Ciudad de México.- La libertad de expresión es un pilar fundamental para la democracia, permitiendo a los ciudadanos expresar sus opiniones y, especialmente, a los periodistas cumplir con su labor de informar y fiscalizar al poder. Sin embargo, en México, esta libertad parece estar bajo una amenaza constante, en particular para aquellos periodistas que critican al gobierno en turno, al presidente o a los gobernadores. Aunque existen marcos legales que protegen este derecho, la realidad para muchos periodistas es otra: acoso, censura y violencia son parte de su día a día.
La situación de la libertad de expresión en México es alarmante, con cifras que reflejan un entorno cada vez más peligroso para quienes ejercen el periodismo. De acuerdo con Artículo 19, una organización que defiende la libertad de expresión, México es uno de los países más peligrosos para los periodistas en América Latina, superando incluso a países en conflicto. Desde 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados en el país, y solo en 2023 se documentaron al menos 14 casos de homicidios de comunicadores La impunidad en estos crímenes es casi absoluta: el 98% de los casos no se resuelven, lo que envía un mensaje de tolerancia a la violencia contra la prensa.
Las agresiones no solo vienen de actores criminales; en muchas ocasiones, los propios funcionarios públicos están involucrados. Según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), la mitad de las agresiones documentadas contra periodistas provienen de funcionarios gubernamentales. Este dato revela una preocupante tendencia a la censura y la represión del periodismo independiente y crítico por parte de aquellos en el poder.
A lo largo de los últimos años, ha habido un evidente retroceso en la libertad de prensa en México. La administración pasada mantuvo una postura confrontativa hacia los medios críticos. El expresidente Andrés Manuel López Obrador, en sus conferencias matutinas, señalaba reiteradamente a ciertos periodistas y medios, calificándolos como “prensa conservadora” o “fifís”. Esta actitud polarizante ha contribuido a crear un entorno hostil, donde los periodistas son percibidos como enemigos del Estado si sus reportajes o investigaciones no coinciden con la narrativa oficial.
Aunque la libertad de expresión está garantizada en la Constitución, la práctica muestra un panorama distinto. Las leyes que protegen a los periodistas han sido insuficientes para frenar la violencia, y las instituciones encargadas de la protección de los comunicadores han resultado ineficaces. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), creada en 2010, ha mostrado pocos resultados, y la impunidad sigue siendo la norma.
Por otro lado, vale la pena reconocer algunos esfuerzos por mejorar la situación. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha otorgado medidas de seguridad a más de 1,500 comunicadores, aunque su efectividad ha sido cuestionada debido a la falta de recursos y personal capacitado.
La realidad en México es que la libertad de expresión está condicionada por el nivel de riesgo que cada periodista está dispuesto a asumir. Los comunicadores que critican al gobierno o investigan temas relacionados con la corrupción, la seguridad pública o el narcotráfico enfrentan un mayor peligro. En muchos casos, la censura no viene impuesta por una ley o una orden directa, sino que se manifiesta a través de presiones económicas, despidos o violencia.
La libertad de expresión en México es un derecho que sigue siendo retórico más que real para muchos periodistas. La labor de informar no debería implicar jugarse la vida, pero en México esa es la realidad cotidiana. Para avanzar hacia una verdadera libertad de expresión, es necesario fortalecer las instituciones que protegen a los comunicadores, garantizar que los crímenes contra periodistas no queden impunes y fomentar un ambiente donde la crítica sea vista como una oportunidad para mejorar, y no como una amenaza.
En una democracia, el periodismo crítico debería ser la regla, no la excepción. Los ciudadanos tenemos derecho a recibir información veraz y objetiva, y los periodistas, a trabajar en condiciones de seguridad y libertad. Solo entonces podremos hablar de una verdadera libertad de expresión en México.