Cd. de México.- Que el Gobierno mexicano quite las minas de las huertas de limón, pidió la señora Mayra Alejandra Buenrostro, la madre de Pablo Ríos Buenrostro, el adolescente de 15 años que murió el 8 de febrero pasado cuando le explotó una mina en el plantío de limones en Santa Ana Amatlán, Michoacán, donde trabajaba.

"Quiero que quiten las minas para poder recoger los más pedacitos que hay de mi hijo, recogerlos y ponerle la cruz de mi niño donde murió", dijo frente a la Embajada de Estados Unidos, a donde llegó a pedir refugio.

"Lo único que sé que hay más minas. Hay más minas. De hecho, a mi niño me lo entregaron incompleto porque tardó el Gobierno en llegar allí y después que llegaron me dijeron 'ya no te lo pudimos entregar completo, te recogimos lo más que pudimos'. ¿Por qué? 'Porque al recogerlo, explotó otra mina', o sea que ellos saben que allí hay más minas", señaló esta mañana sobre Paseo de la Reforma.

Alejandra Buenrostro viajó a la Ciudad de México a solicitar el retiro de las minas y asilo político. Pero también que el Gobierno de Michoacán se disculpe por la criminalización que hizo de su hijo y del otro jornalero que murió en la misma explosión, José Luis Ramírez, de 43 años, que en una semana iba a casarse.

"Hay datos que pudieran sugerir que no necesariamente son víctimas", dijo la semana pasada el Fiscal de Michoacán, Adrián Solís, sobre los dos fallecimientos.

Mientras Alejandra Buenrostro solicitaba asilo en la Embajada de Estados Unidos, el Gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, negaba que hubiera hablado con el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de las narcominas en el Estado. "No hablamos del tema, ¿okey?, siguiente pregunta", apuró en su rueda de prensa.

"Nadie nos ha llamado ni para dar el pésame", se quejó Alejandra, madre de otros dos niños, de 11 y 9 años.

"Ni la Presidenta de México, que es madre, fue buena para decir, oiga, lo siento mucho, cuenta conmigo, nada", sostuvo en la mañana con llovizna. Por eso el miedo, dijo, de que las autoridades tomen represalias.

En Santa Ana Amatlán, en el Municipio de Buenavista, en Michoacán, en toda la región de la Tierra Caliente, asolada por Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios, hay muertos y minas, dijo el presidente estatal del PRI, Guillermo Valencia, quien acompañaba a Alejandra Buenrostro. Media docena de personas han muerto desde noviembre por minas enterradas, incluso militares, señaló.

"Colocamos letreros en varias partes de la Tierra Caliente declarando zona minada y el Gobierno, en menos de 24 horas, ya había quitado los letreros. Muy cerca de donde puse uno de los letreros, en una camioneta quemada por el crimen organizado, fue donde explotó la mina que le quitó la vida a Pablito", expresó el también diputado.

"Hace unos días, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue a Michoacán a presentar un programa que ella llama Cosechando Soberanía, ¿pero para quién si ya no hay campesinos, porque se fueron huyendo del crimen? Yo la invito a que eche a andar un programa que se llame 'Cosechando Minas en Tierra Caliente'", agregó.

Antes de cruzar hacia la Embajada, Alejandra Buenrostro recordó haberse despedido el viernes por la noche de su hijo, un cosechador de limones que ganaba entre 300 y 500 pesos al día y que antes había vendido bolsas de limones a 10 pesos. Ella vive en el poblado de Catalinas y su hijo, con su abuelo, en Santa Ana Amatlán.

"Le dije 'papi, te voy a dejar, cuídate mi niño y pórtate bien, no andes en la calle, pórtate bien'".

La mujer dijo que no tiene ni televisión ni teléfono y al otro día su hermana, madre de otro cosechador, le llamó para darle la noticia. "Mi niño me decía 'mami, yo quiero ser militar'. Más que nada para cuidar de nosotros", dijo ya llorando, ya humedecida por la llovizna. Uno de sus niños la abrazaba por la cintura.

En la Embajada estadounidense, Valencia explicó a través del interfón de la ventanilla de quién se trataba. "Tiene temor de que el Fiscal y el Gobierno tomen represalias en su contra por decir públicamente que eran mentiras lo que declararon'", dijo. El líder priista aceptaba lo complicado del caso desde que Donald Trump canceló las solicitudes de citas para pedir refugio.

Todavía en octubre, una hermana de Alejandra alcanzó a irse al otro lado. Le dieron asilo.

"Ella me decía que me fuera, pero yo no lo pensaba hasta ahora", recordó, mientras la encargada de la ventanilla iba por una respuesta. Veinte minutos después regresó con una tarjeta. Que pida una cita por correo electrónico, les dijo. "¿Entonces no la van a apoyar?", preguntó el priista, pero ya no hubo respuesta.

"Donald Trump dice que los cárteles son terroristas y ¿entonces qué pasa con las víctimas? El caso de Mayra pone sobre la mesa que mucho de lo que dice el Presidente Trump es una realidad, deberían de atenderlo como una prioridad y no dejarla a merced, pues no solamente de los grupos de terroristas, sino también de los que desde el Gobierno puedan tomar alguna represión contra ella", dijo Valencia.

"Yo pensé que iba a ser diferente", agregó Alejandra.