La esposa e hijos de la víctima de homicidio culposo por el que está acusado Fernando E. I. desde el 28 de agosto, aceptaron un ofrecimiento de la defensa del imputado, el cual consiste en el pago de 1.6 millones de pesos y medidas cautelares por 18 meses a cambio de que sea suspendido el proceso judicial, según indicó el fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza.

Indicó que la familia aceptó la promesa, pero expuso que la Fiscalía no estuvo de acuerdo ya que solamente fue un compromiso de pago.

Además de reparar el daño, Fernando deberá someterse a exámenes periódicos de toxicología, no salir de la entidad y no acercarse a los parientes de la víctima, durante 18 meses para que el proceso judicial siga suspendido.

El 9 de septiembre le fue colocado el brazalete electrónico a Fernando E. I., debido a que le fue cambiada la medida cautelar de prisión preventiva, por la de arresto domiciliario, para que enfrentara el proceso judicial que tiene en su contra por el homicidio imprudencial ocurrido el 28 de agostos en la avenida Tomas Valles, en su casa, bajo el cuidado de sus padres.

Por su parte la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) presentó la apelación contra el cambio de medida realizado por el juez juan Campos.

El imputado estuvo internado en el Hospital Ángeles desde el viernes 28 de agosto, ya que fue ingresado luego de ser detenido como posible responsable de la muerte del hombre de 63 años.

El siniestro ocurrió cuando su camioneta, de la marca Volvo, chocó el sedán de la víctima, proyectándolo contra un poste y debido a la fuerza del impacto, perdió la vida.

En una audiencia celebrada en el Hospital Ángeles, fue cambiada la medida cautelar de Fernando E. I., quien ya no tuvo que ir a prisión.

De acuerdo con información de la audiencia, Fernando E. I. estaría en resguardo domiciliario, además de que tendrá una vigilancia periódica y le prohibieron salir de la ciudad.

Desde el 29 de agosto debía ser trasladado al penal, pero debido a que estaba internado en el hospital, no fue hecha efectiva la medida cautelar.

Con el acuerdo de suspensión de proceso judicial, el imputado podrá recuperar su libertad y en 18 meses, si cumple con todas las disposiciones, estará libre de cargos y su proceso judicial quedará sin efecto.