Imagine por un momento que usted es juez y le someten a su consideración un asunto donde un familiar cercano, amigo o colega suyo está en confrontación legal con otra persona. Ahora imagine que usted como juez decidirá otro asunto donde si le concede la razón a la parte contraria usted será afectado en su patrimonio, ingresos o trabajo ¿cree que le daría la razón a la parte contraria? No verdad, pues justo eso es lo que están haciendo los jueces y ministros del Poder Judicial de la Federación, siendo juez y parte en la reforma judicial que les afecta, beneficiándose ellos.
Es por ello que sin ser abogado o abogada, por pura lógica uno sabe que un juez no debe intervenir en un asunto donde sus intereses estén involucrados. Por esa misma razón es que el actuar de los jueces está regulado desde la Constitución Federal donde les ordena conducirse con imparcialidad y objetividad (Artículo 100 de la Constitución Federal) que no es otra cosa que la prohibición de conocer asuntos que resulte un beneficio o perjuicio para ellos, familiares, amigos o cercanos.
Por si eso fuera poco existe una ley orgánica que sanciona el actuar bajo parcialidad o falta de objetividad y les impide conocer de asuntos donde violenten dichos principios judiciales (artículo 126 fracción III y VIII de la ley orgánica del Poder Judicial de la federación), e incluso establece las sanciones para aquellos que “Conozcan de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos”, no preserven “La dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores” y “Emitan opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento” (artículo 110 fracciones V, IX y X de la misma Ley”).
Misma prohibición existe para los jueces de distrito al admitir amparos y conceder suspensiones contra la reforma constitucional, es decir que no se aplique la Constitución a ellos. Así lo establecen los artículos 51 y 61 de la ley de amparo que les prohíbe conocer de asuntos donde tenga interés, como es el caso de la reforma judicial, así como admitir amparos contra reformas constitucionales.
Pero todo eso lo saben ellos y les vale. Pero lo grave no sólo es su actuar imparcial y fuera de objetividad violentando la Constitución, su Ley Orgánica y la ley de amparo que conocen perfectamente, además, en un actuar ilegal y que raya ya en la arbitrariedad, además de admitir amparos la Corte se dispone a revisar la reforma judicial, estando impedidos pues la Constitución no permite que los jueces federales, magistrados ni ministros puedan revisar ni echar abajo una reforma constitucional y pretenden hacerlo como si estuvieran por encima del Estado de Derecho.
La lógica es porque su trabajo es revisar que el marco normativo esté acorde con la Constitución y por ello no pueden revisar que la Constitución esté de acuerdo con la Constitución, ellos no pueden erigirse como un poder supra constitucional, no pueden decir que un artículo constitucional es inconstitucional, no tienen facultades y hacerlo es riesgoso porque entonces les dejas a 11 juzgadores, sin ninguna legitimidad, la facultad de echar abajo reformas que el pueblo soberano de México ha decidido
Por eso nuestra propia Constitución establece que México tiene en todo momento la facultad de alterar su forma de gobierno (artículo 39) y le deja esa facultad únicamente al Constituyente permanente, ya que en ellos se deposita la representación del pueblo mexicano, siendo el Congreso federal y la mayoría de las legislaturas estatales los únicos que pueden hacerle modificaciones a la Constitución Federal como en este caso aconteció con el poder judicial (135) y por esa razón están impedida la Corte de echar abajo la reforma judicial por ser una reforma constitucional, permitirles eso sería darles un poder por encima del Constituyente permanente y en ninguna pate de nuestra base normativa los autoriza.
Por eso es que los ministros de la Corte no pueden, están limitados e impedidos a revisar la reforma judicial como quieren hacerlo arbitrariamente la próxima semana, están actuando como tiranos pues su actuar no tiene sustento legal ni constitucional, y como si fueran minireyes al estilo de Luis XIV, Rey de Francia (a quien se le atribuye la frase de “El Estado soy yo” hace más de 350 años), nos están diciendo a todos los mexicanos “La Constitución somos nosotros”, poniéndose por encima de lo que decida el pueblo mexicano representado en el Congreso Federal y la mayoría de los congresos estatales.
Lamentable el papel que están jugando los jueces federales, magistrados y ministros mostrando exactamente por qué era necesaria una reforma judicial al actuar arbitrariamente y sin ética, sin respetar ninguna norma ni a la propia Constitución que juraron respetar, sin permitir el acceso a la justicia a la sociedad como forma de chantaje y presión para no perder sus privilegios, lo cual sigue ocurriendo en los juzgados federales de Ciudad Juárez y muchas partes del país (afortunadamente los tribunales de Chihuahua ya abrieron sus puertas). Vaya forma de dejar el cargo.