-Chihuahua da la sorpresa hacia la Suprema Corte
-Plan A es Geo, pero también hay Plan B
-Auditoría por obras en terreno de Stsuach
La trágica muerte de 12 personas indígenas en Guachochi, a raíz de un accidente vehicular, conmueve, pero sobre todo indigna por las circunstancias que lo envuelven y traen a la mesa el tema de la falta de protección a los derechos de los pueblos originarios y la población más vulnerable.
Como ha quedado establecido, los testimonios apuntan a que fueron presuntos sicarios quien embistieron el vehículo en que viajaban 19 personas, entre ellas mujeres y niños, accidente del que se cumple una semana sin un responsable detenido.
Los criminales de inmediato pidieron apoyo a sus secuaces para que los rescataran y limpiaran cualquier rastro de su presencia en ese lugar, en una muestra de la impunidad con la que opera la delincuencia organizada en estas regiones del estado.
Decíamos en la entrega pasada de GPS Dominical que son crueles e inhumanas las condiciones en que deben transportarse los indígenas para salir de sus comunidades, a trabajar, a hacer trámites o incluso a buscar apoyos para enfrentar las condiciones de pobreza en que viven.
En este caso en particular, nos comentan, las víctimas venían de la cabecera municipal de Guachochi, donde recogieron apoyos del Gobierno Federal, del programa Sembrando Vida.
Iban de ride y cargados de billetes al menos seis de los fallecidos, porque no contaban con otra forma de trasladarse a cobrar los seis mil 450 pesos del programa.
Esperemos que las familias de los fallecidos y heridos hayan recuperado cada peso, porque no faltan buitres abusivos entre policías, peritos y particulares.
Aunque muchos critiquen el asistencialismo, lo cierto es que estos apoyos significan un gran aliciente para las personas más vulnerable que, por diversas condiciones, difícilmente podrán acceder a las oportunidades que, de forma privilegiada, tiene otra parte de la población.
Sin embargo, la ayuda económica no viene aparejada con apoyo de transporte y por ello, los pobladores de las comunidades más alejadas se ven obligados a recorrer largas distancias por los medios que encuentren porque la mayoría no tiene cómo moverse por su cuenta.
Para algunos de sus programas, el gobierno estatal desplaza brigadas que hacen llegar los apoyos a las comunidades más alejadas, pues sale incluso más barato movilizar a 10 servidores públicos que a cientos de beneficiarios.
Por esta desgracia, la delegada de Programas Sociales Federales, Mayra Chávez, anunció que van a revisar el esquema de entrega de apoyos, necesidad que trágicamente quedó evidenciada, pero siguen siendo muchos los cuestionamientos dentro de la Secretaría de Bienestar sobre qué tanto puede, a nivel local, cambiar ese esquema la funcionaria federal.
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La que dio la sorpresa al regresar de las vacaciones de Semana Santa fue la catedrática e investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Olivia Aguirre Bonilla; resultó ser puntera en las preferencias y estar en el top 3 de las preferencias de los electores con Lenia Batres y Yazmín Esquivel.
De acuerdo con una encuesta publicada este lunes por la casa encuestadora Enkoll, Olivia Aguirre estaría en un empate en segundo lugar con la actual ministra Yasmín Esquivel, con 18% de las preferencias; y se ubica por debajo del primer lugar que ostenta la también actual ministra Lenia Batres con 25%.
El avance de Aguirre Bonilla, originaria de Ciudad Juárez, refleja una señal inequívoca de que la ciudadanía apuesta por perfiles jóvenes, preparados y con visión de futuro en el nuevo Poder Judicial.
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Quedó anotada la chamaqueada de Alfredo Chávez al coordinador morenista en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada; el golpe maestro fue posicionar a Geogina Bujanda como “la mejor evaluada”, a pesar del supuesto "contrapeso" de Morena. La jugada, hasta ahora, le ha salido de 10.
Sin embargo, lo verdaderamente interesante apenas comienza: en la inminente elección en el pleno del Congreso, Bujanda Ríos competirá contra dos perfiles de mero relleno, en un teatro ya ensayado para simular que no hay consensos.
¿Cuál es el verdadero objetivo? Que la primera terna se declare sin acuerdo, habilitando la presentación de una segunda terna, muy posiblemente con Georgina Bujanda a la cabeza, ahora sí, con la ruta de los votos ya planchada, incluidos los "amigazos" de Morena, que en otras ocasiones han mostrado descontento con su coordinador.
Muy pronto, Cuauhtémoc Estrada tendrá que tragarse sus palabras cuando vea a la exdiputada blanquiazul al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Ahora bien, si por cualquier motivo la operación política no prospera como está calculada, nos aseguran que también existe un Plan B: declarar desierta la convocatoria ante la falta de los 22 votos requeridos.
Así, continuaría al frente de la vapuleada comisión su actual titular interino, Alejandro Carrasco, cuya gestión cada vez exhibe más la falta de control, autoridad y legitimidad de un órgano que, hoy por hoy, parece funcionar más a conveniencia del poder en turno que en defensa de los derechos humanos.
La verdad monda y lironda.
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A los morenistas les encanta meterse en todo con tal de politizar todos los asuntos aunque se trate de temas a los que no les entienden del todo, o nada.
Tal es el caso del exhorto que hizo la senadora, Andrea Chávez, al Gobierno del Estado y al Municipal para declarar el Cerro de los Caballos como área natural protegida.
Resulta que el alcalde, Marco Bonilla, fue cuestionado al respecto para conocer si acataría el exhorto enviado por el Senado de la República.
Con lo que no contaban los morenistas, fue que el edil trabajó en la Comisión Nacional del Agua y le sabe al tema federal, sus normativas y jurisdicciones, entre ellas los alcances y responsabilidades entre los tres niveles de gobierno.
Justo la declaratoria sobre área nacional protegida dejó en claro el edil capitalino, le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante un decreto presidencial, previo a un exhaustivo estudio, análisis de la zona por especialistas y no desde el escritorio de una oficina o utilizando la tribuna del Senado.
De pena ajena.
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En el Sindicato de Trabajadores de la Universidad autónoma de Chihuahua (Stsuach) hay voces que piden una auditoría integral, en el famoso asunto del terreno.
No solamente es el tema de los millones de pesos recibidos a cambio de los lotes vendidos, sino que al parecer también metieron mano al cajón para invertir en la urbanización de dicho predio.
No se sabe bien a bien cuánto fue lo que se invirtió en la anterior administración sindical con Ricardo Moncayo, pero echan cuentas de una buena cantidad de recursos para dichas tareas elementales al momento de querer vender lotes.
Debería ser cuando menos un despacho externo el que entre a hacer la revisión de las cuentas de la anterior y de la presente administración porque hay sospechas de que no hubo manejo sano de los recursos económicos del sindicato.
Quieren saber los trabajadores desconfiados de qué cuentas salieron dichos dineros, ya que algunas de ellas están protegidas y dirigidas a un destino específico como es el caso de los fideicomisos.
No vaya ser que adonde metieron mano fue precisamente a donde no podían y con ello habrían cometido un delito.
Proponen que el despacho contable sea seleccionado por precio entre varios, y no de manera directa por el secretario general Salvador García, porque hasta ahí habría negocio.
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El nuevo responsable de Pensiones Civiles del Estado, Heriberto Miranda Pérez, tenía casi una década en diversas funciones dentro de la institución, particularmente el área de Salud Pública, de la cual es especialista.
Pero, además, por sus funciones en Servicios de Salud de Chihuahua, donde ocupó en algún momento la subdirección estatal, tiene una idea clara de la nueva responsabilidad, vista desde la Secretaría de Salud.
Conoce entonces a Pensiones desde adentro y desde afuera, el médico general con maestría en Gestión Directiva en Salud, perfil que sin duda le ayudó para ser seleccionado.
Deberá atender el reclamo de mayor comunicación con el magisterio que la gobernadora Maru Campos hizo muy temprano ayer, cuando apenas había entrado a palacio, para atender la mesa de seguridad.
Es el tercer director general de Pensiones en la actual administración, que inició con Hugo Gutiérrez, actual secretario de Salud y el removido Marco Antonio Herrera, cuyo pecado fue precisamente no atender con mano izquierda y resolver las peticiones de los maestros.
