Más de 70 militares y casi 100 de la Policía Federal sitiaron la colonia Cerro de la Cruz, en los alrededores de las calles 58 y Méndez.
Frente a una casa colocaron dos blindados artillados con los que hicieron trizas a unos presuntos narcos atrincherados.
Era la madrugada del ocho de marzo de 2008 cuando la ciudad presenció la sangrienta inauguración local de la guerra contra el crimen que desde Los Pinos, con Felipe Calderón como presidente de la República, había arrancado unos meses atrás, como estrategia para enfrentar la creciente violencia en las calles, consecuencia de la expansión de los negocios de los cárteles.
Nadie durmió en los alrededores entre las dos y las seis de la madrugada. Los vecinos despertaron en medio de una balacera que ni por las ventanas podían ver; los proyectiles pegaron en bardas, carros y ventanas de los alrededores.
Por fortuna, en esa ocasión no hubo “bajas colaterales”, como el gobierno calderonista calificó los homicidios supuestamente culposos atribuibles tanto a las fuerzas de seguridad como a los presuntos delincuentes que dizque eran combatidos con todo el poder de fuego del Estado.
El saldo de esa confrontación fue de seis supuestos criminales abatidos y un sargento muerto, en una batalla que había comenzado con la persecución de cuatro hombres armados, pertenecientes al Cártel de Juárez o La Línea de aquel tiempo, que llegaron a refugiarse a una supuesta casa de seguridad, de donde otros tantos habrían escapado.
Así pisó el acelerador la escalada violenta que daba cuenta de alrededor de 100 ejecuciones entre 2006 y 2007, una cifra asfixiante, increíble, atroz, pero pequeña en comparación con lo que vivimos desde entonces.
Para el momento del arranque de la estrategia de seguridad del sexenio, los asesinatos en la ciudad de Chihuahua casi se habían duplicado entre un año y otro, pero al comienzo del 2008 se había alcanzado la misma cifra en dos meses.
La alarma y terror en la población -porque los asesinatos violentos, además de muy seguidos, eran a cualquier hora y en todas partes, en las calles, en los parques, de noche o de día- le dieron legitimidad a la barbarie iniciada desde el más alto nivel político federal.
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No fue una casualidad lo ocurrido en esa madrugada de hace más de 16 años. Era el comienzo de una violenta dinámica de confrontaciones entre un grupo criminal aliado del Gobierno federal y una multitud de células delincuenciales que se negaban a ser aplastadas por esa alianza.
No fue casualidad que el Cártel de Juárez pusiera cantidades ingentes de muertos y detenidos, mientras el Cártel de Sinaloa ampliaba sus dominios con una ferocidad alentada por el poder federal, limitado, en apariencia, a contar los muertos.
El grupo sinaloense, del legendario Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la sombra de por vida según la sentencia dictada en Estados Unidos que apenas quedó en firme hace dos años, era el favorecido con la nueva política criminal federal. Pocos, contados y nada casuales eran los operadores de esa organización los que caían por las balas o por procesos penales.
Los que caían, generalmente, no eran por intervenciones de la autoridad, sino por virulentas reacciones del otro cártel, que respondía con el ojo por ojo y al doble cada vez que podía.
Alrededor de una decena de masacres entre Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc y la Sierra Tarahumara marcaron el comienzo y final del sexenio de Calderón, caracterizado por la torpe y corrupta lucha emprendida, encomendada a quien esta semana acaba de recibir una sentencia de 38 años de prisión, Genaro García Luna, por la misma corte de Estados Unidos que condenó a “El Chapo”.
El nueve de octubre de 2009 fueron masacradas 11 personas en el bar Río Rosas de la avenida 20 de noviembre, a donde ingresaron hombres armados que dispararon indiscriminadamente; la irrupción en la capital fue seguida de un ataque a policías federales en la carretera a Juárez y una confrontación en Villa Ahumada entre los grupos en disputa.
Esa fue la inauguración de las masacres en la capital, porque en la frontera y la sierra ya existían antecedentes del nivel que había alcanzado la violencia criminal-oficial.
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El sexenio de Calderón Hinojosa se encaminaba a su cierre entre la peor corrupción de la súper Policía Federal que creó García Luna y el Ejército fuera de sus cuarteles en operaciones de apoyo a la seguridad pública; una ilusión porque seguridad era lo menos que había en las calles.
Un reflejo de esa degradación fue vivido el 4 de febrero de 2012 en el bar Far West, donde nueve personas fueron masacradas, entre ellas los integrantes de La Quinta Banda, una agrupación que entre sus éxitos regionales tenía “El corrido de La Línea” y “Los Linces”.
El 20 de abril, otra consecuencia de la conducción pública deficiente o abiertamente criminal ocurrió en el bar “El Colorado”, donde 16 personas fueron masacradas sin más razón que el mero ataque para alentar el pánico.
Sobra decir que jamás hubo resultados de las investigaciones, más allá de la superficial definición de los móviles criminales de cada caso.
La ola de crímenes fue en ascenso, con el factor principal de una estrategia fallida impulsada desde la Federación, pero también producto de un enclenque gobierno estatal que entonces encabezaba José Reyes Baeza.
La administración estatal le abonó inestabilidad al fracaso. Con una Procuraduría de Justicia (hoy Fiscalía) que jalaba hacia un lado de los cárteles y una Secretaría de Seguridad Pública que jalaba para otro, la violencia desbordó amplias zonas de la entidad.
Los números no mienten ni dejan tanto lugar a más interpretaciones: de alrededor de 500 ejecuciones en el estado en 2006, en 2008 subieron a dos mil 600; en 2009 a tres mil 600; en 2010 a más de seis mil 400, para disminuir en los dos últimos años del sexenio, pero todavía en niveles asfixiantes.
Nada quedó de la tranquilidad que antes tenía la entidad. Un tercio de esa estela de muerte correspondía a la capital, como mínimo.
Fue el estado de Chihuahua, particularmente la capital y Juárez, un teatro de operaciones de esa guerra calderonista, cuyos hilos llevaba García Luna, a quien el juez Bryan Cogan le recetó casi cuatro décadas en prisión. Muy pocos para tantas masacres a lo largo y ancho del país.
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Las consecuencias de ese desaseo en el manejo de la seguridad -que tampoco es novedad, viene desde antes, ha sido marca del estado mexicano desde su comienzo institucional el siglo pasado- todavía son padecidas, particularmente en las zonas estratégicas de los cárteles, como Chihuahua.
Taparse los ojos con las ideas propagandísticas de que el juicio a García Luna careció de pruebas o estuvo basado en declaraciones de narcotraficantes confesos a cambio de beneficios de Estados Unidos, es cerrarse a una realidad demostrada con sangre y plomo en las calles, parques, bares, sitios recreativos, todos convertidos en escenas del crimen al menos en alguna ocasión.
El crimen no ganó el espacio público ni se hizo de gran poder por casualidad, sino por una estrategia política que terminó rebasada por la ambición, el dinero manchado de sangre y la ineficiencia cargada de corrupción que persiste en gobiernos de todos los niveles y en todas las corporaciones.
Obviamente, la justicia estadounidense juega su juego y sigue una serie que ni Netflix ha ideado, pero que puede verse en la extradición y condena de “El Chapo”, seguida de la sentencia a García Luna y el juicio que justamente inicia a Ismael “El Mayo” Zambada.
Tiene interés el país vecino en frenar algunos, no todos, los males que lleva la delincuencia, entre estos el fentanilo y la migración que disfraza la trata de personas y otros delitos. Por eso, tendrán que venir más capítulos a demostrar que el derechismo calderonista no es el único corrupto y criminal en el país. Seguramente eso veremos con “El Mayo” sentado en el banquillo de los acusados.
Por ahora, esta sentencia es la que alcanza un mayor nivel de la clase política mexicana vinculada a la historia y evolución del crimen organizado en el país.
Así, esta sentencia es también una condena no jurídica, pero sí histórica al gobierno de Calderón Hinojosa.
Ahora bien, las condiciones que dejó de violencia e impunidad persisten y de nuevo parece que han favorecido a un mismo grupo criminal. Si tras “El Chapo” cayó García Luna, ¿quién seguirá después de “El Mayo” y de qué gobierno será?
