-Notarios en papelones y líos penales
-Le explotó bomba presupuestal al alcalde
-Recetan de nuevo sanción a violentador

Otro caso preocupante de la violencia y los delitos relacionados con los giros negros está en el bar “La Mentira”, de ubicación céntrica en la avenida Tecnológico, entre la Agustín Melgar y Pascual Orozco.
Muy entrada la noche del pasado sábado, cuando varias unidades de la Policía Municipal eran movilizadas para atender unos reportes de asalto por parte de sujetos en motocicleta, al lugar arribó una pareja de hombres para amenazar a los encargados, precisamente en moto.
Hubo algunas confusiones entre los supuestos asaltos y la movilización al centro nocturno, pero finalmente fue confirmada una amenaza directa al lugar, por parte del par de sujetos que rondaron un rato por ese sector de la Magisterial Universidad.
Llama la atención el hecho porque a mediados del año, los primeros días de julio, en ese sitio fueron asesinados a balazos Víctor Eduardo R. L y Manuel R. R; ambos fueron atacados a tiros por varios hombres armados.
Fue un ataque directo a las víctimas, no una agresión indiscriminada al negocio, clientes o sus empleados.
Después, pudo conocerse que uno de los ejecutados, Víctor Eduardo, era un presunto sicario buscado por la Fiscalía General del Estado, con orden de aprehensión debidamente obsequiada por un juez penal, por otro homicidio.
Los datos de la investigación que en su momento hizo públicos El Diario muestran que la víctima de “La Mentira”, era considerado responsable de matar a balazos a dos personas el dos de septiembre de 2023, en el exterior del bar Mavericks de la avenida San Miguel El Grande.
Tenía la orden en firme porque fue identificado en un video del doble asesinado, cometido junto con otra persona.
Hasta donde sabemos, no está vinculado el hecho de las amenazas recientes con el caso de violencia pasado, pero es sin duda una señal de alerta de lo que está ocurriendo en los antros, en ubicaciones más céntricas y supuestamente seguras.
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No cierra muy bien el año el gremio de los notarios -en el Distrito Judicial Morelos, específicamente- porque algunos de sus ilustres integrantes han fallado en los requisitos esperados para el perfil de quienes tienen la tarea de la fe pública, delegada por el Poder Ejecutivo directamente.
Este año que termina, cuando acaba su gestión Felisa Olinda Sáenz Sepúlveda como presidenta del Consejo de Notarios del Estado de Chihuahua, ha marcado a dos de los representantes del gremio en la capital.
Primero fue Pedro Castañeda, notario público número 28, el que apareció en las notas rojas por violencia familiar a principios de octubre.
El fedatario fue detenido por la Policía Municipal y consignado a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer (FEM), pero no llegó ante el juez. Terminó desestimándose la causa, dado que hubo arreglo previo con la pareja; fue un caso lamentable producto de una relación sentimental conflictiva y violenta, en la que fueron dos los agresores y víctimas al mismo tiempo.
Para cerrar el año, antes de Navidad vino el amparo del notario público número ocho, Héctor Navarro Manjarrez, protegido con la suspensión provisional dictada dentro de un juicio de amparo que promovió para evitar ser detenido por el delito de fraude.
El asunto, por lo que hemos confirmado, tiene también que ver con una relación familiar problemática y compleja, en la que el notario terminó como posible responsable del ilícito, agravado por su posición pública.
Si bien ambos casos corresponden a la esfera privada de la vida de ambos, los notarios son, en esencia, servidores públicos a los que el Ejecutivo les delega la función de formalizar trámites y dar fe de actos jurídicos de los más variados, desde el testamento de una persona hasta la fundación de un negocio o empresa.
De ahí que debe esperarse de ellos un comportamiento honorable y ejemplar para la sociedad, en todos los aspectos de su vida. De ahí, también, el cuestionamiento de qué hace el gremio de los notarios, organizado en consejos y colegios, para autorregularse.
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Si alguien conoce a un buen operador político, debería recomendárselo al alcalde de Saucillo, Fito Gardea, para que ya no sea el hazmerreír de los presidentes municipales en la región centro-sur.
El panista, al que le sonrió la fortuna con la coalición formada entre el PAN, PRI y el extinto PRD, ya no aguanta lo duro ni lo tupido los últimos días; lo último fue el rechazo a su proyecto de Presupuesto de Egresos 2025, al que le dieron palo los regidores.
Y es que no sólo son los representantes de los partidos de oposición, léase Movimiento Ciudadano y el PT, sino también los suyos que llegaron en la alianza y hasta los del PAN, le negaron el voto de confianza para su plan de gasto.
Los nombres de los que protagonizaron este hecho inédito en la historia política de Saucillo son: Jesús Manuel Sánchez del partido naranja; del PRI Mayra Yanet Olivas, Gonzalo Olivas y Perla Ivón Torres; del Partido del Trabajo, María de la Luz Hernández; de México Republicano Verónica Macías; de Morena Ingrid Morales y del PAN, Alma Montañez.
Todos ellos le hicieron corralito al alcalde y votaron en contra en la sesión de cabildo del pasado domingo, para que con sus nueve votos pusieran “out” la propuesta oficial; eso significa que deberá ajustarse al de 2024, con los precios más caros de 2025.
Aunque los sublevados -como ya se les llama- han dicho que su postura fue porque el presupuesto se los dieron al 15 para las 12 y al revisarlo contenía la creación de nuevos puestos y nulo recurso para enfrentar la sequía del año entrante, los que saben señalan que todo se originó por qué no les dieron luz verde a un incrementazo del 57 por ciento en sus ingresos.
Por este hecho extraño en la historia de los municipios, ayer un grupo de ediles estuvo en Delicias en una rueda de prensa, para explicar la decisión tomada, deslindándose de la petición del incremento en sus dietas, actualmente de 18 mil pesos mensuales.
Pero espere, no sólo fueron los regidores los que le arruinaron el fin de semana a Fito Gardea, sino también la sorpresiva renuncia del director de Seguridad Pública, César Márquez, quien provenía de la Visitaduría de Derechos Humanos en Delicias; ahora deberá iniciar los trámites para elegir al nuevo titular, pero si no sabe construir mayorías, quién sabe qué les espere a los habitantes.

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Lo dijimos en este espacio con mucha antelación, que más le valía a Mario Saldaña, el delegado del Bienestar en Nuevo Casas Grandes, darle para adelante a la sanción impuesta por el Tribunal Estatal Electoral, antes de ir a la Sala Guadalajara, donde ya tenían muy conocido su expediente, porque lo han resuelto en dos ocasiones.
En el mes de marzo conocieron los magistrados del asunto, cuando el Tribunal Estatal Electoral declaró inexistente la Violencia Política de Genero en contra de la entonces síndica Venus Olmos, en la sentencia del asunto PES-012/2023.
A dicha resolución recayó la primera sentencia en términos reales contra Mario, porque la Sala Regional le ordenó al TEE reponer el procedimiento y emitir resolución conforme a criterios de Violencia Política de Género.
Apenas el 30 de noviembre pasado, el Tribunal local volvió a resolver, en esta ocasión, sentenciando al delegado federal regional a una serie de sanciones, inscripción más de medio año en listados de violentadores, disculpa pública, etc.
Ahí es donde el funcionario tendría que haber aceptado y cumplido, pero no; recurrió la sentencia, para lo cual tenía todo el derecho, pero lo hizo muy mal, negando de manera lisa y llana, lo cual consideró la magistrada Gabriela del Valle Pérez, como una mera frivolidad.
Lo dejaron clavado al delegado sus asesores jurídicos, que trataron absurdamente enviar a la denunciante la carga de la prueba, cuando hay criterios firmes de todo lo contrario; incluso trató de escudarse inútilmente en la libertad de expresión.
Ahora, con la resolución de la Sala Guadalajara, emitida pasadas las tres de la tarde del viernes, ya no hay argumento sólido que lo sostenga en el cargo, con la pesada loza de una declaración oficial de violentador.