El lunes primero de septiembre se consuma una reforma constitucional inédita: los titulares del poder judicial tomarán posesión tras ser elegidos por voto popular. Con esta reforma México se convertirá, junto a Bolivia, en el único país del mundo en aplicar este modelo (https://bit.ly/3HAE1P6).
¿Por qué después de 2500 años de civilización occidental no se había concebido un sistema de jueces elegidos? ¿No resulta extraño que solo Bolivia y México sean los únicos países en el mundo donde sus ministros -jueces federales- sean electos por voto popular? ¿Por qué a sistemas populistas de izquierda se les ocurrió imponerlo?
Si bien es cierto que en Estados Unidos algunos jueces son elegidos por voto, estos son únicamente para jueces en algunos estados, y su competencia es local. Pero ningún ministro federal estadounidense se somete a las urnas. Allá consideran que estos jueces requieren necesariamente una carrera judicial que garantice su conocimiento constitucional, procesal y ético. Esto contradice las declaraciones de los secretarios Marcelo Ebrard (https://bit.ly/4mvZBn8 ) y Juan Ramón de la Fuente (https://bit.ly/41T4mi2) quienes para defender la reforma mexicana afirmaron que en Estados Unidos se eligen jueces por voto.
Veamos los resultados de la reforma judicial en Bolivia, que elige a sus jueces federales por voto: oposición de la sociedad reflejada por el altísimo abstencionismo y votos nulos -más del 60% anuló o dejó en blanco su voto en las últimas dos elecciones-, (https://bit.ly/3Va02r1); y una pérdida de confianza en la legitimidad de su sistema judicial que ha provocado crecientes manifestaciones de descontento.
Los límites en el ejercicio del poder público son parte esencial de una república y constituyen el soporte de un estado de derecho. Incluso los reinados modernos europeos lo tienen: el rey Carlos III de Reino Unido y el rey Felipe VI de España juran respetar y aplicar sus respectivas constituciones y someterse a un sistema jurídico que valida su sistema de gobierno y a ellos mismos. Resulta una contradicción que en sistemas democráticos, el presidente absorba a través del manipuleo político a los demás poderes. El proceso es historia: una vez que el Poder Ejecutivo logra controlar al Legislativo se reforma la Constitución para controlar el Poder Judicial. Ejemplos: Turquía, Venezuela y Bolivia, por citar algo. En todos los casos, se usan argumentos populistas: “que el pueblo elija a sus jueces”. Un proceso legal, pero sin legitimidad. Así se forma un régimen autoritario en una democracia por medio de la demagogia; entendida la demagogia como la perversión de la democracia, de acuerdo con Aristóteles.
En el pasado sexenio presidencial, la SCJN limitó su acción cuando contradijo al texto constitucional, como fueron las reformas referentes a la prisión preventiva, extinción de fideicomisos, reformas al INE, límites al acceso a la información a obras por “seguridad nacional”, Reforma eléctrica, por citar algunas. (https://bit.ly/4ms6pSH ) (https://bit.ly/41Pe313) . En todos los casos los partidarios oficialistas reformaban leyes sin el fundamento constitucional, y la SCJN dictaba su inconstitucionalidad.
En unos días tendremos un solo poder ilimitado. Claro que el sistema judicial mexicano tiene, todavía, muchos defectos y corrupción en sus estructuras; la reforma judicial es necesaria, pero no así. No necesitamos una reforma que acabe con los fundamentos básicos del estado mexicano y ponga en riesgo los derechos ciudadanos, hoy cuestionados por la limitación de libertades -principalmente de expresión- y la militarización de actividades civiles de gobierno. La reforma judicial viola los principios básicos de un Estado de derecho, los principios de vida de una república y los derechos inalienables de los ciudadanos.
La implementación de la reforma judicial tuvo también sus críticos fuera de México: la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, posteó en X: “el paquete de iniciativas de reforma presentadas por el Ejecutivo, las cuales podrían socavar la independencia de la judicatura en México” (https://bit.ly/3JqAXpg); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió afectaciones en la independencia judicial y el Estado de Derecho por la aprobación de la reforma judicial (https://bit.ly/4mYT4RL) ; la Organización de los Estados Americanos (OEA), recomendó no replicar el modelo de elección de jueces en otros países, debido a la baja participación (13%) en México y alertó por el uso de los “acordeones” (https://bit.ly/4mXopEo ); por citar algunos.
El uso ilegal y burdo de los acordeones, con el apoyo del aparato gubernamental, es solo una muestra de la inmadurez y atropello del proceso de elección para los nuevos ministros de la SCJN; magistrados del Tribunal de Disciplina, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF, de la Sala Regional del TE y Circuito; además de Jueces de Distrito. A este sistema federal súmese la renovación de algunos sistemas jurisdiccionales de algunos estados.
Los gobernadores reaccionaron al escenario político y van 18 estados que modificaron su constitución para votar sus integrantes del poder judicial estatal. En parte para comprar un seguro en los tribunales si no logran poner un sucesor afín a sus intereses. El aluvión de procesos maquiavélicos para tomar el control político por parte del movimiento oficialista esta instalado. Los efectos que esperamos serán semejantes al país boliviano; no hay razones para pensar que puede ser diferente, los datos duros dan pronóstico reservado a la impartición de justicia de México.
La autoridad, entendida esta como el conocimiento y sabiduría que deben tener los jueces en sus resoluciones, debe sustentarse en la verdad y la razón jurídica; no en la popularidad del jurista. Ojalá me equivoque, estamos en el preludio de un régimen totalitario, con leyes y jueces que legalizarán su control político.
