-Las muertes y los médicos “patito” del Central

-Destraba Santiago conflicto de El Oro
-La clave estará en los sellos de los paquetes
-Charolazos en suspensiones de Coespris

El doctor Jorge Borunda, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos Plásticos del Estado, tal vez se quedó cortito con el desplegado publicado ayer, en el que denunció el fraude académico y la aberración médica del curso “patito” de Cirugía Plástica del Hospital Central.
Fue dura la denuncia porque, desde 2017, el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, la mayor autoridad en la materia en todo el país, había señalado las irregularidades en la formación de médicos del nosocomio dependiente de la Secretaría de Salud y de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en los peores tiempos para la máxima casa de estudios, entonces bajo la rectoría del fervoroso corralista, Luis Fierro.
Tenemos en versión digital de GPS la demoledora conclusión de la revisión que hizo del curso el consejo nacional, entonces dirigido por el reconocido cirujano Arturo Ramírez Montañana, en la que reprueba dicha especialización. De ahí el calificativo de “patito”, no es gratis.
Ahora, a la vuelta de los años, el colegio estatal evidenció las consecuencias de esa formación deficiente; desde luego, también desconoció directamente como profesional del gremio al doctor Jonathan L., acusado de la muerte de la paciente Dora Isela Ch., mujer de 45 años fallecida tras una intervención en el irregular Centro Médico Colón.
Pero detrás de ese reclamo público muy institucional y respetuoso para las autoridades, a las que exhortó a revisar de nueva cuenta el curso “patito” para clausurarlo de forma definitiva, hay un macabro historial que manejan al dedillo los profesionales de la práctica médica plástica, reconstructiva y estética.
Los médicos nos reportan que además de Jonathan, otros médicos formados en el curso del Central, dirigido por el doctor Humberto García Ramos, han enfrentado señalamientos y escándalos precisamente por prácticas cuestionables en nosocomios o instalaciones inadecuadas.
Están vetados por los verdaderos profesionales de la cirugía plástica, por ejemplo, los doctores Óscar García Ballesteros, Jorge Muñoz, Jesús Gardea y el propio Baeza Ramos, todos, como el más recientemente acusado, formados en el nosocomio; algunos con cirugías muy complejas sin terminar la ligerona especialidad.
Si bien cualquier cirugía conlleva riesgos, incluido el de la muerte del paciente, las prácticas inadecuadas elevan innecesariamente los peligros y derivan en decesos que pueden evitarse, de ahí la seriedad del tema y la gravedad de que el Central mantenga su cuestionada especialización.
No por nada, pues, los colegiados de reconocido prestigio han elevado la voz y, nos aseguran, no van a quitar el dedo del renglón para exhibir y sancionar a esos médicos que incurren en conductas casi criminales.

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En Palacio de Gobierno terminó resolviéndose el conflicto de los trabajadores del municipio de San Francisco del Oro, a los que el alcalde Arturo Huerta Luévano dejó de pagarles sus quincenas debido a que quebró, así literalmente, a la administración pública.
El presidente municipal saliente, al que seguramente habrán de caerle causas administrativas y tal vez hasta penales por el desparpajo con el que manejó el presupuesto, endeudó por encima de su capacidad al gobierno; hundido hasta el cuello por los intereses, dejó de pagar hace meses la nómina y todos los servicios, hasta que tronó el problema y llegó al Gobierno del Estado.
Tras días de negociaciones, nos reportan, el pasado lunes fue el alcalde electo, Jorge Salcido Sáenz, a cerrar un convenio con el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, quien logró darle salida al problema con un acuerdo que implica el apoyo estatal a los trabajadores y a la autoridad municipal.
De la Peña Grajeda y su coordinador de asesores, Andrés Pérez Howlet, fueron quienes condujeron las pláticas para restablecer financieramente al municipio; entre los acuerdos alcanzados, los sindicalizados cobrarían a partir de ayer tres quincenas atrasadas y los de confianza sólo una, mientras que en agosto, será al revés, para avanzar en la meta de dejar tablas la caja al terminar la administración.
Bien por la intervención estatal, pero ni la Auditoría Superior del Estado ni la Fiscalía Anticorrupción, ambas autónomas, deben dejar pasar el problema como si nada, que tiene nombre y apellido. Sin duda se pondrán las pilas; no hallan al prófugo exsecretario de Hacienda, que de andar paseando muy a gusto en los Estados Unidos, pero serán inflexibles con el ex del Oro.

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Deberá la ponencia de la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Roxana García, revisar con lupa el tema de los paquetes electorales de Guadalupe y Calvo y Ocampo, que desde un punto de vista simplista debieran ser anulados por la simple razón del rompimiento de la cadena de custodia.
Y decimos que deberá existir especial cuidado, porque hasta el momento no se ha determinado en qué condiciones estaban los paquetes al momento de ser capturados por integrantes del crimen organizado.
Es decir, si los paquetes tenían los sellos respectivos y estos estuvieron inviolados, aún con el secuestro que sufrieron o bien, si hay una clara violación en los sellos y pudiera existir por así decirlo un número elevado de votos nulos, por ejemplo.
Ambos asuntos le tocaron a Roxana, quien tiene todavía tiempo para resolver, pero no mucho, por lo que ya hemos indicado con antelación, que ambas impugnaciones terminarán en Sala Guadalajara.
Ayer debió resolverse el asunto de Belisario Domínguez, donde era un solo voto el que otorgaba el triunfo en la sindicatura.
Ocampo y Guadalupe y Calvo esperarán un poco más, mientras siguen saliendo los asuntos que son de mero trámite, por la inexistencia de elementos para revocar la constancia de mayoría entregada por el Instituto Estatal Electoral, que está más que firme.

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Las fotografías mostradas ayer en la conferencia de prensa dictada por la Coespris son de auténtico asco, y corresponden a locales donde son fabricados productos comestibles, productos milagro e inclusive, pertenecen a restaurantes que han recibido suspensiones y clausuras.
Los propietarios han charoleado a diestra y siniestra, amenazando con despedir a través de influencias, a los inspectores de la dependencia que han osado llegar al extremo de cerrar locales, por el cochinero existente.
Son una veintena de imágenes, solo una muestra la presentada por Luis Carlos Tarín, el titular de la dependencia, que dice están cansados de la manera en que se manejan estos abusones restauranteros y “empresarios”.
Las imágenes son más que elocuentes, lugares nauseabundos, manejo inadecuado de alimentos, falta de higiene en general.
El tema no fue el asunto por el cual estaba citada la conferencia de prensa, que fue el de los productos milagro decomisados en muchos negocios, que inclusive los traen del extranjero, para ofertarlos sin cumplir con las reglas existentes.
Esos productos no llegan del cielo, sino que pasan por las aduanas, en un gran boquete de corrupción existente, hasta la fecha.
Tenemos también imágenes de etiquetas en inglés, de esos productos decomisados, que fueron mostrados sobre el escritorio del pequeño salón donde son realizadas las conferencias de prensa, en la planta baja de Palacio de Gobierno, para que no quede duda del respaldo que traen esas acciones desde las alturas de dicho recinto.