La semana pasada, en la primera entrega del presente artículo, apunté cuatro de los principales cambios de la reforma judicial, siendo el principal cambio y más polémico, el que los jueces, magistrados y ministros del país serán designados por todos los ciudadanos por votación, como se eligen a los legisladores y gobernantes.
Junto con esos cuatro cambios, el quinto que considero importante es la creación de un órgano de administración judicial compuesto por cinco miembros o consejeros que durarán seis años en el cargo, quienes, a diferencia de los jueces, magistrados y ministros, no serán votados, sino que serán designados por el Presidente de la República (un miembro), el Senado de la República (un miembro) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (tres miembros), el cual estará a cargo de la administración, carrera judicial y control interno del Poder Judicial Federal, funciones que ahora hace el Consejo de la Judicatura Federal y que no ha podido evitar el nepotismo y el tráfico de influencias en la carrera judicial.
Como quinto cambio relevante es que se sancionará a los jueces que no justifiquen su inactividad en los juicios, con lo que los obligará a cumplir con los tiempos procesales, a diferencia de ahora que no los respetan y no existen sanciones, sobre todo en materia tributaria y penal, donde para el primer caso se establece un plazo máximo de seis meses y para la segunda materia de máximo un año, si la pena de prisión contemplada para el delito de que se trata excede de dos años, y de cuatro meses el plazo si no excede de dos años, salvo que el imputado solicite más plazo para su defensa.
El sexto cambio también importante es que la renovación aplicará para todas las y los jueces del país, obligando a los estados a que en el 2027, como plazo máximo, renueven a todos sus jueces locales por medio de votación, y la creación de su Tribunal de Disciplina Judicial y de Administración, ahora sí independientes completamente del Poder Judicial y no como ahora que la Presidencia del Consejo lo ocupa la Presidenta de la Suprema Corte, que ha hecho no sólo ineficaz, discrecional y cómplice del nepotismo existente en todo el poder judicial federal. 
Con esto, se advierte un cambio total al poder judicial del país, en su manera de ser designados, disciplina y vigilancia, administración y remuneración, con percepciones ahora sí racionales y sin excesos, entrando en una nueva dinámica donde se asumirán ahora sí como servidores públicos de la sociedad, con responsabilidad ante ella, pues ese ha sido el gran problema del poder judicial, que se alejaron de la sociedad ante su autorregulación, falta de sanción en su actuar, así como su propia composición, que derivó en un nepotismo exagerado, convirtiéndose en una casta del servicio público.
Por supuesto que los cambios siempre asustan y generan reacciones, sobre todo de quienes quieren conservar sus prerrogativas, en el caso de los jueces, magistrados y ministros, que son los únicos a los que se renovarán, pero su interés particular no puede estar por encima del interés general, y más en un tema que desde años la sociedad reclama un cambio, que no ha ocurrido, por lo que se entiende perfectamente la reacción, aunque no se justifica, del paro de labores, de los jueces, magistrados y ministros.
Lo que no se entiende, es como algunos abogados y estudiantes, salen a defender a un poder judicial que no es ni autónomo ni independiente, y quienes hemos litigado en tribunales lo sabemos, pues basta con ver las designaciones de los jueces, magistrados y ministros, las cuales son, en su mayoría, por una cúpula y decisiones políticas, en lo oscuro, como ocurrió en Chihuahua con los magistrados que designó César Duarte, sin experiencia en el litigio ni en la carrera judicial, pero eso sí, todos amigos suyos, por supuesto políticos.
Quiero suponer que el miedo es por la desinformación, pues incluso piensan que harán campañas normales y no es así, pues únicamente contarán con el tiempo oficial de radio y televisión del INE, prohibiendo propaganda y recorridos como los políticos, mucho menos espectaculares o anuncios pagados, pues se prohíbe cualquier gasto público o privado. 
Sin duda las campañas políticas expondrán a todos los candidatos a jueces, magistrados y ministros, si no están preparados para el cargo o si tienen algún nexo familiar con algún político, así como sus antecedentes de corrupción o mala fama, con lo que, a diferencia de como ahora ocurre, todo se transparentará, desde el proceso de selección de candidatos el cual será público y transparente, hasta las campañas, pasando por un filtro evaluador de su experiencia y conocimiento. 
Ojalá y que con esta reforma judicial al fin suceda en México lo que tienen plasmados todos los tribunales federales del país y que el nepotismo, tráfico de influencias, falta de sanciones y falta de vigilancia de dicho poder no ha permitido (por sus jueces, magistrados y ministros): “Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario”, frase célebre de José María Morelos y Pavón (1765-1815), el Siervo de la Nación.