-Silencio ante prisión preventiva
-El cuatro que parece nueve en el INE
-Indolencia partidaria ante crisis serrana

La madrugada del último día del año pasado, los disparos contra una camioneta en el fraccionamiento Cantera V Etapa alertaron a los vecinos, porque, nos reportan, se han vuelto constantes los “patrullajes” de vehículos sospechosos en algunas de sus calles.
En este caso, surgieron versiones de que un joven no residente, sino que acudió a visitar a su novia, había sido objeto de una agresión por la calle Cantera Menorca, a bordo de una camioneta Dodge Ram de color azul y modelo reciente.
No fue tal, según un reporte oficial al que logramos tener acceso, sino que, por el contrario, sí fue un residente el atacado a balazos, con buena fortuna como para no salir herido y terminar únicamente con daños en su vehículo.
Lo alarmante, señalan los residentes, es que la agresión fue resultado de que la víctima, al observar una camioneta blanca -de la que no pudo aportar detalles debido a la rapidez con que ocurrieron los hechos- consideró sospechosa la actitud de sus tripulantes, quienes parecían esperar a alguien cerca de su domicilio.
Al quedarse a observar por esa sospecha que le generó no conocer ni identificar la pickup como propiedad de alguno de sus vecinos, recibió como respuesta los disparos, ante lo cual huyó, igual que los atacantes, quienes salieron del sector y se perdieron a los pocos minutos.
Atendieron la llamada de emergencia agentes de la Policía Municipal de inmediato y elementos de otras corporaciones de las células interinstitucionales que patrullan por ese sector de la ciudad, pero no dieron con quienes, suponen vecinos, eran sicarios a la espera de algún objetivo.
Desde luego, entre los residentes de los fraccionamientos Cantera y otros alrededor, de clase media alta y buena posición económica, ha surgido el temor de que los alcance la violencia en alguna de sus manifestaciones, desde la relacionada con las drogas hasta la que tiene como negocio el secuestro y la extorsión, entre otros delitos.
Aunque es un hecho aislado, como a veces dicen las autoridades, tienen temor de que sea un mal augurio.

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El alcalde, Marco Bonilla inició el año celebrando a quienes cuidan de la seguridad de todas las familias que habitan en el municipio, pero también cercano a las viudas de los elementos que cayeron en el cumplimiento de su deber.
Dentro del mensaje del alcalde durante los festejos por el Día del Policía fue claro: no abandonar a las esposas y los hijos de los elementos caídos y el aumento a los sueldos de los elementos para este 2025 que prometió desde campaña.
Aunque de pronto algunos creyeron que este aumento no iba a llegar, Bonilla lo remarcó viendo a los ojos a todos los polis que participaron en esta celebración.
Sabemos que, cuando el edil dice una cosa, la cumple y más cuando se trata de quienes arriesgan su vida para cuidar a todas las familias que viven en este municipio.
Recordemos que al inicio de su primer periodo se comprometió con reducir los años de servicio. Aunque la tarea no fue fácil porque hubo que hacer mucho análisis financiero para no quebrar la IMPE, lo cumplió.
Hoy muchos elementos disfrutan de su jubilación y algunos hasta encontraron un trabajo para distraerse, porque dicen que se quedaron acostumbrados a la chamba diaria.

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Es interesante el silencio sepulcral en relación con la entrada en vigor de la prisión preventiva oficiosa, que trae elementos que deberían preocupar y en serio, a todos los contribuyentes, los grandes y los pequeños, así como a quienes son consumidores habituales de drogas.
No habrá prisión suficiente si se aplica a rajatabla y sin ninguna consideración la orden constitucional de prisión preventiva en los casos en que se presenten, por un lado, comprobaciones fiscales que a la autoridad les pueden parecer fraudulentas o falsas, o bien, alguna porción de droga que se presuponga es traficada, por poner un ejemplo.
Nada más estos dos aspectos podrían llenar las cárceles de personas, porque los contribuyentes al momento de realizar sus declaraciones pueden incurrir involuntariamente en la presentación de un recibo que les haya sido expedido pero que después sea cancelado, o bien, alguna equivocación en la declaración.
No habrá defensa alguna que valga. Por eso decimos que extrañamente hay un silencio sepulcral, que solo la ONU ha roto con señalamientos puntuales por la entrada en vigor de dicha norma, que es una bomba.

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Ni los consejeros electorales colocados en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la Cuarta Transformación allá en México han podido ponerse de acuerdo en relación con las boletas electorales que van a ser utilizadas en la jornada electoral judicial del 1 de junio próximo.
La consejera, Carla Humphrey, casi literal –desesperada- usó peras y manzanas, para tratar de explicar la dificultad que vendrá con el tipo de boleta diseñada y que obliga a los votantes a colocar en un minúsculo recuadro dos dígitos que deben ser legibles y corresponder además a un género determinado, hombre o mujer.
Le dijo la consejera con justa razón, que para muchísimas personas un cuatro puede ser un nueve, al momento del escrutinio y cómputo en las casillas, detalle simple que justificaría cambiar la estrategia por una mejor boleta y no por el modelo que caprichosamente sacaron apenas con el voto de una mayoría en el caso de la elección de ministros, porque la boleta de jueces y magistrados está atorada, y sin resolución a cinco meses de las elecciones.
Otro elemento que obliga cambiar la boleta, expuesto en la sesión realizada por videoconferencia el primer día del año, es que hay muchas personas en el país que son analfabetas, que no saben leer ni escribir y hay un número más grande de aquellas que son analfabetas funcionales, dada la escasa instrucción que tiene un alto porcentaje de población.
A esas personas se les va a pedir buscar en un listado de decenas de aspirantes quién es su candidato para ser ministro, magistrados, jueces e integrantes del órgano de disciplina; serán de seis a ocho boletas las que deberán llenar una a una los ciudadanos que vayan a sufragar.
El consejero Uuc-Kib Espadas fue también atinado en su proposición de elaborar una prueba piloto contratando a una empresa que cobraría cerca de 600 mil pesos para poner a prueba diversos modelos de boleta en busca de la que mejor garantice un resultado adecuado operativamente hablando, pero fue bateado. Habría ese piloto pero ya no podría haber modificaciones.
Si así están allá, imaginemos en Chihuahua, en el consejo local y en las juntas distritales del INE, donde deberá aterrizarse esa operación consistente en instalar más de dos mil casillas y ponerlas a funcionar, incluyendo el conteo, boleta por boleta.

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La crisis de inseguridad que atraviesa Guadalupe y Calvo no sólo ilustra la violencia cotidiana que padece la población de dicho municipio, sino también la falta de atención de varios actores políticos que parecen tener la indignación reservada para días hábiles.
Ni la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, ni su homóloga de Morena, Brighite Granados; o el dirigente del PRI, Alejandro Domínguez, han hecho algún llamado enérgico para que las autoridades encargadas de la seguridad pública pongan un freno a los hechos terribles sufridos allá.
Mucho menos han aparecido los diputados locales, federales y senadores, quienes en su mayoría salieron corriendo a disfrutar de sus vacaciones decembrinas, tan pronto como cerraron actividades ordinarias en sus respectivos órganos legislativos.
Por el contrario, las agrupaciones criminales estuvieron más que activas durante el mes que apenas concluyó y hasta empezaron el 2025 con el mismo ritmo, dejando dos cuerpos colgados en el arco de bienvenida al pueblo, junto a la amenaza de que continuarán “limpiando” la región.
Pero ni estos grotescos mensajes, o los ataques con drones, o el desplazamiento de familias enteras hicieron que los políticos interrumpieran su descanso.
A ver si regresando a trabajar hay un poquito más de interés, aunque su indolencia ya quedó más que exhibida.