El Congreso del Estado eligió a quien ocupará la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado, era de esperarse quién sería seleccionado, pues ya se sabía que era el favorito de la gobernadora, pues bien se sabe que este puesto se asigna por instrucciones del Ejecutivo estatal, es decir, si bien los diputados son quienes se encargan de votar en el Congreso del Estado, también se sabe que los mismos obedecen intereses políticos porque al final del día este puesto termina siendo un botín político.
Para qué le hacen al cuento de la transparencia en la elección de estos cargos públicos, para qué le hacen al cuento de que se va a elegir al mejor perfil, cuando bien se sabe que de los postulantes registrados muchos de ellos no cumplían ni siquiera con los requisitos que la misma Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos establece en su artículo 9.  
Incluso fue la primera vez que el Congreso local convocó a la ciudadanía a foros de opinión sobre el perfil de los aspirantes a la CEDH que se realizaron en esta ciudad y en la ciudad de Chihuahua, y que, si bien me pareció un buen ejercicio en donde se intentó garantizar la democracia participativa, la realidad, es que se convirtió en mera simulación, pues quienes debían estar escuchando la opinión de los ciudadanos no estuvieron, ya que debían ser todos los diputados y las diputadas y solo mandaron a una comisión de tres diputados, quienes supuestamente llevarían el sentir y las opiniones de los ciudadanos al resto de los diputados. Sin duda, pura pérdida de tiempo para quienes estuvimos participando en dichos foros, ya que de haber tomado en cuenta la opinión de los ciudadanos en la terna hubiera quedado el Licenciado Abdiel Yair Hernández Ortiz.
Es una lástima que la CEDH esté secuestrada y siga secuestrada, este organismo está lejos de ser autónomo. Las Comisiones de Derechos Humanos nacen por mandato constitucional y tienen como finalidad proteger los derechos humanos del pueblo, a su vez deberán conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público. Se supone que las entidades federativas deben garantizar la autonomía de estos organismos, sin embargo, está lejos de ser así.
Hay que recordar que la figura del defensor popular conocido como el defensor civitatis surge en Roma desde el siglo III d. C. en un momento político de crisis, por la necesidad de proteger a las personas contra los abusos de la autoridad y de los poderosos, sin embargo, en otras civilizaciones también se crea una figura que defiende al ciudadano frente a los abusos de la clase política dominante que integraba el gobierno. Fue hasta 1809 que fue creado el primer Ombudsman en la Constitución sueca, que era el representante del pueblo elegido por el Parlamento. Actualmente, en muchos países esta figura de defensores del pueblo o también conocidos como Ombudsman sigue teniendo la misma misión, que es garantizar los derechos de los ciudadanos frente a la administración, la cual debe gozar de autonomía e independencia funcional.

Sin embargo, la imparcialidad de las Comisiones de Derechos Humanos está en duda, porque es un órgano vinculado con el Poder Legislativo que a su vez obedece intereses del Poder Ejecutivo y, por tanto, es evidente que su independencia funcional se ve afectada por su vinculación a un poder u otro.  Es claro que la elección de la presidencia de este organismo se encuentra regulada en la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero ya es hora de que se le empiece a dar voz al pueblo, y que sean todos los ciudadanos quienes elijamos a través del voto este cargo tan importante.
Por ello es necesaria realizar una reforma constitucional al artículo 102 fracción B y a su vez una reforma a la Constitución del Estado de Chihuahua en su artículo 64 y, por supuesto, una reforma a la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, solo de esa forma se logrará una verdadera democracia participativa en donde los ciudadanos tengamos voz. Esperamos que el Licenciado González Mocken esté dispuesto a enfrentar a aquellas autoridades estatales y/o municipales que violenten derechos humanos y que esté dispuesto a defender a los ciudadanos.