-Algo de terror en la Secretaría del Trabajo
-Que anda “El Rojo” con la Coordinadora de camiones
-Carlos Olson anda en su nube

En los sótanos de la justicia estatal y federal manejan con mucha reserva el caso de la jueza penal Alejandra Ramos Durán, reconocida por su entrega total al régimen de Javier Corral, tanto que terminó casándose con su último secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta.
La juzgadora ha cobrado notoriedad, en los tiempos actuales, por oponerse al proceso de elección de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para echarle a perder el procedimiento de relevo planteado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Luego, fue blanco de críticas y rumores por verse involucrada, más allá de su posición de alta representante judicial, en un litigio relacionado con un inversionista inmobiliario, blanco de algunos señalamientos en contra.
Antes, durante el corralato, fue acusada de provocar la muerte de uno de los reos duartistas, el exdirector del Fideapech, Lázaro José Joaquín López, a quien no le permitió la salida oportuna del Cereso en tiempos de la pandemia del Covid, para ser atendido en un hospital. Cuando autorizó su salida, fue llevado prácticamente muerto al Central.
Así, entre esos y otros escándalos ha transitado Ramos Durán, quien, a finales de septiembre, el fin del semana del día 27, contrajo nupcias con Mesta Soulé, según la mesa de regalos registrada en West Elm y Liverpool, de la cual dejamos el pantallazo de evidencia en GPS versión digital.
Justo en esa fecha, nos reportan, el expanista y hoy senador de Morena, Javier Corral, viajó a Chihuahua como invitado de tan importante ceremonia.
La presencia del eterno pluri, en el marco de amparos y litigios de exfuncionarios del corralato que juntos acumularían mil años de prisión, generó versiones de que fue una boda vigilada de cerca por diversas autoridades que tienen causas de sobra para tenerlos en la mira.
Sin embargo, nos dicen, lo que hubo y hay vigente es un proceso penal que involucra a la jueza, no por nada anda en la tramitadera de amparos en los juzgados federales, como si para eso cobrara en el Poder Judicial del Estado.
Todavía no sabemos cuál causa, de varias hipotéticas, alguna autoridad ha procedido formalmente contra Ramos Durán, pero no hay duda de que seguirá por la ruta de los escándalos político-judiciales.

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Durante el último año, el Centro de Conciliación Laboral, dirigido por Fausto Fortunato Barraza Arvizu, ha tenido una serie de cambios de personal, totalmente incomprensibles por ser una instancia relativamente nueva de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En la dependencia hablan, paradójicamente, de despidos arbitrarios y manejo discrecional en la creaciones de áreas y plazas laborales que no se ven establecidas dentro de la estructura orgánica del ente gubernamental descentralizado, lo que es muy grave porque deja sin efectos muchas de las acciones institucionales que realiza.
Este manejo genera incertidumbre jurídica para los trabajadores y empleadores que requieren del servicio de dicho Centro de Conciliación, pues al no verse apegado a derecho su actuar, perjudica notablemente el objetivo de la crear y operar instancias prejudiciales como esta.
Ello deja en mal el estupendo trabajo que empezó a realizar para la implementación de la reforma laboral en su segundo año de aplicación en el estado.
Además de lo anterior, destaca el hecho de la salida voluntaria de muchas personas que habían sido empleadas en el centro, todo por el maltrato que recibieron por parte del director general, ya que, nos informan, es un lugar hostil para trabajar, lleno de autoritarismo, pero preferente para quienes aprueban las conductas que busca imponer quien dirige el organismo.
Los trabajadores consideran que esos funcionarios en la Secretaría del Trabajo son los que afectan la imagen estatal. Su origen foráneo, a contrapelo de la normativa administrativa interna, explica, pero no justifica una gestión deficiente y menos las acciones de terrorismo laboral.

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En ocasiones no queda claro dónde tienen puesta su atención los legisladores chihuahuenses al momento de “trabajar” y presentar sus iniciativas ante el pleno del Congreso. Pareciera que sus propuestas no responden a las necesidades más apremiantes de la sociedad.
Un ejemplo es el diputado Carlos Olson, que ayer presentó una iniciativa para que sean expedidas placas de circulación de autos clásicos.
No es así como que una ideota mala. En su exposición de motivos dejó claro que la intención es la preservación de su valor histórico y cultural, pero quizá, hablando de vehículos hay temas más relevantes.
Quizá debería preocuparle más que las bandas de robacarros ligadas al crimen organizado siguen asolando a los guiadores en la vía corta, por ejemplo.
Apenas el fin de semana una ciudadana fue despojada, con lujo de violencia, de su camioneta, pese a que días antes fue detenido uno de los supuestos responsables de operar estos delitos: el jefe de ministerios públicos de Santa Isabel, Hugo M. O.
No es el diputado Olson el responsable de detener a los delincuentes, pero sí integrante de un poder que debería enfocarse en urgir a las autoridades federales, estatales y municipales a prevenir y sancionar estos delitos.

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Hace tiempo que no escuchábamos el nombre de Jorge “El Rojo” Meraz, exlíder camionero de la Central de Trabajadores de México.
La última vez fue detenido en posesión de 50 sobres de plástico que tenían polvo blanco al parecer cristal.
Fue puesto a disposición el líder camionero de un juez bajo la acusación de venta de drogas, pero le fue reclasificado el delito a posesión simple, lo cual le permitió seguir el proceso en libertad.
Ya no supimos qué pasó con él y ese asunto, si terminó en sentencia condenatoria o no.
Su nombre salió a relucir como rumor de que está detrás o formaría parte de la coordinadora que controla el servicio público de transporte a las maquiladoras de la ciudad.
Esa coordinadora es la que tendría los contratos directos con las maquilas y a su vez, subcontrataría a los concesionarios que tienen tres y hasta cinco unidades de transporte.
Los concesionarios tenían ya tiempo sin cobrar los viajes completos, por lo que se dio el movimiento de protesta de la semana pasada, con acciones incluso de bloqueo al acceso de trabajadores, en donde fueron escasos los gerentes de planta que salieron de sus instalaciones; en su mayoría enviaron a los subgerentes de personal a negociar en la calle.
No sería la razón real el rumor de que darían por terminados los contratos, como fue difundido.
Uno de los inconformes nos explicó que es la Coordinadora la que maneja los contratos con los gerentes de cada planta y que todas las maquiladoras en el Complejo Industrial de Las Américas tienen un contrato con la misma, a excepción de la aeroespacial Cessna, que tiene unidades propias.
En esa indagación con los concesionarios sale el nombre de “El Rojo”. No lo sabemos con certeza, solo que llama la atención que se le mencione como parte de la denominada Coordinadora, que anda jineteando los dineros del pago que las maquilas puntualmente realizan, perjudicando a quienes en la calle prestan el necesario servicio de transporte de los trabajadores.

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De nuevo la diputada por Morena, Brenda Ríos. Ayer patentó su ignorancia al subir a la tribuna del Congreso para asegurar que en la pasada consulta realizada sobre el tema de los cerros de Mesa de los Caballos, la ciudadanía votó para su protección.
No es cierto, la pregunta hecha a la ciudadanía era en el sentido de aprobar o no la realización de estudios técnicos para determinar si esta área tiene el valor ambiental y los posibles usos o acciones de conservación.
Existe mucha diferencia entre lo que asegura la diputada Ríos que se votó y la realidad, porque el estudio todavía no inicia y ella ya hasta dijo en tribuna que existe la incertidumbre porque no sabe si el ayuntamiento respetará los resultados de la consulta.
Entendemos que el municipio respetará esos resultados...hasta que la consulta sea llevada a cabo.