-A esperar el detalle concreto en universidades

-Cansancio ante recorte para nuevo paro judicial

-Engordó agresor el recurso de 11 hojitas

Será un mundo de candidatos los que tendrán que salir en junio del próximo año a realizar campaña y que aparecerán en la boleta de elección de jueces y magistrados locales, más los que se acumulen en el ámbito federal.

El documento preliminar de lo que sería la reforma judicial a nivel local, tiene como destinatarios 30 puestos de magistraturas y 258 de juzgados, que multiplicados por nueve -tres candidatos por cada Poder del estado- da la cantidad de 270 aspirantes a magistrados y dos mil 322 a jueces. Un mundo.

Imaginemos la papeleta que deberá ser impresa.

Aún y cuando pareciera que es un copy paste el documento circulado en relación con la normativa federal, trae cuando menos un detalle.

No habrá necesidad de acompañar a la solicitud las cartas de vecinos con recomendación de buena conducta. No vimos el requisito.

Pero sí contiene lo del ocho de calificación general y nueve en las materias de especialidad, por ejemplo, penal, civil, etc.

En el procedimiento hay que tomar en cuenta que deberán estar las definiciones de candidatos en el mes de febrero, ya entregados al Instituto Estatal Electoral, después del filtro de la Comisión de Selección y una insaculación en su caso.

La elección sería el primero de junio y la toma de protesta el primero de septiembre.

Lo que es cierto es que ya van tarde. Inclusive el borrador está rebasado por los mismos tiempos expresados, porque desde septiembre pasado debería haberse instalado el IEE, lo cual no ha ocurrido ni de chiste.

Todo esto amén de que hay diferencias con el PRI, quien se dijo sorprendido por el borrador circulado.

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El dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública de la Cámara de Diputados es un gran acertijo.

En el tema de las universidades públicas clarifica con todas sus letras los recursos para las grandes instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con siete mil millones o la Universidad Autónoma Metropolitana con un mil 700 millones, recursos adicionales.

Pero de las universidades estatales sólo habla de un fondo común de dos mil 300 millones, de donde se supone llegarán los dineros que necesita la UACH y la UACJ para alcanzar al menos su equilibrio financiero, algo así como 300 millones en conjunto.

La incertidumbre para ambas instituciones acabará en una semana cuando quede definida la participación concreta de recursos para cada entidad federativa.

Mientras tantos el nerviosismo persiste, porque no hay buenas señales en el presupuesto autorizado en la Comisión, con reducciones en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en el Instituto de la Mujer, en el abandonado Servicio Postal Mexicano y en el Instituto Nacional de la Mujer.

Son temas estos indudablemente sensibles que a la 4T no le causa rubor mutilar, sin pensar que van acumulándose agravios.

Los datos son públicos, los tenemos en capturas de pantalla que publicamos en nuestra edición digital.

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Hay afectaciones para los derechos de los trabajadores del Poder Judicial con los recortes anunciados al Poder Judicial, por elemental lógica.

Son 714 millones de pesos, el 12 por ciento menos de lo solicitado para la Suprema Corte, y 13 mil millones menos para el Consejo de la Judicatura; ahí el recorte es del 17 por ciento.

Ocho de cada 10 pesos solicitados corresponden al capítulo 1000, sueldos, salarios y prestaciones, por lo que la reducción afectará la continuidad operativa de la Corte y del Consejo de la Judicatura federal, y pone en riesgo el cumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores, reza un comunicado enviado el pasado diez de diciembre por la SCJN.

Pasaron dos días y de inmediato hubo reacción de la parte trabajadora. La sección XXVII de Puebla, perteneciente al VI circuito, ya están en paro laboral, desde el pasado jueves.

“Es un hecho conocido por la sociedad el anuncio de los legisladores federales en cuanto a una reducción … situación (que) incide de manera directa en las percepciones laborales de los trabajadores al grado de poner en riesgo el empleo con el cierre de órganos jurisdiccionales”, alegan los trabajadores.

Para el secretario de la mencionada sección sindical, Gregorio Romero, hay transgresión al artículo décimo transitorio de la misma reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, y que compromete la palabra de los legisladores, en el sentido de respetar los derechos laborales.

Quien sabe si prenda la mecha en otras secciones. Tal vez cuando les caiga el veinte y pase la euforia con la cuesta de enero, después del distractor de la navidad, con el pavo, aguinaldos y demás.

Aquí nadie ha dicho esta boca es mía.

Hay cansancio, pareciera que no ven utilidad en una nueva reyerta opositora; en la memoria está presente que terminaron solos, apenas un puñado de personas en las últimas manifestaciones.

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De pechito está el delegado regional de la poderosa Secretaría del Bienestar en Nuevo Casas Grandes, Mario Saldaña, con el bodrio de recurso interpuesto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Limita sus alegatos a manifestar como agravios las sanciones impuestas -la disculpa pública, la inscripción en el padrón de violentadores y la vista al órgano interno de control-, justificándose en que las manifestaciones realizadas en contra de la ex síndica Venus Olmos, las hizo en el marco de su libertad de expresión.

Alega también que las publicaciones en redes sociales ya no existen, fueron dadas de baja, confirmando que se hicieron y que él mismo y quienes le sirven, dentro y fuera de la delegación, las realizaron. A confesión manifiesta, relevo de pruebas, dicen los abogados.

Es más, tiene el lujo de incluir la sentencia dictada por el Tribunal Estatal, lo que muestra el evidente desconocimiento y técnica jurídica, ya que dicha autoridad jurisdiccional envió dicho expediente completo -no solo la sentencia- con el informe rendido al momento de enviar su recurso a Guadalajara.

En la sentencia del TEE chihuahuense van no menos de veinte fojas con capturas de pantalla de conversaciones en whats app y de redes sociales, para reforzar la denuncia que en su momento presentó Olmos.

El mismo recurso interpuesto apenas al límite el pasado lunes, parece que será el clavo final en la novela iniciada desde hace casi dos años.

Va a enfrentar Saldaña con todo el rigor los criterios que protegen a la mujer de violencia política, con principios como por ejemplo revertir la carga de la prueba, de la denunciante al denunciado, aspecto que ni por asomo alcanzó ni alcanza a ver el mencionado funcionario federal, que podría tener su tiempo contado en el cargo.

Engordó el recurso innecesariamente, de 11 hojitas con sus alegatos, lo creció a 185, con puros elementos que juegan en su contra como pesada lápida.