Hasta muerta sufrió Marisol con ‘Cholugo’

Imágenes en video, evidencias de llamadas telefónicas y otros elementos llevaron a que una jueza de Cuauhtémoc, Ana Violeta Estrada, dictara el auto de vinculación a proceso penal en contra de Raúl Humberto I., titular regional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) acusado de feminicidio.
Pareja sentimental de Marisol Heredia Venzor, el funcionario -sobre quien el Gobierno federal en Chihuahua sigue sin pronunciarse y lo mantiene en la nómina- es sospechoso de asesinar a la mujer, quien sufrió injusticias incluso hasta después de muerta.
Apodado “Cholugo” entre los viejos priistas para los que operó eficientemente en las elecciones, ahora es morenista converso desde la llegada de la 4T. No por nada alcanzó el segundón puesto federal en la estructura educativa.
Su influencia no debe ser menor si le alcanzó para, por más de un mes, evitar una detención cuando comenzaron las sospechas por el feminicidio de Marisol y luego huir del estado con el favorecimiento descarado de otro juez de Cuauhtémoc, Eric Manuel Estrada Rascón.
Una actuación ejemplar de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito (FEM) estuvo a punto de ser echada a la basura por el juzgador que permitió la fuga del presunto victimario de Marisol. No debe haber sido gratuita su actuación casi criminal.
Favoreció también al atacante la justicia federal mediante un amparo que impidió su detención inmediata una vez que, el domingo 3 de noviembre, fue detenido “Cholugo” cuando intentaba salir del país por el cruce internacional de Tamaulipas a Texas.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos fue la encargada de asegurar al cuauhtemense, debido a la orden de aprehensión que ya pesaba en su contra, por la argucia de, dos días, no haberse presentado a una audiencia repentina y sorpresiva citada por el juez Estrada.
De ahí el favorecimiento para que huyera, aunque no le alcanzó el tiempo para cruzar el río e impedir su arresto en el puente. Después de eso, logró retrasar su comparecencia ante la justicia estatal por el amparo, que lo obligaba a acudir ante un juez en Chihuahua, término que violó ante la complacencia de los jueces.
Así, logró retrasar por casi una semana su presencia en los tribunales estatales de Cuauhtémoc, a los que arribó obligado, detenido y con golpes producto de una fantasiosa tortura de la que se dijo víctima; eran golpes autoinfligidos que evidenciaron su desaparición por el sueño frustrado de fuga.

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El reclamo de justicia por Marisol fue encabezado en la ciudad manzanera por la Colectiva Feminista Mayé, al conocerse la fuga de “Cholugo” y trascender algunos detalles de su relación con la víctima.
Violencia psicológica, manipulación, agresiones diversas, quedaron expuestas en la audiencia de vinculación a proceso en la que, desde la visión de esas luchadoras feministas, fue comprobado cómo suben de nivel los ataques contra las mujeres que tienen su punto más alto en el feminicidio.
El sufrimiento de años -tenían cerca de dos décadas de relación, sin casarse formalmente, el presunto victimario y la reconocida secretaria de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra)- fue extendido hasta después de su muerte con las injusticias padecidas, con los intentos por favorecer al sospechoso.
Atinadamente, la FEM recusó al juez Estrada antes de que pudiera encabezar la audiencia inicial; la fundada sospecha de favorecimiento motivó esa acción de la autoridad y la movilización social con la exigencia de justicia.
También de forma atinada, el Tribunal Superior de Justicia del Estado admitió el reclamo de inmediato y asignó a otra jueza a la causa, la que determinó aplicarle al sospechoso la cautelar de prisión preventiva el domingo pasado y posteriormente, el jueves, la vinculación a proceso.
La determinación no prejuzga sobre los hechos ni el acusado, pero de acuerdo con la ley fueron colmados los requisitos para una detención y la sujeción a un proceso penal del imputado; el juicio vendrá después, sin embargo, con los elementos obtenidos por la autoridad investigadora, era obligado el envío de un mensaje de justicia y combate a la impunidad.

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El lamentable caso de Marisol pone de manifiesto la necesidad de una profunda reforma al sistema de justicia estatal y federal.
Deja en evidencia a jueces que, sin recato alguno, con el pretexto de los derechos humanos, estaban dispuestos a dejar en la impunidad un crimen irreparable, doloroso, que fomenta la imparable violencia contra las mujeres que como sociedad no hemos podido frenar; pero más que eso, expone las condiciones que prevalecen en el Poder Judicial (más bien perjudicial) que tenemos.
Lo peor es que no es el único caso. Son hasta comunes las resoluciones injustificadas y explicables sólo por la corrupción que priva en el aparato de justicia, tanto estatal como federal.
El mismo juez que inició el caso Marisol y fue removido, es el que, en 2022 en Camargo, le quitó cargos al joven Erick D.B, atacante de su entonces novia, Mya Naomi.
En el colmo de la injusticia, la víctima fue condenada a permanecer por días al borde de la muerte y luego a meses de reclusión obligada en hospitales para atenderse las más de 40 puñaladas que le dio su agresor.
El atacante, en cambio, favorecido por la ley y el aparato de justicia, jamás fue detenido, ni ahora que tiene sentencia dictada de casi cuatro años, gracias al amparo y tortuguismo de la justicia federal; ni antes, cuando huyó de las autoridades.
En otro caso terrible que denota la urgente reforma judicial, Javier Arturo R.B, un asesor de Morena en el Congreso del Estado, fue detenido en Jiménez, después de varios días de huir.
Huía de Chihuahua porque, de acuerdo con la acusación que pesa en su contra, retuvo y torturó a su pareja sentimental durante una semana, pero un juez, Agustín Saláis Ortiz, consideró improcedente una acusación por feminicidio en grado de tentativa, pues “si hubiera querido matarla lo hubiera hecho”, razonamiento con el que retiró dicho cargo penal.
Si estas resoluciones son dictadas en la más absoluta oscuridad e impunidad en casos de alto impacto, qué no harán los jueces en asuntos cotidianos, como divorcios, custodias de hijos, pensiones, juicios mercantiles.
O sea, si se atreven a esto en los temas que causan escándalo y atención permanente de la sociedad, a qué no podrán atreverse cuando atienden asuntos de menor perfil.

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Estas actuaciones de los jueces hacen evidente, pues, la necesidad de reformar la justicia, aunque la misión de la 4T en este renglón apunta a ser más demoledora que constructora. Es claro que va por un “quítate tú para ponerme yo”, sin siquiera abordar de forma analítica el problema de fondo.
La reforma judicial que ahora está en marcha ha resultado en un experimento que veces parece no tener pies ni cabeza, pero que en el fondo lleva implícito el interés de controlar políticamente desde sus raíces al aparato judicial. No hay garantía alguna de cambio, porque ningún esfuerzo se orienta a ello.
La simulación y los vicios de origen, desde la promoción de la reforma en tiempos de Andrés Manuel López Obrador hasta su aprobación sin consulta real, son la marca de la irracional mayoría morenista, que no muestra diferencia alguna con el viejo PRI de la hegemonía ni con el matrimonio por conveniencia que desde hace unas décadas ha representado el PRIAN.
En el estado tenemos dos antecedentes de cochineros monumentales producto de reformas, también con altas dosis de simulación y manipulación, al aparato de justicia.
En 2013 fueron los oxigenadores de César Duarte los que llegaron a reformar el Poder Judicial ante el creciente nepotismo y la corrupción. Ahí siguen los problemas por los siglos de los siglos; permanecen sin tocar en el monumento construido a la marca de su gobierno, la Ciudad Judicial.
En 2018 fue el cochinero del entonces panistas y hoy morenista, Javier Corral, con la peor de las luchas, “Lucha” Castro, como dedo elector de jueces y magistrados, con los resultados que ya conocemos.
El verdadero problema de la justicia, que queda evidenciado en esta grotesca probadita de injusticias, no se toca con esta reforma en marcha, cuyos fines evidentes son el control político y el sometimiento de un poder a otro.
Si fuera un legítimo intento por corregir las injusticias, al menos tendría el beneficio de la duda, pero apunta a ser otro cochinero como los padecidos hasta la fecha.