Le urge definición de la 4T... a la presidenta del IEE

Faltan maestros y respuestas de Educación

Con arma futurista pegan a polis


Ni la presidenta Claudia Sheinbaum salió a dar el Grito de Independencia con un atuendo tan exagerado como la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, quien presumió un vestido diseñado especialmente para ella y, además, transformó las fiestas patrias en una exaltación de la narcocultura.

No es que llegue tarde el dato del festejo patrio en aquel rincón del estado, sino que este lunes pasado, tras haber contratado nueve grupos musicales que en su mayoría interpretaron narcocorridos, la alcaldía decidió festejar el Día Internacional de la Paz, con una contradictoria actividad en la plaza principal.

Así es, mientras buena parte del sur del estado permanece sometida por la violencia criminal, la administración municipal de la morenista decidió convertir las fiestas patrias en una celebración de aquello que mantiene aterrorizada a la población; luego procedió a actividades superficiales para dizque promover la paz.

Durante tres días de la semana pasada, 14, 15 y 16 de septiembre, se presentaron nueve bandas contratadas con la autorización de González Ábrego. Desde el escenario fue ensalzada la figura de capos y organizaciones criminales, en una región donde la violencia ha dejado muertos, familias desplazadas y comunidades despojadas de su patrimonio.

No fue un descuido o alguna canción repentina, sino toda una programación pagada por el gobierno municipal. Fue una celebración que, lejos de ofrecer un mensaje de unidad, paz o esperanza, abonó a la normalización de la violencia y la promoción de una cultura asociada con las armas, el alcohol y las drogas.

La alcaldesa no pareció advertir la gravedad de semejante contradicción ni la burla que representa esa música para quienes todavía lloran a sus familiares, abandonaron sus hogares o perdieron sus propiedades a causa de la violencia, la contratación de estos grupos no solo resultó insensible: fue una burla.

El agravio es mayor ante la estimación de que el festejo habría costado más de cinco millones de pesos; y como si el derroche no fuera suficiente, Ana Laura González apareció con un vestido que no parece nada barato, diseñado por dos mujeres dedicadas a la “alta costura” en Guamúchil, Sinaloa. A ello se sumaron los servicios de maquillista y fotógrafo profesionales.

¿Quién pagó esos lujos? ¿Salieron de los bolsillos de la alcaldesa o fueron cargados, directa o indirectamente, al erario? La ciudadanía tiene derecho a conocer las facturas, los contratos y el origen de cada peso utilizado.

La alcaldesa González Ábrego actúa como si no existieran denuncias electorales y penales en su contra, promovidas por el PRI. Desde luego, las querellas no equivalen a una sentencia, pero sí deberían obligarla a actuar con mayor prudencia, mesura y transparencia. O al menos deberían motivar a sus superiores políticos en Morena a un jalón de orejas, como mínimo. Su madrina y tutora es nada menos que la delegada del Bienestar.

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En la antesala del arranque del proceso 2027, que inicia el primero de octubre en el caso de Chihuahua, dicen que a quien más le urge la definición de la coordinación de la 4T no es a los morenistas, sino a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán.

Nos reportan que, ni lenta ni perezosa, ya tendió puentes por igual con Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez, para estar al pendiente de lo que pudiera ofrecerse, en un intento por mostrar la suficiente apertura y disposición. A Bonilla ni lo fuma.

El problema es que mientras más se alarga la definición, más difícil resulta quedar bien con todos, sobre todo cuando las denuncias pueden terminar siendo entre ellos mismos, como ya han demostrado los morenistas que pueden hacerlo.

Y por si faltara algo, al interior del IEE tampoco tendría el camino despejado Durán Prieto, porque no todas las consejerías están alineadas políticamente y algunas le votan en contra, además de que existen versiones de directores que responden a otros liderazgos.

Así, necesitará mucho oficio la consejera presidenta para sacar adelante los compromisos políticos. Y no vaya a ser que Morena no gane y, entonces sí, se le complique aquel sueño de convertirse en magistrada electoral.

Así las cosas con el árbitro de la contienda, el único que puede y debe apostar hasta que termine el partido.

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Ayer al mediodía, varios padres de familia acudieron a la escuela Aurelia Agüero Esquivel, de Residencial Universidad, para protestar por la falta de maestros para los alumnos, una constante desde el inicio del actual ciclo escolar, que arrancó bastante desorganizado.

Mientras en semanas pasadas cientos de normalistas protestaron por la falta de plazas, las quejas de las escuelas por falta de maestros siguen presentándose, porque no existe la cobertura total para todas las aulas abiertas, lo que complica la dinámica interna de los planteles y el proceso de aprendizaje de miles de niños y niñas.

Ante ello, las autoridades educativas estatales y federales no han tenido respuestas. Ni respuestas ni maestros, para ser claros, mientras, eso sí, ahora salen con propaganda de nuevas medidas restrictivas sobre el uso de celulares en las escuelas, muy favorables, seguramente, para el desarrollo de los alumnos, pero nada útiles si antes no son cubiertas todas las aulas y las clases.

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La reciente captura en Ojinaga de Octavio V. L., alias "El Tavo", sacó a la luz armas que trascienden los parámetros habituales de la delincuencia común, pertenecientes a la firma belga Fabrique Nationale Herstal, en particular los fusiles de asalto FN SCAR y FN P90, decomisados a dicho líder criminal.

En el mercado negro mexicano, un fusil SCAR puede cotizarse entre los seis mil y los 12 mil dólares, mientras que un P90 oscila entre los cuatro mil y los ocho mil dólares, muy lejos del equipamiento ordinario de células delictivas, que ya parecieran grupos paramilitares con tecnología no común.

El FN P90 representa una particularidad operativa que debiera preocupar a los cuerpos policiacos, no sólo por su arquitectura futurista bullpup, su chasis ergonómico de polímero y un cargador translúcido superior de 50 balas, sino por su cartucho especial 5.7 × 28 mm, diseñado para perforar chalecos y cascos de protección balística.

No sería nada extraño que esa arma -identificada en la foto oficial y publicada en página web- hubiera sido la utilizada contra el helicóptero, donde resultó lesionado un agente estatal.

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Que el gobierno Municipal haya trasladado, entre la noche y la madrugada, dos vigas metálicas de 230 toneladas para conformar el arco de la nueva Gaza de Incorporación en Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud, habla que la administración del alcalde, Marco Bonilla, entendió que las grandes obras de infraestructura vial no tienen por qué pagarse con horas de tráfico paralizado durante el día.

Maniobrar estructuras de esa magnitud exige una coordinación logística fina y sobre todo aprovechar las horas de menor flujo vehicular.

Ese es un esquema de trabajo continuo que rara vez ocurre, pero que ayudará a reducir los congestionamientos evitables en una de las intersecciones de mayor tránsito de la ciudad.
Qué bueno lo entienda así la alcaldía.

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El próximo 28 de septiembre, el magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, Hugo Molina Martínez, presentará ante los medios de comunicación su segundo informe de actividades al frente de dicho órgano autónomo jurisdiccional.

Dos datos que ofrecerá son clave para entender el trabajo electoral jurisdiccional local, el primero, es el 92% de efectividad en las resoluciones emitidas luego de la jornada electoral donde se eligieron a magistrados y jueces locales, combatidas ante la Sala Guadalajara y Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El segundo dato, es el 83.21% de efectividad respecto de las 417 sentencias que el Tribunal emitió a lo largo del 2025, es decir 347 sentencias no fueron impugnadas ante instancias federales.