El Alcalde de Juchitán, el morenista Miguel Sánchez Altamirano, apodado "Miguel Quetu", pasó de su barrio, la Séptima Sección, a ostentar el poder municipal de Juchitán desde 2022.
Ahora, está detenido por distintos delitos como extorsiones y cobros de piso, y es ligado por autoridades con el CJNG.
Abogado, político de Morena y dirigente surgido de uno de los barrios populares de Juchitán, el morenista Miguel Sánchez Altamirano construyó su carrera de la mano del ex Alcalde Emilio Montero Pérez (2018-2021), actual titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Llegó al Ayuntamiento como secretario particular y suplente de Montero, y posteriormente asumió la Presidencia Municipal de Juchitán cuando Montero pidió licencia en noviembre de 2022.
Su trayectoria quedó marcada, durante su segunda gestión, por la intervención de la Policía Municipal y el C2 ante investigaciones sobre infiltración criminal, así como por diversos señalamientos que él rechazó.
Sus orígenes
Desde joven acompañó a su padre, también llamado Miguel Sánchez, en movilizaciones de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), una organización con presencia histórica en la política juchiteca.
Después de ello, creó la asociación civil La Populosa, enfocada en habitantes de la Séptima Sección y en población hablante de zapoteco.
Ese origen explica buena parte de la base política con la que Sánchez Altamirano construyó su carrera: un político sin bases partidistas, principalmente identificado con una zona popular de Juchitán y con una estructura social que le permitió desarrollar trabajo territorial antes de llegar al Ayuntamiento.
De suplente a candidato de Morena
Ya como Alcalde de Juchitán, el siguiente paso en su carrera fue reafirmar el convertirse en el candidato de Morena para reelegirse.
En marzo de 2024, Morena lo designó candidato. Fue postulado en candidatura común con el Partido Verde y Nueva Alianza Oaxaca, de acuerdo con los datos consignados en el perfil electoral utilizado para la elección.
En los comicios obtuvo 34 mil 304 votos, frente a 10 mil 496 de Movimiento Ciudadano, y con ello consiguió permanecer al frente del Ayuntamiento para el periodo 2025-2027.
Su registro ante la plataforma "Saber Votar" permite conocer algunos de los posicionamientos que hizo públicos durante aquella contienda.
El ahora detenido manifestó estar de acuerdo con que el Ejército continuara participando en el combate al crimen organizado y respondió que no consideraba necesario retomar un esquema de policía civil de mando único que sustituyera las labores de seguridad realizadas por las Fuerzas Armadas.
También respondió negativamente a la afirmación de que las autoridades deban combatir frontalmente al crimen organizado y evitar una "pax narca".
En otros temas, respondió a favor de capacitar y evaluar a los docentes; de mejorar los mecanismos de selección de integrantes de órganos autónomos; de proteger la libertad de expresión frente a la censura gubernamental o de plataformas por motivos ideológicos, religiosos, políticos o económicos; y de fortalecer el acceso a servicios de salud.
Bajo presión
La segunda etapa de Sánchez Altamirano al frente de Juchitán coincidió con una creciente presión de las autoridades estatales y federales sobre la estructura de seguridad municipal.
El episodio central fue la Operación Sable, desplegada en junio de 2025.
Las autoridades intervinieron entonces la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y el Centro de Control, conocido como C2.
Los 218 policías municipales fueron concentrados para someterse a evaluaciones de control de confianza, mientras que la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional asumieron temporalmente las tareas de seguridad en el municipio.
La Fiscalía también aseguró la armería municipal por irregularidades en el registro de armas.
En paralelo, el C2 fue intervenido después de que una investigación detectó que imágenes de las cámaras oficiales eran transmitidas "en espejo" a personas no autorizadas. El entonces director del centro fue detenido por delitos contra la seguridad pública.
La investigación apuntaba a integrantes de la corporación municipal y del sistema de videovigilancia.
Aquella operación no implicó por sí misma una acusación penal contra Sánchez Altamirano.
De hecho, en ese momento el fiscal estatal Bernardo Rodríguez Alamilla afirmó que no existía una investigación contra el presidente municipal y que los indicios de infiltración alcanzaban al jefe de la Policía Municipal y a alrededor de 15 elementos.
Sin embargo, a partir de esos operativos el nombre del alcalde comenzó a aparecer de manera recurrente en publicaciones y mensajes que pretendían relacionarlo con grupos criminales de la región.
CJNG
Las extorsiones, cobro de piso, homicidos y secuestros de la célula criminal por la que señalan al morenista Sánchez Altamirano está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), afirmó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
La dependencia estatal informó que "Los Cromos", grupo con el que se vinculó al Edil, operaba como brazo del CJNG en el Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con las investigaciones, "Quetu" habría participado, fomentado y encubierto actividades delictivas de esa organización mediante una "estrecha relación y nexos estratégicos" con sus integrantes.
MÁS SEÑALAMIENTOS
Uno de los episodios más delicados ocurrió después del asesinato de una pareja y su hija de seis años, cometido el 27 de marzo de 2026 en La Venta, agencia municipal de Juchitán.
La Fiscalía detuvo el 8 de abril a tres hombres por ese multihomicidio y señaló que las investigaciones también los relacionaban con una red de extorsión y otros delitos.
Después de esas detenciones circularon versiones que afirmaban que los acusados habían señalado presuntos vínculos o protección por parte de Sánchez Altamirano y Emilio Montero Pérez.
Sánchez Altamirano negó públicamente las acusaciones, y sostuvo que se trataba de una narrativa fabricada con intención política.
Montero Pérez también negó cualquier vínculo o protección a integrantes de grupos criminales.
Otro antecedente es una denuncia presentada en agosto de 2025 por Miguel Alejandro López Pérez, integrante de la organización Norma Eddie.
El denunciante acusó a Sánchez Altamirano de amenazas y afirmó que, durante un encuentro en un restaurante de Juchitán, el alcalde habría dicho que podía pagar para que lo privaran de la libertad y lo asesinaran.
La denuncia quedó registrada bajo la carpeta 23062/FIST/JUCHITAN/2025.
Hasta la publicación consultada no se había informado públicamente una resolución definitiva de ese expediente.
Crisis de seguridad
Los antecedentes adquirieron mayor relevancia por la situación de seguridad de Juchitán.
La Fiscalía estatal ubicó en abril de 2026 al municipio en el primer lugar de Oaxaca en homicidio doloso y extorsión y en el segundo en narcomenudeo.
También lo colocó en el quinto sitio entre 88 ciudades del País por su tasa de homicidios durante enero de ese año, de acuerdo con la información proporcionada.
En ese contexto, las operaciones contra las estructuras criminales se intensificaron.
La Fiscalía reportó que entre febrero de 2025 y abril de 2026 la Operación Sable había permitido detener a más de 140 personas por delitos como homicidio, secuestro, tráfico de migrantes y asociación delictuosa.
Un día antes de la detención de Sánchez Altamirano, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla informó que durante 2026 habían sido detenidas más de 200 personas en Juchitán y anunció que las operaciones continuarían para buscar a los líderes de las organizaciones dedicadas principalmente a la extorsión y el homicidio.
