¿Esperan a que el Pimpón mate a alguien?

El "Pimpón” de Parral, Arturo Loya, no es un muñeco muy guapo y de cartón, sino un subproducto de los bajos mundos donde conviven la política y la delincuencia, en una ciudad que parece no haber superado aquellas décadas en las que los golpeadores eran un mal necesario del poder.
Las más altas autoridades políticas de todos los niveles han apapachado al hamponcillo, aviador y porro, al monstruito creado en el feudo que instaló el dizque independiente Alfredo “Caballo” Lozoya como alcalde, quien, como camaleón, cambió al color naranja para mantenerse en la nómina pública.
Así nació y creció el peleador que presume triunfos deportivos y un próspero negocio-fachada, la escuela de artes marciales “Los Lobos”, que puso al servicio del “Caballo” y de Movimiento Ciudadano hace algunos años, para someter rivales políticos con las peores prácticas de la delincuencia protegida por la clase política corrupta y decadente que ha secuestrado a ese partido.
Desde 2016 hasta la pasada elección de este año, el grupo político del que forma parte el mal afamado deportista impuso su reino del terror a través de las amenazas, las golpizas salvajes, las incursiones abiertamente criminales patrocinadas desde el poder municipal.
Dos periodos de Lozoya Santillán y uno más de su marionetita, César Peña Valles, bastaron para que los parralenses botaran a MC del poder. Así fracasó el proyecto de continuidad en ese empobrecido municipio.
Sin embargo, el “Caballo” compró al naranja una plurinominal de diputado federal y logró colar a su mayor incondicional, Pancho Sánchez, como diputado local, también pluri porque votos no levantan ni comprándolos, menos con los escándalos por las golpizas que ordenan desde las sombras.
Los ocho oscuros años del poder equino en Parral tal vez explicarían cómo el “Pimpón” siempre resultaba impune, apapachado, como dijimos, todas las veces que su nombre rebotaba en la Policía Municipal, el Ministerio Público y la justicia estatal.
Pero ahora, hundido el partido y sus personajes en el peor descrédito posible, resulta inexplicable la protección que le brindan al angelito del Diablo. Tal vez esas posiciones de influencia han servido para que sigan cuidándolo en los más altos niveles, sin pensar en las sospechas que provocan esas autoridades dóciles, prácticamente inútiles.
¿Estarán esperando a que el “Pimpón” mate a alguien para actuar?
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Arrastra Loya Ramos un historial con incontables agresiones a personas; en ningún casi ha sido castigado, pues durante la administración de Lozoya gozó de abierta protección de la Fiscalía del Estado, en la gestión de Javier Corral como gobernador.
En el periodo en que coincidieron ambas cabezas del estado y el municipio, el “Pimpón” agredió a dos reporteros: uno de El Diario, David Ortega, incluso excolaborador de Lozoya Santillán, y otro, Fernando Lara, de la radiodifusora La Poderosa de Parral; éste último lamentablemente falleció meses después de la golpiza, no por causa directa de la agresión, eso se dijo, pero ahí quedó el antecedente no investigado.
La impunidad total marcó a ambos gobiernos, aliados por pactos políticos que tal vez incluían cierta sumisión del municipal a estrategias estatales fallidas en todos los órdenes, a cambio de esa protección a los desmanes que afectaban a los parralenses.
No solo eso, entre 2016, 2018 y 2021, entre unas y otras agresiones, fue probado el cobro como aviador del gobierno municipal de este golpeador, uno de tantos del “Caballo”, quien empleaba a varios peleadores para amedrentar a periodistas que criticaban su labor y a otros que rivales.
Otra víctima también en esos tiempos de avasallador poder y control de la nómina, fue el exregidor del mismo partido Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Orquiz, quien terminó huyendo de la ciudad tras una severa golpiza de advertencia por parte de este sujeto y sus amigos.
Esos tres expedientes han sido extrañamente congelados desde hace cinco y seis años, sin que el Ministerio Público, que mantiene una sospechosa actuación extendida durante las últimas administraciones estatales, haya movido un dedo, incluida su convenenciera Agencia Estatal de Investigaciones.
En el colmo de la impunidad, “Pimpón” se escapó de agentes de la Policía Estatal el primero de junio de este año, en las horas previas a las elecciones en las que de nuevo serviría como golpeador.
Así desapareció del mapa unas semanas. Hasta ahí llegó la acción de la autoridad que supuestamente le tiene pendiente una orden de aprehensión cuya existencia es dudable... y las ganas o la voluntad de ejecutarla, parecen inexistentes. Por eso el cuestionamiento: ¿esperan que mate a alguien para arrestarlo y llevarlo ante un juez?
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La policía no supo, pero la gente sí. De nueva cuenta, el “Pimpón” apareció hace unos días, ahora por la denuncia pública de un instructor de artes marciales, Alexis Navarro, quien dio a conocer que uno de sus estudiantes fue agredido por Loya Ramos durante un torneo en la capital del estado.
Tras una justa deportiva que ganó el estudiante de Navarro, el parralense se acercó a su alumno y lo golpeó en el rostro, mientras profería amenazas contra ambos.
La barbarie extendida del feudo exnaranja a la capital del estado solo puede explicarse por la pasividad de una autoridad disociada de la realidad o en abierta complicidad con el grupo político que le da vida a esa reminiscencia de los gobiernos abusivos, autoritarios y desprestigiados, que los ciudadanos terminaron por rechazar conforme el país evolucionó democráticamente.
Si Parral vive en un pasado antidemocrático y alejado del estado de derecho, entonces podemos explicar, más no justificar, la existencia de estos despojos que tenemos ahora como legisladores jefes de golpeadores; pero queremos pensar que esa no es la realidad de Parral, sino la visión reducida, limitada y carente de luces intelectuales de quienes siguen aferrados al poder público.
Lo que resulta imposible de comprender es la permisividad extendida del gobierno anterior al actual. La impunidad de “Pimpón” y sus patrones fue cortesía de viejos mandos de la Fiscalía General del Estado que suponíamos superados.
Esa permisividad transitó de Lilia Ivonne Maldonado Nieves a Édgar Chaparro Venzor, los fiscales de la Zona Sur que mantuvo el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, de triste memoria por su permanencia de gris a negra durante todo el desastre que fue el corralato.
Luego, igual pasó de Juan Antonio Olague, el primer titular de la dependencia investigadora en Parral al comienzo de la administración actual, al fiscal en funciones, Juan Carlos Portillo Coronado, conocido como “Tatos” entre la gente... y como “Tratos” por quienes han padecido su modus operandi y sus relaciones con algunos sospechosos personajes de la región, de los que era (¿o es?) defensor.
Tanta cortesía para un hamponcillo por tantos altos mandos del Ministerio Público hacen resurgir la pregunta: ¿están esperando que el señor “Pimpón” mate a alguien o qué?
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El muy doméstico ejemplo de Parral da contexto a cuestionamientos sobre el actuar de la autoridad investigadora estatal, tanto en esa ciudad del sur como en el resto del estado.
Que el fiscal “Tratos” sea sostenido en ese cargo pese a la demostrada ineficiencia en un caso aparentemente simple -el de un delincuente común que burla un mandamiento judicial con la mano en la cintura- no es otra cosa más que una señal de que los asuntos mayores menos los atiende.
Tal vez el ejemplo de esa cabeza regional del MP ha cundido a otras latitudes de la entidad, porque hay otros fiscales que igual dedican más tiempo a hacer tratos en sus asuntos de interés privado, que en atender la delicada encomienda que tienen como servidores públicos.
Porque hay más botones de muestra aparte del “Tratos” de Parral; basta una mirada superficial a la entidad para darse cuenta.
Allá en Nuevo Casas Grandes sigue Alejandro Vargas Salas, fiscal de la Zona Noroeste, sin el mínimo resultado y la arraigada costumbre de nadar de muertito en los casos oficiales, desde su designación en mayo de 2023.
Aquí en la capital, sigue sentado de brazos cruzados Heliodoro Araiza Reyes, extrañamente protegido a pesar de su proclividad a privilegiar sus casos particulares sobre las investigaciones; a pesar, incluso, de que es conocida la forma en que dejó la Policía Municipal en el último gobierno priista antes de la llegada de Maru Campos en 2016, a la que los agentes del hoy fiscal le dieron su “bienvenida” como primera alcaldesa.
La historia no miente.