-Malandros armados en el Sanfra como en Riberas
-Pululan observadores en elección
-Los fifís del Bienestar
-El PRI y su inequidad de género

A menos de 50 metros del cuartel de la Policía Estatal en Creel, pueden verse enormes troncos rodados del maltratado bosque que rodea a ese poblado, municipio de Bocoyna, uno de los sitios más visitados del estado, especialmente en la temporada vacacional que hoy comienza.

Imágenes y videos que nos hacen llegar a GPS muestran el vil ataque ecológico, impune pese a estar en una lomita desde donde alcanzan a verse las instalaciones de seguridad e incluso las cámaras sobre una de las torres de comunicaciones utilizadas por la corporación policiaca.

No son uno ni dos los troncones frescos y secos a la vera del camino, son muchos que aparecen alejados ya del ramerío que dejan los cortes de los talamontes, en especial los que son parte o trabajan para los grupos del crimen organizado, en una zona que debería estar más protegida no sólo por las normas ambientales, sino por tener una comandancia policiaca a unos cuantos pasos.

El descaro es absoluto en el robo de madera en grandes porciones de la Sierra Tarahumara, que muestra una imperdonable devastación en plena víspera de Semana Santa, la temporada alta de turismo nacional e internacional hacia este mágico destino de Chihuahua.

Es más grave que sea en las narices de los policías desplegados en Creel, donde está una de las bases clave para las movilizaciones en el territorio.

Como si le faltaran pendientes que atender al nuevo subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez, en esta localidad tiene uno que demanda atención urgente. No puede permitir, sobre todo en esta época, que siga creciendo la percepción de que no hay autoridad capaz de poner orden.

Ah, eso sí, desde antes de iniciar la Semana Mayor ya tenían instalados retenes desde Cuauhtémoc hasta El Divisadero sólo para molestar a turistas... ¡o esquilmarlos!
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Salvo por el clasismo que aderezó las opiniones sobre el caso, son pocas las diferencias de fondo entre los malandros armados o desarmados que hay en el exclusivo residencial Bosques de San Francisco y zonas como Riberas de Sacramento o los fraccionamientos de San Guillermo, aledaños al penal de Aquiles Serdán.

El registro en videos de lo ocurrido el fin de semana en el Sanfra, consecuencia de inapropiadas conductas tanto de un guardia de seguridad como de un residente, respectivamente identificados como Joel G. y Osvaldo P., muestra el violento nivel actual de las relaciones sociales cotidianas. Tan grave que la mínima interacción puede llevar a una tragedia, que si bien en este caso no trajo una fatalidad sí alertó del riesgo en el que todo ciudadano puede estar en cualquier momento.

El tortuguismo en la admisión de la denuncia penal y su investigación por parte de todas las autoridades, con diligencias retrasadas 24 horas o más a pesar de la evidencia del uso de un arma de fuego, resulta increíble, sobre todo por tratarse del lugar donde viven y conviven políticos, empresarios y gobernantes, muchos con escoltas que, en teoría, son los únicos que pueden andar armados.

Ni por eso pudo apreciarse una respuesta inmediata con claridad y la absoluta transparencia que se esperaría de este brote violento en el exclusivo Sanfra.


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Uno de los puntos flacos en la elección judicial es que los candidatos a jueces, magistrados o ministros, carecen de representación tanto en las casillas como en los consejos y asambleas electorales, organizadoras de la elección, en el INE como en el IEE.

Sería imposible que más de 800 aspirantes a nivel local puedan tener un asiento en el Consejo General del órgano electoral local, y lo mismo en lo federal con decenas de candidatos, pero es obvio que dejaron a la elección sin un soporte de vigilancia elemental, porque tampoco los partidos están convidados. Será entonces una elección sin que los contendientes tengan representación alguna.

Así es de que hay un boom de aspirantes a observadores electorales, vía por medio de la cual, los candidatos están enviando a sus colaboradores de confianza a estar presentes en las sesiones de los órganos electorales e inclusive, podrán observar de cerca el transcurrir de la jornada electoral en las mesas receptoras de votos.

Hay por lo menos cinco mil solicitudes a nivel estatal -124 mil a nivel nacional-, hasta el último dato al que tuvimos acceso, para ser observadores, cuando aún hay tiempo para registro, por lo que podrían ser el doble o el triple, quien sabe.

Alguna regla deberá sacar tanto el INE como el OPLE -Organismo Público Electoral Local- en vísperas de la jornada electoral que viene para dentro de mes y medio, el primero de junio, porque esos miles de observadores exigirán estar presentes durante el conteo de votos en las asambleas distritales, con justo derecho más que de observación, de representación de sus candidatos.

Veremos entonces lo que podría ser una andanada de recursos y solicitud de recuento de votos, para lo cual debe irse preparando el Tribunal Estatal Electoral, porque allá llegarán todas esas solicitudes.


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Documentamos por consulta en Facebook las quejas de los colaboradores del Bienestar en Villa Ahumada, por la discriminación, bajos salarios y ausencia de prestaciones que enfrentan los trabajadores eventuales de dicha secretaría a nivel nacional.

Las reacciones de dichos empleados del Bienestar ocurrieron con motivo de la presentación de América García como delegada regional de dicha dependencia, con cabecera en Nuevo Casas Grandes, pero con injerencia en dicho municipio, capital de los montados, con infaltable suero y salsa.

Constatamos en aquel entonces las denuncias de los trabajadores, no sólo por la ausencia de prestaciones en el ejercicio de sus funciones, sino porque inclusive eran obligados a pagar de sus exiguos salarios, hasta la renta del local.

A raíz de dicha situación pedimos vía transparencia que informará la Secretaría del Bienestar el número de empleados existentes a nivel nacional, con la categoría de cada uno de ellos, base, confianza, honorarios, etcétera.

Pues resulta que de oficinas centrales del Bienestar informan que en Chihuahua sólo hay una empleada formal -la delegada Mayra Chávez-, y todos los demás -incluyendo los delegados regionales como América García- son por honorarios, o algún tipo de contrato, por lo que carecen de prestación alguna.

“Los prestadores de servicios por honorarios no son empleados…cuya contratación no tiene ninguna relación laboral con la secretaría, ya que no se encuentran supeditados a las obligaciones y derechos que rigen a un servidor público”, dice textual la respuesta, cuya imagen publicamos en edición digital.

Hay entonces trabajadores de primera y de segunda en la secretaría del Bienestar, los fifís y todos los demás en la estructura.


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Podrá presumir de todo el Revolucionario Institucional con la toma de protesta de presidentes y secretarios de comités municipales, pero hay profunda inequidad de género.

Así como se lee, probablemente es histórico que haya 34 mujeres presidentas y solo 29 presidentes varones. Una inequidad positiva para paliar las diferencias históricas en el género de dichas posiciones.

En cuanto a secretarios hay 17 hombres y 41 mujeres, conforme al listado que el PRI difundió desde el mismo sábado, en que el auditorio del otrora partidazo fue sede del evento tricolor.

En total, de los 242 puestos asignados por el PRI, 150 -abrumadora mayoría- corresponden a mujeres, y 92 a hombres.

Probablemente el prietito en el arroz, es que los comités municipales más importantes de la entidad, en función de población, quedaron en manos de hombres.

Nos referimos a Chihuahua y Juárez, donde fueron designados Pedro Beristain Flores y Alberto Reyes Rojas; sus secretarias son Ana Lilia Orozco Ortiz y Mirza Anhelo Panes Favela.

Hay balance en ciudades importantes, como Camargo, Delicias, Guachochi y Parral, donde fueron designados hombres, con Cuauhtémoc, Jiménez, Madera y Nuevo Casas Grandes, con mujeres.

Aún hay pendiente en el tema dentro del PRI con la equidad horizontal y vertical, conceptos novedosos donde queda a deber.


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Puede observarse -y ahí están los boletines de Andrea Chávez- que hay un cambio de estrategia en su movilización para generar difusión y no abandonar ni por error el camino a la gubernatura.

Ahora anda haciendo difusión del proceso electoral judicial, como banderita de batalla, luego de que fue bajada de manera contundente con el tema de los camiones millonarios en salud.

La elección judicial le dará margen durante el próximo mes y medio para andar tocando puertas casa por casa, ya con la venía del Tribunal Electoral Federal, para posicionar a sus favoritos en la contienda; ni modo que no lo vayan a hacer ella y otros actores políticos.

Anduvo por Cuauhtémoc, Namiquipa y pueblos circunvecinos haciendo sus asambleas informativas de la elección judicial, con la cual “el pueblo recupera la justicia”.

Y el partido, Brighite Granados, dirigente estatal, ¿cerrando también los ojos?