-Temen empresarios un septiembre negro
-Todos por una pluri a Guadalajara
-Jaloneo con sube y baja, Anaya, Corral, Dante
La empresa General de Seguros ha solicitado derecho de réplica sobre el GPS del comienzo de esta semana, en el que hicimos referencia a una “mafia de ajustadores” que presuntamente opera en ciudades como Delicias y Chihuahua.
La aseguradora considera que en dicha columna se realizan aseveraciones y formulan hipótesis sobre las que hace algunas precisiones.
“En el texto no se mencionan casos o eventos específicos, ni información concreta, razón por la que no podemos dar una explicación y tal situación nos deja en estado de indefensión”, señala su respuesta.
“Lo que sí podemos asegurarle es que, General de Seguros actúa bajo principios de integridad, con políticas y procedimientos estrictos para el manejo de siniestros, en los que el organismo de control interno verifica y supervisa el trabajo de los ajustadores que colaboran con nosotros”.
Asimismo, asevera que tiene mecanismos de identificación de riesgos y sus controles correspondientes, como la aplicación “Ajustador Móvil”, “que aplica candados para evitar malas prácticas en el manejo de siniestros”.
General de Seguros también afirma que todos sus ajustadores pasan por un riguroso proceso de selección; todos con una cédula que expide la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que los avala para realizar sus labores profesionales.
“Aún así, estamos conscientes de que ninguna empresa está exenta de enfrentar el comportamiento indebido por parte de alguno de sus colaboradores o prestadores de servicios independientes”, reconoce.
Para ello y bajo la premisa de que sus clientes son lo más importante, dispone de una línea telefónica (800.47.27.696) a nivel nacional para recibir y atender cualquier queja, así como una línea ética 8003676237 y 811917 9005 por WhatsApp, a donde pueden dirigirse quienes tengan algún problema.
Hasta ahí la réplica de General de Seguros en torno al polémico tema de la operación de los ajustadores que, en ocasiones, trabajan y / o representan a varias empresas, tal vez con algunas prácticas cuestionables que no definen las posturas institucionales de las empresas reguladas por las autoridades federales.
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Hoy al mediodía, el vicepresidente de Centros Empresariales de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, estará en Chihuahua como parte de una gira en la que ha fijado la postura institucional de este sector sobre la súper mayoría de Morena, la reforma judicial y todo lo que implica.
Acompañado del dirigente local del sindicato patronal, Salvador “Chava” Carrejo, Sierra Álvarez encabezará una rueda de prensa con el tema de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, criticada con el argumento de que Morena y sus aliados lograron el 54 por ciento de la votación, pero recibieron el 75 por ciento de las curules federales, con lo que pueden reescribir la Constitución cuantas veces les plazca.
Ante el escenario casi igual en el Senado de la República y la casi segura ratificación que hará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del reparto de plurinominales que llevan a esa mayoría aplastante, los dirigentes de Coparmex han dejado de manifiesto su descontento, pero sobre todo su preocupación.
Dicen los empresarios, en términos muy sencillos, que el temor a esa pérdida de balance en el Legislativo no es por una cuestión ideológica o política, sino verdadera preocupación por un septiembre negro que podría estar a la vuelta de la esquina, por el impacto negativo que ha tenido la transición entre la administración saliente y la entrante, a pesar de ser del mismo signo político.
La oposición a la reforma judicial y su contenido, a un paso de lograrse gracias a la sobrerrepresentación, han generado señales por demás adversas para la economía del país, la cual podría padecer una de esas profundas crisis sexenales que parecían superadas.
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Como era de esperarse, la sentencia del JIN-506/2024 y acumulados del índice del Tribunal Electoral de Chihuahua, la cual ratificó la lista de los 11 diputados plurinominales del Congreso local, fue impugnada por seis actores y/o partidos políticos.
Estos fueron: Morena, PRI, Francisco Sánchez, Jorge Ornelas y Bonifacio Villarreal (candidato pluri y suplente del PRI, como cuota de LGTB), Daniela Pérez Abbud (candidata de Morena a diputada por el distrito local 17), Gerardo Cortinas Murra en su carácter de ciudadano chihuahuense y finalmente los defensores de la diversidad sexual, Mario Alberto Ramírez, Adriana Domínguez y el colectivo Aliados sin Etiquetas.
Veremos entre el viernes y sábado qué será lo que resuelva la Sala Guadalajara del TEPJF, que según el librito jurídico será difícil que muevan la lista de los 11 pluris, dada la ratificación del acuerdo del IEE por parte del TEE.
Con esto prácticamente el TEE termina su labor jurisdiccional en materia de medios de impugnación con relación a la jornada electoral del pasado dos de junio.
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Bajó de último momento la Sala Superior la discusión de las impugnaciones en contra de la distribución de senadurías plurinominales. Solo resolvió, como era de esperarse, las diputaciones federales, casi sin mover una coma al dictamen enviado desde el Consejo General del INE.
El asunto está muy jaloneado en el caso de senadores, no sólo por el tema de Javier Corral, sino por el de Ricardo Anaya y el de Dante Delgado; están peleando los partidos con uñas y dientes esas posiciones, por lo que no podría descartarse una sesión hoy mismo, para resolver los recursos existentes, sino es que ya se realizó por la noche ya tarde, de manera extraordinaria.
Podría haber por parte del Tribunal Electoral una decisión salomónica, política no jurídica, ya sea autorizando las senadurías de Corral y Anaya, ambos en idéntica situación, con orden de aprehensión en su contra, o bien, negándolas. Por ahí podría caminar el tema.
Pero también podría el Tribunal, simplemente negar a Anaya y autorizar a Corral, pero eso polarizaría aún más el panorama nacional, con un Poder Judicial en paro y movilizaciones por todo el país. Igual, ya encarrilados, cuál sería el problema.
Está pendiente la senaduría de Dante Delgado, quien se quedó sin ella debido a una interpretación de igualdad de género, con quien también hay jaloneo, hasta porque dos de sus senadoras electas, bien podrían ser parte de la negociación para lograr la mayoría calificada por Morena, Alejandra Barrales y Amalia García.
Entonces tendría que haber sesión no sólo antes del viernes, porque hoy a las 11 de la mañana está programada la sesión constitutiva, por lo que después de esa hora sería tarde para cualquier decisión, ya que sería un hecho consumado.
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El alcalde Marco Bonilla es un obsesionado con las estadísticas y mediciones externas de su administración. Siempre busca saber si hay avances o retrocesos.
En ese sentido, en tres años, casas encuestadoras, asociaciones civiles y empresariales, han medido el trabajo del gobierno municipal; y en la mayoría, ha salido bien librado.
En el caso del sector privado, Bonilla Mendoza al inicio de su administración registró sus compromisos en la Plataforma de Inteligencia Competitiva (PICSP) y en su última sesión del mes de marzo, antes de solicitar licencia, le informaron que tenían registrado un cumplimiento del 80%. La cifra final la conoceremos hasta el 18 de septiembre.
El porcentaje de avance registrado en esa plataforma coincide con el porcentaje de avance interno que se tiene del Plan Municipal de Desarrollo, que a la fecha registra un 97% del total de los compromisos adquiridos con los chihuahuenses, lo que significa que ha cumplido a la ciudadanía.