-Hacen negocio hasta con Mejoravit

-Serán legisladores como dioses

-Regreso con escritorios atestados

Resentidos por el megafraude de Aras, todavía impune, algunos empresarios empezaron a ver con sospechas un anuncio que circula con poco éxito en redes sociales, sobre la construcción de un rascacielos en la zona de mayor desarrollo de la capital, el Periférico de la Juventud.

Con 200 departamentos y una altura de 150 metros, supuestamente sería la torre Zahara el edificio más grande de la ciudad. Sus promotores casi lo anuncian como inmerecido para la pequeña Chihuahua.

El grupo inmobiliario R10, del que hay escasas referencias en el mercado, sería el encargado del imaginario proyecto; imaginario porque no ha pasado de reels en redes y muy básicos renders arquitectónicos que no alcanzan a presentarse como una posibilidad real.

Cómo no recordar que allá por 2021, otra estafa financiera, Vitas, copia genéticamente exacta de Aras, anunciaba de la misma manera especulativa e informal la Vitas Tower, falso desarrollo proyectado a un lado de la presa El Rejón.

Por aquel tiempo, fue el alcalde Marco Bonilla el que alertó sobre la farsa, al decir que ni proyecto ni permisos básicos tenían los falsos desarrolladores, dedicados a levantar capital del público incauto que creía convertirse en inversionista apostándole a esa pirámide hija de Aras.

En estos días, Bonilla Mendoza, seguramente alertado por su equipo, le ha puesto algunas banderas rojas a la dizque torre Zahara, también por falta de permisos para un desarrollo de esa naturaleza, que no es hacer enchiladas.

Supuestamente, la empresa del rascacielos apenas renderizado con imágenes chafas de Instagram y Facebook, ya buscó a la autoridad municipal para presentar el proyecto que, como algunos en esta era, busca hacerse con el modelo que divide entre muchísimos el riesgo de invertir, pero concentra las ganancias en poquísimos.

Si existe eso que se denomina Grupo R10 y si realmente tiene un proyecto inmobiliario sólido, es hora de que salga a dar la cara a los chihuahuenses, en vez de generar especulaciones desde la sombra de las redes sociales, que no son otra cosa más que el Disneylandia de los estafadores.

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Está plagado el Facebook de anuncios donde ciertas personas tramitan créditos de Infonavit en efectivo, situación que es irreal, porque la institución tiene candados para evitar que la disposición del crédito vaya a un destino diferente que es la mejora de las casas de derechohabientes.

“Prestamos en efectivo, tramites fáciles sencillos”, “ya no hay lista de espera en Infonavit, ya se puso las pilas”, dicen los anuncios, utilizando indebidamente el logotipo de dicha institución y la denominación del programa Mejoravit.

Tenemos varias capturas de pantalla tomadas directamente de la red social Facebook, en las cuales hay una abierta publicidad para captar incautos.

La cuestión es que siguen cayendo. Publicamos el fin de semana el nuevo fraude cometido por una negociación denominada “Corporativo de finanzas”, dirigido por un tal Edson Garay, con número de celular 6142587038 y 6142587651, los cuales, por supuesto dejaron de funcionar, igual que las oficinas localizadas en el local 39 de la plaza Cumbres.

Tendría entonces el Infonavit que hacer algo más para alertar de los fraudes y proceder directamente a través de la policía cibernética o como sea, para evitar que las personas caigan en el engaño de estos anuncios difundidos impunemente.

Los créditos de Mejoravit se manejan con dos tarjetas en las cuales se realizan los depósitos y sólo pueden ser utilizadas en las empresas autorizadas.

Probablemente ahí es donde está el negocio. Los intermediarios tienen trato con esas empresas para obtener el efectivo, defraudando a la institución con supuestas mejoras en las viviendas, por medio de jugosa comisión.

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Han sido menos que omisos los alcaldes de los municipios de Batopilas, Casas Grandes, Carichí, Uruachi, Satevó, Riva Palacio, Namiquipa, Morelos, Gran Morelos, Belisario Domínguez, y Chínipas, a quienes se les llamó la atención desde principios de septiembre, en relación a las condiciones infra humanas en que retienen a quienes cometen faltas al bando de policía, en las cárceles municipales.

Tenemos las fotos de cada una de esas cárceles tomadas por personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sin que hayan hecho dichas autoridades el mínimo esfuerzo de solventar las irregularidades detectadas.

Las condiciones son insalubres, sucias, sin mobiliario adecuado, sin clima, con baños en condiciones degradantes, pero, además -con alguna excepción- sin jueces cívicos que impongan las sanciones con mínimo de criterio.

La CEDH levantó las actas a principios de septiembre y aguantó hasta hace unos días en octubre para soltar las recomendaciones de responsabilidad, que van desde el alcalde, hasta sus responsables de seguridad pública.

No sólo ello, desde 2017 algunas de estas cárceles arrastran los mismos señalamientos, sin que exista la mas mínima voluntad de hacer alguna modificación, ya sea en infraestructura o mínimo en normatividad alguna.

Estas cárceles no deberían estar funcionando, bajo un sistema que se supone tutela el respeto a los derechos humanos, particularmente en faltas que cualquier persona en algún momento puede cometer y ser remitido en esas condiciones de suciedad.

Las fotos en edición digital describen con mejor tino las condiciones en que se encuentran estas instalaciones dizque de seguridad pública.

Tienen los alcaldes de dichos municipios 180 días para corregir; veremos qué tanta atención ponen respectivamente Eduardo Ruelas, Roberto Lucero, Iván Gutiérrez, Marcelo Rascón, Norma Muñoz, Salvador Chacón, Adrián Ruiz, José Javalera, Oscar Miramontes, -Belisario tiene un interino que quien sabe quién será-, y Jaime Velducea.

Están todos ellos en tiempo de contestar, solo falta que nieguen las irregularidades y de nuevo se hagan los occisos.

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El viernes fue votada la reforma denominada Supremacía Constitucional, con la cual se pretende echar al traste la evolución del sistema jurídico mexicano en materia de control constitucional y convencional.

Publicamos en la edición digital los votos a favor y en contra de los senadores chihuahuenses, y de todos los del país; por esa reforma votaron a favor Andrea Chávez, Juan Carlos Loera y Javier Corral; en contra, Mario Vázquez.

¿Qué significa en términos sencillos dicha modificación? Que lo que diga la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, sea lo que sea, sería inatacable a través del amparo que tienen los ciudadanos cuando un artículo daña sus derechos humanos, a la libertad, la vida o la propiedad privada. Serán legisladores como dioses.

No importa cual derecho humano pueda ser vulnerado, no tendría el ciudadano la posibilidad de oponerse a ello; tendría que aceptar sin chistar siquiera por más absurdo que esto sea.

Igual pasa con la controversia o la acción de inconstitucionalidad, no podrían los órganos autónomos, los partidos o las fracciones legislativas aún cuando sean minoritarias en los congresos estatales, oponerse a cualquier reforma constitucional.

La reforma en los hechos acaba con la República y da nacimiento a un país centralista.

Con la votación en el Senado está concluida la primera parte del proceso legislativo; vendrá posiblemente este martes el turno a comisiones en Cámara de Diputados, donde no sería nada extraño, que haya turno simplificado y ese mismo día este sesionando en pleno para aprobarla, y enviarla a los congresos estatales.

Luego vendrán amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad, que la Corte deberá atender en las próximas semanas o meses, oponiéndose a esa reforma al artículo 105 y 107 constitucionales.

Andrea y Juan Carlos no son abogados, desconocen a los doctrinarios occidentales que establecen contrapesos al imperio infalible de la mayoría calificada hoy reinante; Corral, carece de disculpa alguna, aunque claro, quién sabe si la suela de su zapato tocó alguna vez el aula de la universidad sinaloense que le extendió su título en derecho y ciencias sociales.

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Regresan hoy los jueces y magistrados federales a sus labores, junto con los cientos de trabajadores asignados a cada juzgado o tribunal colegiado. Regresan a regañadientes con acusaciones de traición al Consejo de la Judicatura Federal.

No sirvió de mucho el paro laboral realizado durante casi sesenta días, más que para evidenciar el enojo por la decisión arbitraria del despido para personas con diez, quince, veinte o más de carrera judicial, y para quienes fue truncado ese camino por el de las urnas.

Al contrario, aceleró Morena los pasos a seguir con la elección popular a la que serán sometidos el próximo mes de junio del 2025, con un INE encarrilado y con turbo.

Estarán rebosantes de pendientes los escritorios, con el inconveniente de tener que retomar uno a uno los expedientes para volver a empezar, con acuerdos, sentencias interlocutorias o definitivas y cientos de oficios a dependencias y tribunales del fuero común.

Esperemos no sea caótico el regreso…si es que regresan todos.