-Confunden su misión en la Zona Centro
-Estrangular o no al Trife con pateo del bote
-Para CNDH son blancas palomas los de la GN

De la Secretaría de Turismo reportan que tardó, pero ya su titular, Edibray Gómez, hizo rodar la cabeza del administrador corralista que mantuvo empoderado en la dependencia durante largos meses, José Luis Prieto, a quien le achacaban variadas transas, desde las pequeñitas hasta las más grandotas.
Rescatado de uno de los peores agujeros del corralato, el que tenía Gustavo Elizondo en Obras Públicas, el ahora exfuncionario traía algunos señalamientos en contra que habrían llevado a darle las gracias no tan cortésmente.
Una de las transas habría sido la renta de casi un centenar de computadoras a espaldas de Gómez Gallegos. Además, le atribuyeron beneficiarse con la transacción del edificio de la dependencia, elevada en esta administración a secretaría, independiente de la de Innovación y Desarrollo Económico.
Prieto también había sido señalado por la turbia maniobra junto con el gerente de El Heraldo, Alfredo de la Torre, para usar el estacionamiento del abandonado cascarón que ocupa dicho periódico, debido a que los negocios u oficinas por la avenida División del Norte y Universidad carecen, en su mayoría, de espacios adecuados para sus usuarios.
Lo más grave es que traía subejercicio de recursos de la dependencia y había perdido, además, dinero federal por no ejercerlo en tiempo y forma, lo que resulta imperdonable en estos tiempos que demandan efectividad  del gobierno y cero negligencia; si casi para nada hay recursos federales disponibles, perder los pocos que llegan es un crimen.
De ahí, pues, que le dieran las gracias al ahora exfuncionario. Ahora respira tranquilo el buen Edy porque batalló para sacudirlo.
***

A casi cuatro meses de ocurrido el asesinato del joven Gabriel Alejandro D. A., la madre de la víctima acudió el pasado martes a Palacio de Gobierno, con el fin de evidenciar las irregularidades en las que incurrió la Fiscalía Zona Centro en la investigación de este crimen.
La mujer que carga con la pena no ha quitado el dedo del renglón en su demanda de justicia. Con todos los elementos ha señalado a policías estatales de investigación de brindar protección a los atacantes, Édgar R. y su hijo Bryan R., ambos prófugos de la justicia de una forma que no se explica sin la complicidad de las autoridades.
A esas irregularidades debe sumarse la cuestionable liberación de otro de los presuntos participantes en el homicidio, Diego Z., quien había sido vinculado a proceso penal tras los hechos del dos de marzo, pero dos meses después el magistrado penal Jorge Ramírez revirtió el auto y ordenó su liberación, con lo que remachó la impunidad favorecida desde la Fiscalía desde el comienzo de las investigaciones.
Ahora, según lo reveló el propio fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, el caso fue transferido a la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de la FGE, donde despacha Arturo Velasco, para ver si desde esa instancia sí avanzan las investigaciones.
Sin embargo, entre más tiempo pasa, lo sabe cualquier investigador de medio pelo, más complejo es resolver cualquier crimen, así que la tardanza en la reacción favorece finalmente a los delincuentes.
El caso es una muestra de cómo en la Fiscalía llegan a confundir su misión investigadora con la de traficar influencias para incrementar la impunidad y acercarle asuntos a despachos de abogados, como si el Ministerio Público fuera negocio privado.

***

Está dejando el Tribunal Estatal Electoral los asuntos más peliagudos del proceso comicial del dos de junio para la semana próxima o a más tardar, para dentro de unos diez días. No creemos que pateen el bote más allá, porque deben dar chance a que los asuntos vayan al Trife y regresen.
No hay ley que los obligue, pero por cortesía institucional, deben permitir un cierto tiempo holgado a la Sala Guadalajara para evitar ahorcarlos, sobre todo cuando traerán carga de trabajo del resto de las entidades de la circunscripción.
A dicha Sala, presidida por el magistrado, Sergio Arturo Guerrero Olvera, corresponden, además de Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. 
Aún y cuando cada una de dichas entidades tiene sus problemáticas, no hay en estos momentos ninguna como la de Jalisco, donde serán las impugnaciones de Morena por la elección de gobernador, diputados, senadores, etc., las que causen mayor estrés, por el juego duro que utilizan.
Más allá del andamiaje político, con la presión que ejercen desde el gobierno federal, el púlpito de las mañaneras, secretaria de Gobernación Unidad de Inteligencia Financiera, y más, Morena sin rubor sale a la calle a desestabilizar e incomodar, provocando enfrentamientos físicos directos.
Luego entonces, con seguridad el Tribunal de Chihuahua le correrá la atención al magistrado Guerrero, para que vaya ya resolviendo lo que pudiera caerle desde esta entidad norteña, que con seguridad serán algunos, no sólo los polémicos tres de Guadalupe y Calvo, Ocampo (ambos ayuntamiento) y Belisario Domínguez (síndico).
Estarán en la fila las elecciones del distrito 1 de Nuevo Casas Grandes, donde América García no se quedará con la derrota tan tranquila, más lo que se agregue, aún y cuando sólo sea por capricho personal.

***
Ahora resulta que para la Comisión Nacional de Derechos Humanos pareciera que no hay violaciones de derechos humanos en la actuación de la Guardia Nacional en el estado de Chihuahua.
Revisamos la página, utilizando en el buscador las palabras claves Guardia Nacional, y no aparece ninguno de los sucesos donde han muerto civiles a manos de los elementos de la corporación federal.
Ni el asunto de los jóvenes de Jiménez asesinados el año pasado, el primero de enero, identificados como Luis Fernando M.B. y Mauro Miguel R.S., de 24 y 20 años de edad.
Ni el homicidio de Jesica Silva, del ocho de septiembre del 2020, ni las lesiones casi mortales provocadas a su esposo aparecen en la mencionada base de datos de recomendaciones.
Hay otros asuntos criminales donde los elementos de la Guardia han estado involucrados, en Juárez, pero tampoco nada.
Si no hay quejas directas de las personas, y hubiera voluntad mínima, tendría que haberse levantado un expediente de oficio, motu proprio por parte del organismo derechohumanista.
Ahora, si hay quejas, como debe haberlas, muy probablemente las están guardando, para sacarlas cuando ya el presidente López Obrador deje la silla presidencial, tapando la resolución final, que deberá ser -aunque sea tarde- de reparación integral del daño.
Solo seis recomendaciones hay contra la guardia nacional desde el 2018 a la fecha, seis, correspondientes a Sonora, Quintana Roo, Michoacán, Tabasco y Ciudad de México. Nada. Son unas blancas palomitas.