Si alguna duda había del poder de fuego y dominio del territorio que tiene el Cártel de Sinaloa en Chihuahua, ya quedó despejada con el impune ataque a un sacerdote y varios vecinos de la comunidad de Dolores, así como el asesinato de un soldado en el mismo lugar de Guadalupe y Calvo.
A ello debe sumársele la muerte de un coronel, inspector jefe de la Guardia Nacional, en un enfrentamiento con una célula de la misma organización criminal, de la que fueron detenidos nada más 16 integrantes, provenientes de Sinaloa, Durango, Chihuahua y hasta Veracruz, cuatro de ellos desertores de las Fuerzas Armadas.
Liga esos tres sucesos un mismo grupo, conocido como Gente Nueva, parte de la estructura transversal del cártel, cuyo eje vertical se ha diluido desde la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero ha dado paso a una horizontalidad que permea de forma regional por buena parte del Pacífico, así como norte y centro del país.
El padre Lorenzo Medina, párroco de Nuestra Señora de Dolores, viajaba desde la cabecera municipal en el vehículo parroquial con la presidenta seccional, Manuela Armenta, además de otros acompañantes de una familia que le pidieron aventón hacia su pueblo.
Desde un cerro en los alrededores de San Francisco de los Salgueiro, a unos 15 minutos de su destino, la camioneta fue blanco de una ráfaga y algunos disparos sueltos, que hirieron tanto al cura como a una más de las tripulantes, lo que obligó a Medina a regresar a toda marcha por el camino durante hora y media hasta el hospital de Guadalupe y Calvo.
La aparente confusión reflejó las condiciones de riesgo que deben padecer cientos de habitantes de las comunidades del apartado municipio, enclavado en la porción norte del Triángulo Dorado de las drogas que conforman Sinaloa, Chihuahua y Durango.
Derivó a la vez en otra muerte violenta más de las decenas que hay registradas; la víctima fue presentada como el supuesto atacante del sacerdote, con un mensaje diseñado para generar confusión sobre el grupo criminal responsable de la agresión.
Impune la ejecución como el ataque a balazos en Carboneras el pasado 16 de enero; impunes además los asesinatos de tres que fueron colgados en el arco de entrada que, hasta parece sarcasmo, da la bienvenida a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo.

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Había transcurrido poco más de una semana cuando el domingo 25 de enero fue abatido un militar en las mismas brechas alrededor del seccional de Dolores, de los más poblados después de Baborigame, Turuachi, Atascaderos y Yerbitas.
Durante el recorrido de una patrulla de un destacamento asentado en los límites de Sinaloa y Chihuahua, fue asesinado a balazos Alexander Velázquez Espinoza, joven soldado oaxaqueño del arma de infantería, con origen en el 99 Batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La afrenta al Ejército resultó tanto o más impactante que la agresión a un sacerdote y pobladores adultos mayores de la comunidad, por la forma en que el cártel, como una fiera indomable, muestra los dientes y tira zarpazos, como si no existiera autoridad alguna capaz de hacerle frente y frenarlo.
El ataque a los soldados obligó al despliegue de personal militar, Guardia Nacional y Policía Estatal en la zona, pero los agentes no encontraron en los alrededores nada más que unos cuantos cartuchos y equipo táctico que los atacantes dejaron más por evidencia de su presencia en la región que por olvido o descuido, dado que sus mandos conocen la región como la palma de su mano.
Pasaron las horas del domingo entre el traslado del cuerpo de Alexander y un herido más al 42 Batallón de Infantería de Badiraguato, pero sin novedad alguna de la movilización posterior al ataque en la búsqueda de los agresores, quienes, por la región, apuntan a ser los mismos que balearon al sacerdote y a la presidenta seccional.
No sorprende la falta de consecuencias si, como hemos visto en los últimos meses, el grupo criminal mata y entierra o hasta exhibe sus crímenes en abiertas acciones de narcoterrorismo, orientadas a sembrar el temor en autoridades y habitantes, para que no se atrevan a enfrentarlo.
Lo ha logrado con relativo éxito y mucha sangre; ha establecido así un dominio del “estado mayor delincuencial”, para decirlo en términos militares, sobre el atropellado estado de derecho que no acaba de construirse.

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Una nueva muestra del dominio del Cártel de Sinaloa la vivimos poco después, el miércoles 29 de enero, pero esta vez en Villa Matamoros, en la comunidad de Ciénega de Ceniceros, a menos de una hora de la ciudad de Parral, el mayor punto urbano de operación del grupo delincuencial en esa región del estado.
Aquí, elementos federales encabezados por el inspector jefe del 32 Batallón de la Guardia Nacional, asentado en Jiménez, coronel Juan Manuel Corral Hernández, enfrentaron a una célula de la Gente Nueva-Los Salgueiro, extendida por los municipios alrededor de Parral.
El coronel cayó muerto por las balas de los agresores, quienes, a la llegada de refuerzos de la misma Guardia Nacional y el Ejército terminaron rindiéndose; fueron detenidos 16, gran parte, pero no el total del numeroso grupo liderado, de acuerdo con las fuentes de inteligencia, por un sujeto apodado “El Suizo” y de apellido Acosta, no detenido en la confrontación.
La célula involucrada en el ataque, entre la que había cuatro exmilitares desertores del Ejército y la Guardia Nacional, respondía hacia arriba a José Adán M.L., alias “El Pana” o “El Panadero”, por su supuesto oficio de años en el vecino municipio de Santa Bárbara. El líder delincuencial es de los que seguido se pasea a la vista de todos por Parral y otras comunidades. Sus jefes son Los Salgueiros.
Fueron 17 fusiles de asalto más unas cuantas escuadras, cascos y chalecos blindados, vehículos robados meses atrás en la Vía Corta entre Satevó y el Valle de Zaragoza, los asegurados tras el enfrentamiento, todo consignado por la Guardia Nacional a la Fiscalía General de la República, para que fueran llevados ante el juez federal.
Resulta relevante un dato surgido en medio del refuego: las primeras versiones del ataque señalaban que los protagonistas eran militares del Ejército contra civiles armados, pero resultaron elementos de la Guardia Nacional, producto de la confusión generada por el sistema de seguridad militarizado.
El operativo de la Guardia orientado a la disuasión de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada no estaba acompañado de otras corporaciones, en una aparente falta de coordinación o de apoyo entre autoridades, al menos en la visión de quienes arriesgan el pellejo todos los días en la calle.
Si bien hubo muchos detenidos y la amenaza fue neutralizada, el enfrentamiento causó la muerte de un mando militar de ese otro ejército destinado a labores de seguridad pública; fue una batalla ganada, pero con sabor a derrota propinada por un organizado grupo delincuencial que pelea contra corporaciones dispersas, a las que siempre ha sido capaz de retar, desde la guerra de Felipe Calderón hasta los abrazos de Andrés Manuel.
Para colmo, la decisión de esconder el proceso por parte de la FGR, la justicia federal y la justicia militar, entre las telarañas que crecen en los sótanos de una poca efectiva lucha contra el crimen, en nada abona al objetivo de recuperar la paz y la tranquilidad que debiera mover a todas las autoridades.

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Si la organización criminal es capaz de atacar al Ejército -así como de emboscar policías con drones cargados de explosivos, con lo que ya experimentó a finales del año pasado en al menos tres ocasiones- qué no hará con los pobladores civiles, tan aterrorizados que han abandonado pueblos enteros.
Bien lo dijo el sacerdote Lorenzo Medina cuando, en entrevista con El Diario, aseveró tener miedo, pero pedirle valor a Dios para seguir con su misión evangelizadora; y comprender el temor de las autoridades a una intervención permanente y decidida, lo que no han hecho las corporaciones de los tres niveles de gobierno en todo este tiempo.
Da cuenta de tan desastrosa situación el informe que rindió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alejandro Carrasco Talavera, al Congreso del Estado en días pasados. El organismo atendió unas 600 personas en condiciones de desplazamiento forzado o en riesgo de ello, por este dominio del crimen en la región.
Más que un número escandalosamente alto, son hombres, mujeres, niños y niñas con la vida en peligro constante, de Cinco Llagas, Pie de la Cuesta, El Siverio, Las Casas, El Cajoncito, Baborigame, El Muertecito, San Ignacio de los Sotelo, Coloradas de la Virgen, El Nopal, Nuestra Señora, Borrego Quemado, El Bajío, El Carnero, San Miguel, El Palmito y otras decenas de comunidades al parecer condenadas a la violencia.
Más que la cifra, pues, son vidas humanas en juego de chihuahuenses que por años se han enfrentado a las mafias de talamontes, de productores y vendedores de drogas, de sicarios dispuestos a crear nuevas generaciones que alimenten la delincuencia regional.
Más allá de la guerra, por mera humanidad es obligado el actuar de las autoridades con sus corporaciones de seguridad y acciones integrales de atención a esas familias que han salido, están a punto de salir o permanecen en esos lugares, entre la ansiedad, el miedo y la incertidumbre que genera el crimen.