sin perder la conciencia.

“Te juro mi’ja que yo no ando mal...”, alcanzó a decirle a su esposa, María Elena González, quien salió de su casa momentos después con la preocupación de las detonaciones escuchadas.

Fue una de sus últimas expresiones antes de entrar en shock por las hemorragias que provocaron las balas en el tórax, el abdomen, en un brazo y una pierna. Ocho orificios de entrada y otros tantos de salida en total, según la necropsia.

El político chihuahuense priista, que había ocupado cargos públicos y partidistas por montones, había comido en La Calesa con un amigo de Parral, la tarde del 20 de octubre de 2009.

Luego lo llamó César Duarte, entonces precandidato a la gubernatura, para ver si lo podría encontrar en otro restaurante de la avenida Juárez, y de ahí le pidió aventón al hotel Sheraton (Soberano), para reunirse en el lugar por algunos momentos con otros personajes de su partido.

Avisó a su esposa que iba en camino a casa, ubicada en la calle Luis de Angosturas en San Felipe, alrededor de las siete y cuarto de la tarde. A las 19:38 horas, según el registro del teléfono de su compadre, cuando estaba por entrar a la cochera, ocurrió la agresión.

La historia de Etzel está documentada en una “memoria privada”, un libro de circulación restringida denominado “Crimen en el olvido. Una investigación abandonada”, de autoría incierta, una obra que critica la falta de resultados de la Procuraduría-fiscalía estatal, durante los gobiernos de José Reyes Baeza y César Duarte Jáquez.

Editada el 16 de octubre de 2019 en la ciudad de Chihuahua, producida sin nombre de autor por Editorial Aldea Global y sin fines de comercialización, la obra cuenta la historia política de la víctima y ofrece detalles inéditos del expediente penal bajo el cual fue investigada su muerte.

El homicidio de alto perfil acumula 16 años en la impunidad, tras investigaciones que dirigió la entonces procuradora del Estado, Patricia González Rodríguez, envueltas en un sinfín de especulaciones, pero ya no continuó –o si lo hizo, nunca presentó resultados– el primer fiscal general de Duarte, Carlos Manuel Salas.

El libro

Una copia que está en poder de El Diario –que recopila informes, testimonios y evidencias de las pesquisas– contiene una reseña breve de la vida política y personal de Etzel, pero está centrado en el itinerario de sus últimos momentos y en el manejo sombrío de las investigaciones, sobre la base de que una de las líneas apuntó con claridad a un posible móvil, un posible autor intelectual y uno material, que jamás fueron presentados ante la justicia.

Ni voluntad ni ganas

“¿Falta de voluntad política, complicidad, desinterés oficial o se movieron grandes intereses para que el homicidio quedara encajonado dentro de las estadísticas de la impunidad?”, es la interrogante inicial del primer capítulo de la memoria privada, denominado “Ni voluntad ni ganas”.

Comienza con el relato del suceso registrado la tarde del martes de hace 16 años, cuando dos sujetos agazapados entre los autos estacionados cerca de la casa de Etzel lo esperaban, protegidos por la oscuridad. Él llegó hablando por teléfono y mientras buscaba en sus bolsas la llave para abrir la puerta, le dispararon desde unos cuantos metros de distancia.

Los vecinos escucharon los balazos, pero no salieron por el temor de que estuvieran todavía los asesinos, quienes huyeron a pie hasta la esquina de la Antonio de Montes, donde un auto los esperaba para huir en dirección al sur. Ni un solo testigo vio con claridad a los agresores, a lo mucho alcanzaron a distinguir siluetas que huían.

La noticia de inmediato llegó a los medios y corrió de boca en boca, después de que salieran los vecinos y su esposa, acompañada de algunas amigas que la visitaban en la casa.

Era conocido como una persona sensata, negociadora y sin enemigos políticos, pues podría tener diferencias ideológicas con otros actores políticos, pero lo distinguía el respeto, la tolerancia y su camaradería, reflejado todo en su carácter alegre, con una agudeza mental “que lo ubicaba como una persona amena, ocurrente sin caer en la vulgaridad o la superficialidad”.

Era un asiduo jugador de ajedrez y dominó, actor político de peso, pero también analista excepcional de esa materia; experimentado en la estrategia, militante y activo permanente del PRI, complementaba su labor de litigante con las tareas partidistas.

Durante el gobierno del panista Francisco Barrio, Etzel fue el coordinador de la fracción priista en el Congreso del Estado. Como cabeza de la oposición, le tocó el ambiente tenso del primer gobierno albiazul de Chihuahua, después de décadas de hegemonía tricolor, pero logró transitar sin perder el respeto y el reconocimiento como un buen adversario.

“El propio Barrio lo calificó como un hombre con una chispa y un sentido del humor envidiable, del que no recibió sorpresas ni traiciones a pesar de ser poderes diferentes y encontrados en el trienio 1995-1998”, cita el documento.

De su formación y actividad política fue que, en su momento, el asesinato fue calificado como un crimen emblemático que, sin embargo, quedó en el olvido por desdén de las autoridades, abandono o descuido deliberado.

También llegó a considerarse un crimen político –cita la obra– por la actividad de la víctima, por las implicaciones y las especulaciones que se generaron entre posibles causas o autores intelectuales del homicidio.

“A pesar de su marcado priismo, del cual siempre presumió Miguel Etzel, su asesinato estrujó a toda la clase política por su actitud negociadora y de acercarse a otras tendencias para cohabitar y transitar en el espectro político, pero no fue suficiente para llegar al fondo del crimen”.

Las horas críticas y la historia de Miroslava

En la entrada de la casa de Miguel Etzel, una vez que llegó la ambulancia para trasladarlo a la Clínica del Parque, fueron colocados 16 conos amarillos para las fotografías de la escena del crimen, los cuales señalaban cuatro casquillos de calibre .45, cuatro más de calibre 9mm y siete proyectiles; la evidencia número 16 fue el celular Nokia modelo 63006 con el que hablaba la víctima al momento de ser atacado.

La conclusión de que fueron dos tiradores fue casi inmediata, al tiempo en que el herido era ingresado a la sala de operaciones con anestesia total, para una laparatomía exploratoria que arrojó retadores resultados para el equipo médico encabezado por el cirujano Pedro Leal.

El reporte médico de los siguientes minutos era desesperanzador: los balazos le provocaron heridas gravísimas en el páncreas, hígado, pulmones, colon y la arteria mesentérica; además presentaba laceración gástrica y en un brazo, lesiones en el intestino delgado y en la masa muscular, así como fractura en el húmero derecho.

No pudo volver de la anestesia, pese a los esfuerzos por frenar las hemorragias y los intentos por estabilizarlo. A las 2:20 horas de la madrugada del 21 de octubre, casi siete horas después de la agresión, su corazón dejó de funcionar, cuando estaba a tres días de cumplir 67 años de edad.

Mientras en el quirófano hacían todo lo posible por mantenerlo con vida, en la sala de espera de la clínica desfilaron varias personas que acudieron a donar sangre de manera voluntaria, enteradas por la noticia, pero aunque recibió transfusiones de emergencia para reponer la que había perdido, los vasos y las arterias no retuvieron el plasma.

El gobernador, José Reyes Baeza, fue a la clínica para enterarse de primera mano y en varias ocasiones de manera insistente le preguntó a Elena, según escucharon varias personas que estaban cerca de la esposa de Miguel, si había dicho algo cuando recibió los disparos, de acuerdo con el testimonio narrado en el libro.

“... en un rincón con los ojos llorosos estaba la periodista Miroslava Breach. Conmocionada por la noticia, paralizada como les pasa a los periodistas que todos los días cubren hechos policiacos, escriben notas de sangre o dramas, cuando pasa con un conocido o ser querido, se desactiva la actividad informativa, se nubla la mente y el corazón y se refugian en el ser humano que reprimen para hacer su trabajo”, asienta la obra. “Jamás pasó por su mente que siete años y cinco meses después (el 23 de marzo de 2017), ella también sería víctima de la violencia en una agresión similar...”.

La ‘huella digital’ de la pistola .45

El hermetismo de la investigación fue una constante, a pesar de que ello derivó en múltiples especulaciones, como la que apuntaba a que Miguel Etzel sería invitado por el gobernador Reyes Baeza a integrarse como procurador general de Justicia (un cargo que ya había ocupado en la administración de Fernando Baeza).

Supuestamente estaba en puerta el relevo de Patricia González, envuelta en pugnas políticas en el gabinete estatal, pese a lo cual nunca fue cambiada del cargo durante la administración 2004-2010.

Ella al mando de la indagatoria, incorporó a su equipo de investigadores al agente Jorge Márquez, quien meses después fue asesinado. A su muerte, fue sustituido por Eduardo Chaires Coss, después removido de la investigación que siempre monopolizó González Rodríguez.

Varias semanas después del crimen, en medio de las especulaciones y de forma sorpresiva, la Procuraduría de Justicia mandó publicar un desplegado dirigido a la opinión pública, en el que decía respetar las investigaciones periodísticas en torno a los casos penales, pero insistía en que las investigaciones oficiales habrían de mantenerse en secreto en apego a las normas y se darían a conocer en su momento “con la transparencia y seriedad correspondiente”. Ese momento nunca llegó, ni en su administración ni en las siguientes.

Entre los avances que logró la procuradora como cabeza de la investigación, estuvo un testigo protegido, albañil de oficio, al que mantuvo con seguridad permanente por su aportación al esclarecimiento del crimen y el riesgo que corría. Su aportación y su destino nadie lo sabe.

“En algunos domicilios que visitó la licenciada Patricia González, se localizaron varias evidencias que hacían sustentar una de las principales líneas de investigación, salvo que se trataran de evidencias sembradas, porque dichas evidencias nunca se consignaron ante un juez para librar órdenes de aprehensión”, dice el libro.

Entre los cabos sueltos, quedó también un casquillo en un domicilio, similar a los utilizados en el homicidio, pero tampoco ello derivó en una orden de aprehensión; posteriormente, una detención del Ejército, de una persona relacionada familiarmente con el dueño del domicilio donde había sido encontrado el casquillo, llevó al aseguramiento de un arma que coincidía con la utilizada en el asesinato, pero tampoco llevó a ubicar o detener a un presunto responsable.

La misma noche del 20 de octubre de 2009, en la calle Mina Zapori del fraccionamiento Dumas, en el extremo norte de la ciudad, fue asesinado Iván Cereceda Jiménez, policía procesal del Centro de Inteligencia Policial (Cipol, primer antecedente del modelo de Policía Preventiva Estatal de Chihuahua) cuando llegaba a su vivienda, acompañado de su esposa.

Un asesino, al que esperaba un cómplice en un vehículo, le gritó “hey”, para llamar su atención, y al disparar primero hirió a la mujer en un brazo; el agente corrió pero fue alcanzado por el atacante, quien le dio en varias ocasiones.

El agredido era el jefe de Servicio de la Policía Procesal, un área de relativamente nueva creación, con la tarea de custodiar a los detenidos cuando eran presentados en audiencia judicial. Tenía 18 años de carrera policial, la mayoría en la Policía Municipal de Chihuahua, de donde salió para integrarse al cuerpo estatal.

Las balas calibre .45 que acabaron con la vida del agente Cereceda fueron disparadas con la misma escuadra que disparó los proyectiles contra Miguel Etzel, según concluyó el análisis realizado por la perita en balística forense, Guadalupe Sánchez.

La distancia entre la casa de Etzel y la de Cereceda era de 21 minutos a velocidad apresurada, pero al primero lo mataron a las 19:30 horas y al segundo unos 14 ó 15 minutos después, según la estimación a partir del primer reporte, el 829682, recibido al número de emergencias a las 19:51 horas.

“¿Sería factible que en ese tiempo se hayan trasladado (los asesinos) de la casa de Miguel Etzel hasta la casa de Iván Cereceda y utilizar la misma arma para cometer otro homicidio?”, es la duda que plantea la memoria privada, pero la “huella digital” de la pistola es tan única como la de un ser humano: fue la misma pistola la que disparó las balas que acabaron con uno y otro.

¿A quienes beneficiaron estas muertes, si es que estaban ligadas a una misma causa?

¿Quién lo mandó matar?

El libro critica que durante un año, de octubre de 2009 al mismo mes de 2010, el gobierno de Reyes Baeza no dio pasos concretos en el esclarecimiento del crimen, a pesar de un robusto expediente.

En ese entonces y ante la presión política existente, el secretario de Gobierno, Sergio Granados, propuso nombrar de subprocurador general a Heliodoro Araiza, con el encargo especial de llevar las investigaciones del caso, pero la procuradora González jamás le dio control sobre el expediente, por encabezar ella misma los trabajos.

A la llegada de César Duarte a la vuelta de un año, “hubo una orden de no seguir el caso y sólo declarar que se estaba investigando y que dentro de poco darían con los responsables”.

El nuevo fiscal, Carlos Manuel Salas, aseguró que la administración anterior le había dejado varias cajas en un rincón, pero sin pies ni cabeza del expediente del asesinato, lo que lo llevó a concluir que el caso estaba contaminado, porque no hubo una entrega formal del avance de las investigaciones.

De acuerdo con la obra, inicialmente fueron consideradas cuatro líneas de investigación, que terminaron descartándose o desvaneciéndose. Llevaron a la nada.

Una de las líneas era la posible participación de Etzel en la negociación para lograr la liberación de una persona secuestrada en agosto de 2009, Alonso Murillo González, propietario del parque Los Llorones de la capital y familiar de su esposa.

Sin embargo, el abogado no intervino como negociador ni como litigante en el caso del que logró salir con vida la víctima y acabó en la captura de varios integrantes del grupo de secuestradores. Su único papel se limitó al de familiar político, preocupado, como muchos, por la ola de inseguridad y violencia que afectó a miles de chihuahuenses.

Una segunda línea apuntó a una disputa familiar, llevada escandalosamente a la opinión pública, de Alma Gracia Villazón Bustillos y su esposo Juan Iván Peña Néder, entonces un joven

político del PRI, abogado, que después transitó por varios partidos y estuvo involucrado, incluso detenido, por acusaciones graves contra otra de sus parejas; hoy es promotor y activista de un movimiento de ultraderecha.

La relación en este caso es porque Óscar Castrejón, exsubprocurador de Chihuahua y ahora militante morenista, le pidió a Etzel intervenir en el pleito que derivó en el divorcio de Peña Néder y Villazón, pero el priista se negó porque dijo no tener influencia con ninguno; además, porque Peña Néder había invitado al abogado tricolor a ser candidato por el PRD en 2006, pero también se negó rotundamente.

Una tercera línea agotada fue el de una cuantiosa demanda laboral en contra de un notario de Cuauhtémoc, Federico Hagelsieb, en la que supuestamente Etzel había sido representante del fedatario. Sin embargo, también se descartó tras comprobarse que no actuó como tal ni tuvo mayor participación, más allá de conocer a la parte demandada por su afinidad con el grupo “saulista” del PRI, que creó el exgobernador Saúl González Herrera, su tío político.

La cuarta línea de investigación surgió a partir de la declaración de Consuelo Carolina Meléndez González, sobrina del exgobernador González Herrera y prima de su esposa, quien dio a conocer que había hecho una operación para adquirir una costosa propiedad a Antonio “Tony” Elías, lo cual derivó en desacuerdos, reclamos y amenazas.

En este caso, fueron varios los abogados involucrados, tanto por parte de Meléndez González como de Elías, pero Etzel, aunque no figuró como litigante, sí era consultado por la prima de su esposa, para tener otro punto de vista diferente al de los encargados de su pleito legal.

Días antes del homicidio, Consuelo Carolina había ganado el litigio que ordenaba a la contraparte la entrega de la valiosa propiedad, lo que engrosó el expediente 18551/09, por homicidio agravado, hoy olvidado en los registros físicos y digitales de la Fiscalía del Estado. Esta teoría del caso fue la que se fortaleció, pero igual no tuvo resolución.

La casa de los complejos de Tony Elías Bachir

Es esa casa y su litigio –“la casa de mis complejos”, como la llegó a motejar el propio Elías Bachir en una entrevista con El Universal– es lo que la obra desliza como el móvil del crimen y, por lo tanto, también desliza el apellido del mexicano de origen libanés en la carpeta de los presuntos autores intelectuales y materiales del crimen, con una gran brecha de duda, dado que las investigaciones ministeriales fueron abandonadas, jamás judicializadas.

La casa construida en Quintas del Sol, sobre la Encordada de Santa Fe, en el número 4514, era conocida como “la Alhambra

de Chihuahua” o “la casa de los bombones”, por sus detalles arabescos que podían verse desde lejos y lujosos interiores relatados entre leyendas urbanas con alegorías a los cuentos de “Las mil y una noches”.

Dicha casa, cuya construcción data de la década de los 70, permaneció casi 20 años entre pleitos legales, con Elías Bachir y su familia como ocupante la mayor parte del tiempo, hasta que en algún momento, en condiciones delicadas de salud tras varios infartos, había dejado la entidad para irse a radicar a El Paso, Texas, desde donde continuó sus asuntos en Chihuahua, pero a la distancia.

En las investigaciones saldría a relucir, además del caso, el nombre de Jorge Luis Elías Orrantia, “El Yogui”, un hijo reconocido de manera tardía por Tony Elías, producto de una relación con una mujer que no fue alguna de las dos esposas que tuvo de manera formal.

Asimismo, durante las diligencias de investigación, fue encontrado un casquillo de calibre .45 en la lujosa casa, por entonces abandonada, que coincidía con el arma homicida y otras evidencias levantadas, pero la memoria privada plantea que pudo haber sido “sembrado” por la misma procuradora de Justicia, quien antes del cateo formal al inmueble, había ingresado al mismo sin orden alguna para la diligencia.

Así, las huellas del arma que mató a Etzel en San Felipe y a Cereceda en el fraccionamiento Dumas, también fueron halladas en la casa de Elías Bachir y, además, en la casa de su hijo Elías Orrantia, pero a pesar de la contundencia de los dictámenes periciales, el caso no avanzó a la judicialización.

Luego, el 24 de marzo de 2010, Elías Orrantia fue detenido por el Ejército con armas y droga, pero dicha detención, a pesar de que estaba en marcha la llamada “Operación Conjunta Chihuahua”, entre la Defensa Nacional y la Procuraduría del Estado, no fue notificada oportunamente a la procuradora.

Esa detención de un objetivo de la investigación del asesinato de Etzel la habría “echado a perder” el general comandante de la Quinta Zona Militar, Felipe de Jesús Espitia, de acuerdo a versiones extendidas supuestamente por la misma procuradora, porque “Yogui” terminaría siendo acusado de delitos federales que lo dejarían en libertad poco después, sin siquiera ser imputado por el crimen del priista, sobre el que se negó a declarar.

Del “Yogui” nada se supo después de su reclusión en un penal federal, hasta que en 2014, el 20 de octubre, cinco años después del asesinato de Etzel, su nombre terminó en una nebulosa leyenda, cuando fue atacado a bordo de una lujosa RAM 2500 en el bulevar Rivera Nayarit, junto con una mujer, Pamela Sarahí Burgos.

Versiones publicadas en aquel estado lo identificaron como parte de una célula de la llamada Gente Nueva. La información fue tan difusa que alguna asentaba que había sido llevado herido de gravedad, otra que había escapado de la agresión mientras su pareja se desangraba con un balazo en la cabeza. Su destino fue un misterio.

El río del olvido

La casa de la discordia tuvo su final relativamente feliz para Carolina Meléndez hasta marzo de 2019, cuando la vendió por más de 14 millones de pesos a Mauricio, Ricardo y José Luis Elías Ortiz, así como a Cristina del Castillo González, quienes la compraron en diferentes porcentajes cada uno.

Antonio Elías Bachir falleció en junio de 2018 fuera de México, de acuerdo a una esquela que se publicó en ese mes con los nombres como dolientes de sus hijos Jessica, Luisa María, Antonio Elías Aguirre y Cynthia Elías Medina; el nombre de Jorge Luis “Yogui” no figuró.

“No hubo imputados ni acusados. Simplemente, el caso se abandonó, se olvidó. Se dejó a la administración estatal siguiente que envió el caso al cajón de los eventos especiales pero sin resolver, que realmente constituyen el gran monumento al olvido”, asienta el libro.

“Lo que se perdió, fue la vida de un hombre de paz, un esposo y padre de familia, un profesionista y político, un hombre de palabra que no le hacía daño a nadie, que intentaba ayudar a otros con sus conocimientos del Derecho”.

Así, el expediente 18551/09 es la historia de un caso abandonado, en el olvido deliberado y en la sospecha de una gran impunidad.

“Aquí operó el principio de caso aplazado... caso olvidado”, concluye la obra, que ofrece como despedida los apuntes de cuatro personas que conocieron y trataron a Etzel Maldonado: el exgobernador panista Francisco Barrio; el director editorial de El Diario, Manuel Aguirre, excomisionado del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información; y las periodista Miroslava Breach (por colaboración solicitada varios años antes de su asesinato) y Emma de la O, directora de Hablemos de Chihuahua.