El día martes cinco de noviembre de 2024 pasará a la historia como el día que los ministros afines al prianismo, encabezados por Norma Piña, y en contra de la reforma judicial que los afectaba a ellos y a todos los juzgadores del país, se olvidaron de toda forma y fondo jurídico, y como si se tratara de una discusión política sin argumentos jurídicos ni sustento legal, quisieron echar abajo la reforma judicial, sin éxito.
También será recordada la manera en que la misma Norma Piña, olvidándose de su investidura, responsabilidad, función como Presidenta de dicho órgano, pero sobre todo, de todo conocimiento jurídico, una vez derrotada al no alcanzar los votos necesarios para invalidar la reforma constitucional, desesperadamente intentó, también sin éxito, convencer a sus compañeros de que se necesitaban menos votos (los que ya había alcanzado), para declarar invalida la reforma constitucional, y que en vez de ser 8 votos fueran 6.
Penoso el actuar de los ministros Norma Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, José María Pardo Rebolledo, José Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales, quienes, sin ética (pues eran juez y parte en la discusión pues la reforma los afectaba a ellos), fuera de todo sustento legal (pues no existe una disposición constitucional que les permita revisar la validez del contenido de una reforma constitucional), alejados de todo profesionalismo y objetividad (siempre se habían manifestado en contra de la reforma judicial, lo que les restaba calidad moral para ser jueces), trataron de invalidar la Constitución.
Si bien es cierto que las tres ministras que se esperaban votaran a favor de la reforma judicial, y que están identificados al morenismo (como los restantes ocho están identificados al prianismo), lo hicieron así, al menos ellas tenían la razón jurídica pues la Corte estaba impedida de forma y fondo para revisar la reforma judicial por ser parte ya del texto constitucional, es decir la Corte no puede echar abajo una reforma constitucional porque no le guste su contenido, pues ellos no son legisladores para derogar artículos dela Constitución, no son el Constituyente Permanente y por ello y la norma fundamental no les otorga esa atribución peligrosa de invalidar su contenido, además que estaban impedidos por no ser imparciales.
Mención aparte merece el actuar del ministro Alberto Pérez Dayán, que en un acto de congruencia y honestidad jurídica, a pesar de que estaba en contra de la reforma judicial, con toda franqueza y sensatez jurídica razonó su voto en contra de echar abajo la reforma judicial porque él no podía invalidarla, por las razones que ya expresamos y explicamos en nuestro artículo de la semana pasada, argumentando que actuar así sería “responder a una insensatez con otra insensatez…al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida”, siendo congruente con lo que sabemos todos los abogados que no puede hacer un Ministro de la Corte, pero que a los ministros que querían invalidar la reforma judicial se les “olvidó”.
Fue precisamente este voto del ministro Alberto Pérez Dayán el que inclinó la balanza para que no pudiera invalidarse la reforma constitucional sobre la reforma judicial que pretendían Norma Piña y sus afines, inventándose facultades, violando la Constitución y actuando arbitrariamente y fuera de toda ética. No cabe duda que la decencia profesional y sobre todo la sensatez privó en el juzgador Pérez Dayán, algo de lo que carecieron sus compañeros que actuando como políticos prianistas, lo que no pudieron conseguir en las urnas quisieron conseguirlo en la Corte.
Bravo por el actuar ético y responsable, por supuesto sensato, de Alberto Pérez Dayán, que a pesar de que siempre estuvo en contra de la reforma judicial y lo manifestó públicamente, terminó aceptando que la Corte no tenía facultades para echar abajo la reforma judicial, que no era su función y eso ya no estaba en sus manos. Bravo por las ministras Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loretta Ortiz, que sumados a Pérez Dayán, evitaron una crisis de poderes, pues con su voto en contra de la invalidez sellaron el último clavo que sepultaba las esperanzas del prianismo de echar abajo la reforma judicial.
Con esta derrota de los ministros que querían echar abajo la reforma judicial, al día siguiente se abrieron las puertas de los juzgados federales del país que aún tenían cerradas sus oficinas, siendo el caso de los tribunales federales de Ciudad Juárez que por fin empezaron a laborar normalmente permitiendo el acceso a la justicia federal por parte de la sociedad, al quedarse sin argumentos jurídicos, sin respaldo social y de sus trabajadores, pues ya no tuvo sentido ni eco su protesta de puertas cerradas.
Privó la sensatez al final y ganó la democracia que fue la que decidió (el voto de las mayorías) un cambio de fondo en el Poder Judicial como el que anunció en campaña Morena. Se despiden con un penoso actuar los ministros referidos que hasta el final quisieron “tumbar” la reforma judicial con argumentos políticos, olvidándose de la toga, y de su función que no era otra que la de resguardar la Constitución y no estar por encima de ella, como pretendieron y fueron derrotados en su mismo recinto.
