-Aplastan mujeres a machitos del Tribunal
-Dejan de circular 68 mdd por remesas en Chihuahua
-¿Y cuántos Israeles Vallarta siguen en prisiones?

En la calle Circuito Ángel Dariel del fraccionamiento Riscos del Ángel, la patrulla PA-1478 de la Policía Municipal, asignada al Distrito Colón, ha permanecido estacionada con agentes regularmente alrededor, en la vigilancia de un domicilio asegurado y sellado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Es la casa donde fue capturado Salvador Humberto S.V. M, alias “El Verín”, junto con su esposa y su yerno, María Q y Ángel G., por elementos de la Guardia Nacional el pasado 15 de julio, para luego ser recluidos en el Cereso de Aquiles Serdán tras presentarlos ante un juez federal.
A los vecinos les ha llamado la atención la vigilancia especial en la casa, sobre todo porque, no es un secreto, presuntamente muchos agentes municipales, estatales y ministeriales, han sido considerados como parte de la nómina del grupo delincuencial encabezado por el también llamado “Señor de la V”.
No sólo en narcomantas ha quedado evidencia de las posibles complicidades de las corporaciones policiacas con el capo del Cártel de Sinaloa a cargo del control de gran parte de la ciudad de Chihuahua; también las habladurías y las sospechas corren de boca en boca incluso entre los agentes de seguridad de todos los niveles.
De ahí que levante suspicacias la vigilancia especial de un domicilio asegurado, aunque también es común que haya coordinación entre instancias preventivas e investigadoras para la realización de diversas tareas anticrimen, entre ellas el cuidado de bienes involucrados en pesquisas y el resguardo de evidencias.
Ni modo que haya agentes o mandos que, por oficiosos o por encargo, tengan algún otro tipo de vigilancia en la casa de “El Verín”, claro que no.
Por lo pronto, los vecinos del fraccionamiento, sorprendidos de madrugada a mediados del mes pasado con el fuerte operativo para la detención del capo, quieren recuperar la tranquilidad de antes y pues la constante y sospechosa vigilancia no los deja, sobre todo habiendo delitos alrededor en los que mejor podrían ocuparse las unidades oficiales.

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El 14 de junio dábamos cuenta en GPS de la idea promovida desde los grupos feministas de Chihuahua, para que las candidatas a magistradas que no habían sido electas a pesar de tener más votos que los hombres, impugnaran la elección en el Tribunal Estatal Electoral.
El argumento tenía su base en los números de votos que obtuvieron las candidatas mujeres, cifras más elevadas, en efecto, que las obtenidas por los magistrados electos hombres.
A la vuelta de un mes y medio, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, Roxana García, Adela Jiménez y Hugo Molina, validaron el reclamo con una base constitucional que habrá de acomodar, si la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no modifica la decisión; así, el TSJE quedará conformado por 20 mujeres y 10 hombres, no 15 y 15 como originalmente estaba previsto.
No fueron más salas penales para mujeres, pero fueron compensadas en la contienda de las salas familiares y civiles, en este nuevo acomodo ordenado por la autoridad jurisdiccional.
El TEE invalidó la elección de Héctor Villasana Ramírez y Jesús David Flores Carrete en las salas penales, para en su lugar asuman Laura Guadalupe Ocón Bailón y Yasel Iradel Villanueva Pérez.
Ellas dos son el mejor ejemplo del razonamiento para declararlas ganadoras sobre los hombres. Ocón Bailón, quien quedó en octavo lugar de las mujeres y no alcanzaba una magistratura, obtuvo 71 mil 592 votos, más que los obtenidos a partir del cuarto lugar de los hombres; Villanueva, noveno lugar de las mujeres, también perdedora inicial, sumó 69 mil 839, por encima del quinto lugar del listado masculino.
Además, de las salas familiares fue relevado Javier Alberto Torres Pérez por Sara Julieta Muñoz Andrade; y de las salas civiles cayeron Roberto Fuentes Rascón y Saúl Rodríguez Camacho, quienes fueron relevados por Elvia Mariela Salvador Navejas y Adriana Salcido Burrola.
Sí, interpretaciones políticas hay muchas, muchísimas: la identificación de Villasana como uno de los abogados de César Duarte; la posición de Fuentes como secretario municipal del alcalde Marco Bonilla, el más aventajado del PAN para 2027; hasta y el padrinazgo algo turbio del fiscal Flores Carrete que casi era encumbrado con una magistratura.
Sin embargo, la argumentación jurídica basada en criterios federales, al menos así la pintó el TEE, luce sólida, más allá de cualquier presunción de acuerdo político.

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En el estado de Chihuahua, los ingresos por remesas muestran una caída cada vez más marcada. Mientras que en el primer trimestre de 2025 el retroceso fue leve, de apenas 0.4 por ciento, para el segundo trimestre (abril a junio) la disminución se aceleró a 5.3 por ciento.
Esto se traduce en un fuerte recorte en los recursos que llegan del exterior y que circulan en la economía local. En junio de 2024, el estado recibía en promedio 396 millones de dólares al mes por concepto de remesas; sin embargo, en el segundo trimestre de 2025 ese promedio mensual bajó a 328 millones.
Es decir, hay 68 millones de dólares menos al mes moviéndose en la economía chihuahuense, lo que puede afectar desde el consumo en los hogares hasta las ventas en pequeños negocios y comercios locales.
A nivel nacional, la caída anual se ubica en un 16.2 por ciento, representando una caída estrepitosa de alrededor de mil millones de dólares menos promedio mensual, con corte a junio de 2025. Toda una afectación.

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En su magistral libro “Una novela criminal” (Alfagura, 2018) Jorge Volpi devela lo siniestra que puede ser la justicia mexicana cuando se mezcla con la política.
Ahí desmenuza el viacrucis personal y las incongruencias procesales en la detención de Israel Vallarta y de su novia la francesa, Florence Cassez, detenidos el ocho de diciembre de 2005, en un operativo de la Agencia Federal de Investigaciones que encabezaban Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, hoy condenados por delincuencia organizada y tortura, respectivamente.
A la pareja detenida en el rancho Las Chinitas, entre México y Cuernavaca, los acusaron de pertenecer a la banda de secuestradores Los Zodiacos.
Tuvieron qué pasar 20 años para que el viernes, el juzgado tercero de Distrito de Delitos Penales Federales en el Estado de México, dictara sentencia absolutoria a Israel Vallarta, según anunció ayer en La Mañanera la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
El tema se volvió muy mediático y político, porque el operativo lo transmitieron “en vivo” a través del noticiero matutino de Televisa que encabezaba Carlos Loret de Mola…quien después ha declarado que desconocía que se trataba de un montaje.
En particular la detención de Florence causó casi una ruptura diplomática entre los entonces presidentes de México, Felipe Calderón, y de Francia, Nicolás Sarkozy, pues éste siempre defendió la inocencia de Cassez y el primero se aferró a la versión de García Luna.
Sin embargo, en 2013, finalmente fue liberada por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y extraditada a su lugar de origen, siendo presidente Enrique Peña Nieto.
Israel Vallarta siguió prácticamente sepultado en vida en el penal de máxima seguridad en el Altiplano.
La Presidenta aseguró ayer en La Mañanera que no tuvo nada qué ver con su liberación, pero ya el propio AMLO había asegurado en su administración que revisarían el caso. Habrá que ver si Calderón abre la boca, aunque no le conviene mucho remover el asunto, tanto por lo de Florence, por García Luna, que hizo y deshizo en su periodo de gobierno.
La otra pregunta es cuántos inocentes más seguirán presos, aunque no sean dignos de la atención mediática o de las grandes plumas como las de Volpi.