-Exámenes de drogas y confianza a funcionarios
-La indagación sobre hidrantes
-Ni un requisito de primaria cumplió

La principal lectura en las filas de la Policía Estatal, tras el manotazo contra Simeón Esparza para nombrar como subsecretario de Despliegue Policial a Ricardo Realivázquez, es que el secretario de Seguridad, Gilberto Loya, ha comenzado a desmantelar su círculo más cercano, compuesto de elementos muy allegados desde hace años.
El arribo de Realivázquez es destacable no sólo porque ahora sí fue designado un policía de carrera -para atender las inconformidades crecientes de una maltrecha y a veces desorganizada tropa- sino también porque no forma parte del grupo con el que Loya Chávez llegó a la SSPE, proveniente de la Policía Municipal de la capital.
De hecho, dicen que el nuevo subsecretario apuntaba para relevar al general Ricardo Fernández al mando del sistema penitenciario estatal, donde era jefe operativo, pero las estrellas se le alinearon para otra cosa pese a que no era su objetivo.
Eso, consideran dentro de las filas estatales, marcaría el derrotero de Loya, cuyos afines no le respondieron con resultados a la confianza que les brindó. Además del desplazado Simeón, hay otros botones de muestra que ilustran la situación.
En primer lugar, está el caso de Aarón Quintana Rodríguez, exjefe de la Policía Estatal en la región sur, quien fue degradado por una denuncia de acoso sexual contra una compañera; no fue corrido, como al parecer era necesario, sino escondido, para quitarle lo caliente al caso, como custodio en la vieja Penitenciaría de la avenida 20 de Noviembre.
Por otra parte, está el caso de José Roberto “El Cholo” Leyva, quien después de ser rescatado de la Policía Municipal ante acusaciones de que protegía “tienditas”, de esas donde no venden pan ni leche, llegó a sonar como posible subsecretario, pero también terminó relegado como jefe de Seguridad del llamado Ceresito.
Ni qué decir del mentado “Jefe Cuco”, Refugio Moreno, director de la Policía Bancaria, Comercial e Industrial, instancia desmantelada tras la ejecución de uno de sus mandos en febrero pasado; el tal “Cuco” ahora nomás cobra como titular de una división que sólo existe de nombre.
Así se ha desdibujado gran parte del equipo con el que llegó Loya. A la vista de esos hechos, parece claro que da golpes de timón que, hasta eso, han sido tomados de forma muy favorable en las filas estatales.

***

Por cierto, en oficinas administrativas de la SSPE les cayó a varios como baldazo de agua fría la instrucción de que todos los funcionarios deben someterse a exámenes de confianza, que van desde la evaluación médica y socioeconómica hasta las pruebas para detección de uso de drogas.
En el “área de los crickos”, como le dicen a la oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad -al mando oficialmente de Jorge Armendáriz, pero con unos “raspas” detrás especializados en hacer dinero de los fracasos políticos- es donde fue más palpable el nerviosismo.
El proceso se adapta al nivel de responsabilidad del evaluado y busca identificar riesgos que puedan afectar la seguridad y eficiencia en las funciones institucionales, asegurando estándares de calidad en el servicio, lo que se creía exclusivo de los policías y mandos operativos, pero ahora al parecer será extendido a otras áreas.
A ver cómo les va en el club de los que tienen ojos rojos y las bocas secas, pero no precisamente por la falta de sueño.

***

Llegó al Congreso del Estado el oficio No. OIC/533/2025, que envía la titular del órgano interno de control del Municipio de Chihuahua, Carmen Hidalgo, en respuesta al Acuerdo No. LXVIII/PPACU/0136/2025 II P.O.
Dicho acuerdo solicitó una revisión exhaustiva, en la medida de sus atribuciones, de las responsabilidades de los funcionarios de protección civil y demás autoridades encargadas de la inspección de los hidrantes, “quienes han sido omisos durante ya 15 años de la operación de los mismos”.
El órgano control inició desde el 18 de marzo del presente año, un expediente de investigación por hechos similares a los que refiere en el acuerdo antes mencionado, iniciando las indagaciones correspondientes a efecto de determinar posibles actos u omisiones.
Deberá aplicarse la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya que los actos pudieran constituir faltas administrativas por parte de personas servidoras públicas municipales.
El punto sobres las íes lo puso en su momento el mismo alcalde, Marco Bonilla, con motivo del incendio en Milano.
Así es de que la investigación va toda la mano y el apoyo institucional desde la cabeza del Municipio.

***

Hay en el nombramiento de la hoy magistrada electoral local, Adela Jiménez, una estela que deja mancha en el procedimiento de selección y nombramiento.
Más allá de la doble votación en el Senado, la exhibida con el audio de Adela en llamada con Javier Corral, la ausencia de experiencia jurisdiccional en materia electoral, la reunión a escondidas de la Jucopo para palomear la última versión de propuestas al pleno -violando reglamento-, y su posterior modificación por gazapo fenomenal de Adán Augusto, al equivocar un nombre en Querétaro.
Está documentado en todo el procedimiento que la aspirante a magistrada no presentó documentos certificados, que era un requisito ineludible en la convocatoria.
La base tercera indica sin lugar a dudas dicha obligación, al señalar textual en el numeral 2 de la base tercera, la exigencia de “copia certificada de los siguientes documentos: Acta de nacimiento; Título profesional de Licenciada/Licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10 años; Cédula Profesional, y Credencial para votar vigente.
El faltante de documentos certificados por parte de Adela quedó en constancia en los diversos documentos existentes -en uno de ellos se le dejaba fuera de la lista de personas a ser entrevistadas-, inclusive forma parte del dictamen entregado a la Jucopo el jueves de la semana pasada y que le sirvió de base a dicha Junta de Coordinación para hacer la propuesta al pleno.
Jamás cumplió la aspirante a magistratura con un elemental requisito, de primaria, con lo que quedaba inhabilitaba para ser considerada idónea.
Pues con esa mancha, y todos los demás etcéteras indicados, fue votada en el pleno, cobijada primero por la voz impostada de Corral y después con grosería y todo de Félix Salgado Macedonio.
Con ese aval, es desde el miércoles, la tercer ocupante de magistratura a nivel electoral local.

***

La Dirección de Seguridad Pública Municipal diseñó el operativo metropolitano de Semana Santa como un traje a la medida respecto al patrullaje que se realizará en cada distrito policial para inhibir los delitos patrimoniales, ante la salida de vacacionistas de la ciudad.
No todas las zonas de la capital se miden con la misma estadística de incidencia delictiva, por ello trabajaron en un mapeo muy específico para enfocarse a las necesidades por distrito, así la vigilancia de los policías irá dirigida a atender los delitos que más se presentan en cada demarcación.
Ya se verán al término de este periodo vacacional los resultados que se obtengan. A eso se ha comprometido el comisario Julio Salas.
Habrá un importante despliegue del estado de fuerza de las diversas corporaciones de seguridad, sumadas al objetivo de resguardar a los más de 300 mil vacacionistas que se estima visiten la zona metropolitana, de acuerdo al dato que brindó la Secretaría de Turismo.
Este operativo en conjunto entre Chihuahua, Aquiles Serdán y Aldama, es la cuarta vez que se realiza entre dichos municipios, a partir de la colaboración que se ha planteado por el alcalde Marco Bonilla en materia de seguridad.