-Son custodios los más abandonados 
-Ya le salió sucesor al coordinador de Morena 
-Demandas emplayadas en tribunales federales

En poco más de dos semanas, la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Edith Escárcega Escontrías, le ha dado muchas vueltas, muchos jalones a la liga de la seguridad, para finalmente negarse a entregar las funciones de tránsito y vialidad a la autoridad estatal.
El giro no ha sido de 180 sino de 360 grados. Primero decía que sí entregaría dichas facultades a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pero decidió darle largas cuando tuvo la autorización unánime del cabildo, luego de la presión de algunos regidores para atender la urgente necesidad de reforzar las tareas de vialidad.
Luego, hace unos cuantos días, forzó al cabildo a dar marcha atrás al acuerdo para pedirle al Gobierno del Estado su intervención para suplir con policías estatales al Departamento de Tránsito Municipal, que existe en la ley, tiene presupuesto, oficinas, equipo, vehículos y demás, pero no funciona como tal, desde que fue desarticulada la Dirección de Seguridad Pública Municipal por sus posibles vínculos con el crimen.
Así, pasó de negarse rotundamente a la intervención inicial a ceder las facultades y pedir apoyo estatal, para luego regresar a su postura original de no entregar la dependencia ni las funciones, que constitucionalmente le corresponden al municipio, pero que pueden transferirse de forma provisional al estado.
Obviamente hay intereses muy gruesos metidos en el tema. No es sólo la caja chica que representa Tránsito para las finanzas municipales (y tal vez las finanzas personales de alguien en el ayuntamiento), sino otras capacidades extralegales que puede tener si no suelta el control de esas funciones.
La caja de Tránsito debe rondar los 17 millones de pesos oficialmente al año, sin contar las “mordidas”, cuotas bajo la mesa y otros negocios que pueden hacerse al amparo de la placa; negocios que no son propiamente exclusivos de los agentes o de sus mandos medios.
Lo grave no es eso, sino las otras utilidades que puede tener una corporación como tal para favorecer o perjudicar intereses de los grupos delictivos que, para nadie es un secreto, operan a sus anchas en la región noroeste del estado.
Debe ser lo que está de fondo en esa negativa, primero medio disimulada con un proceso para pedir la intervención estatal y luego reforzada con determinaciones oficiales que colocan en posición cada vez más extraña y sospechosa a la alcaldesa que quiere la reelección.

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El lamentable asesinato de José Guadalupe Medrano Rodríguez, oficial del Cereso de Aquiles Serdán, encendió un reclamo de los custodios que venía en ascenso desde hace más de un año, razón que los llevó a protestar en el penal hasta que fueron atendidos por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez.
Tuvo que acudir el titular de la dependencia, pues el general Ricardo Fernández Acosta y su tocayo Realivázquez, encargados de la operatividad del sistema penitenciario, fueron rebasados por el cúmulo de quejas de los elementos que tienen a su cargo la seguridad del centro de reclusión.
Custodios y sus propios mandos reportaron desde temprano la organización de su protesta, así como las razones que los llevan a expresarse de esa manera. Básicamente, no han sido atendidas sus peticiones de mejora que han hecho por la vía privada, así que no les quedó de otra que hacerlas públicas.
Sus reclamos son legítimos a la luz de la realidad. Son los custodios los más abandonados de las corporaciones estatales, pues sus condiciones laborales, económicas, de equipamiento y capacitación no se comparan con las que tienen los agentes de la Policía Estatal de la SSPE y los de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado.
Los elementos del Cereso 3 de Ciudad Juárez fueron favorecidos a raíz de la cruenta fuga masiva con la que inició el año 2023, pero dicen que en los otros penales la inversión en reforzar las condiciones de los custodios ha sido escasa. En Aquiles Serdán específicamente son casi cero los avances a favor de quienes tienen la delicada tarea de cuidar ese hervidero del crimen que es el Cereso.
Loya Chávez pudo apaciguar por el momento las aguas. No con promesas sino con acuerdos y compromisos evaluables, les dijo al acudir a atenderlos, en una decisión prudente y a tiempo, antes de que ese riesgoso renglón de la seguridad se saliera de control.

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La fragmentada bancada de Morena desde luego resentirá las repercusiones de la sentencia del Tribunal Estatal Electoral (TEE). La ausencia de casi todos los diputados, que dejaron medio solo al coordinador, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, fue el primer mensaje de esas consecuencias.
Así lo ven desde el partido de la 4T una vez que todos los legisladores de la fracción parlamentaria, salvo el líder, fueron exculpados por el TEE en el fallo sobre la violencia política de género que denunció la también morenista Adriana Terrazas Porras. 
Tras el fallo y las ausencias, desde ayer comenzaron las versiones de que al menos uno de los diputados, el juarense Daniel Avitia Arellanes, podría beneficiarse del descontón a Estrada Sotelo. Está más que puesto para asumir la coordinación parlamentaria morenista en la siguiente legislatura... y desde ahorita si se llega a ofrecer.
La alianza de Avitia con la Sección Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y con otras fuerzas juarenses, además de una cercanísima relación con la dirigente del partido, Brighite Granados de la Rosa, le alcanza para eso. 
Y de ahí el ser de los primeros en mostrarse desinteresado en apoyar la batalla política y jurídica de su coordinador Cuauhtémoc, quien, siendo el único que puede perder el derecho a la reelección por esta sanción, empezó a quedarse solo.
A esto hay que sumarle, dicen los morenistas, esa fragmentación del grupo legislativo que ha persistido en estos años. Aunque sean pocos diputados, casi todos tienen su secta de preferencia, bajo el cuestionado liderazgo del coordinador descalabrado por la sentencia del TEE.
Esto responde en alguna medida al planteamiento que surgió tras la cuidadosa sentencia de los magistrados electorales, Roxana García y Gabriel Sepúlveda, en el sentido del impacto político que podría tener su resolución.

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El nueve de mayo del año pasado fue emitida la declaratoria oficial que ponía fin a la pandemia del Covid 19, por el gobierno de México.
Es de suponerse que con ello terminarían también las medidas extremas de cuidado para evitar la propagación del virus, pero estaba muy lejos de la realidad esa posibilidad.
Aunque sea difícil de creer, aún en los juzgados federales hay que seguir con el ritual que la pandemia impuso.
La documentación que es presentada en la Oficialía de Partes, como por ejemplo nuevas demandas, debe entregarse debidamente emplayada o envuelta en un plástico adherible.
A esa envoltura se le pega un folio, para que con éste pueda consultarse el seguimiento de la demanda de amparo por parte de los litigantes.
En el edificio que alberga a la mayoría de los juzgados y tribunales federales, localizado en la Washington y casi Cantera, hay un espacio para que quienes interponen las demandas realicen el mencionado emplayado. 
Tienen hasta tijeras con cordón para cortar el plástico y envolver debidamente la documentación, que es colocada en recipientes traslucidos.
Esta medida se suma a la adoptada hace semanas, cuando de nueva cuenta se hizo obligatorio el uso de cubrebocas y medidas de higiene como el gel antibacterial en las instalaciones, sin noticia de algún repunte o rebrote de Covid.
Hay una especie de histeria probablemente fundada por la enfermedad, que hace más tortuoso el trabajo no sólo de abogados, sino del mismo personal jurisdiccional, que es obligado a asumir medidas de sanitización que se suponía superadas por fin de la pandemia.