-Calientan al Issste rumores de cese
-Alcaldes pintados de 100 mil pesos al mes
-Convenio FASSA tardío en Diario Oficial

En 2018, reportan las fuentes municipales, el ahora subdirector de Alumbrado Público, Sergio Antonio Sifuentes, era un activista destacado de Morena. Era ampliamente conocido en el equipo de Fernando Tiscareño; y el exalcalde expriista, Marco Adán Quezada.
Le tocó la bonanza para la chairiza que trajo el triunfo arrasador de Andrés Manuel López Obrador, victoria no tan notable en Chihuahua y gran parte de las plazas del norte del país, las mismas que después terminaron rindiéndose a los encantos de la 4T.
Tal vez por el mal cálculo de que Morena y sus aliados no penetrarían en Chihuahua, Sifuentes les dio la espalda a quienes lo apoyaron en las filas guindas y le consiguieron, cuando menos, una humilde posición en la Secretaría del Bienestar.
Así, para 2021, nos reportan, fue seducido para irse al PAN, quién sabe si a la nómina pública nomás o también al partido del que hoy es coordinador de los regidores, Isaac Díaz Gurrola, una de las cabezas de “Los Gaudinis” dentro del albiazul.
Unos cuantos meses bastaron para que terminara en un alto cargo del gobierno municipal, en el que fue ratificado en la nueva administración que comenzó en septiembre pasado, gracias a la protección del líder gaudinista.
Por ello, entre los funcionarios municipales de arraigado color azul levanta sospechas Sifuentes de ser un infiltrado morenista en el equipo; con eso de que en política sospechan hasta de la sombra propia, no faltan quienes insisten en verlo como caballo de Troya patrocinado por un panista que ni de regidor ni de otra cosa ha dado los mejores resultados.
Sea como sea, pasó Sifuentes de presumir en redes el austero chalequito del Censo del Bienestar a lucir el gorro Hugo Boss utilizado en casi todas las parrandas del puente Guadalupe-Reyes pasado, ese que luce en la foto que dejamos en versión digital de GPS.
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Acusado de nepotismo por ordenar la contratación de su cuñada y de mantener un desorden administrativo tan fatal como el que costó la vida a seis tripulantes de una ambulancia, Gerardo Iván Sapién Martínez parece vivir sus últimos momentos en el Issste.
De la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado reportan que el titular administrativo de la dependencia intenta patalear para revertir su inminente despido. Ha echado mano de aliados condicionales en los sindicatos para eso, pero quién sabe si tenga éxito en las oficinas centrales, al mando de morenista de cepa Martí Batres.
Sapién, de antecedentes panistas, pero que por algún extraño motivo acabó como alto burócrata de la 4T, tiene todo en contra.
Además del nepotismo y el desastre administrativo, está señalado por proteger a un exprofesor acusado de acosar jovencitas estudiantes del Colegio de Bachilleres, Óscar Arzola, quien terminó por dejar la institución una vez que encontró refugio en el Issste, con su amigo Sapién.
Ahora Arzola le opera el pataleo interno al funcionario que, hasta donde sabemos, le han perdonado cualquier proceso administrativo en contra, a los que el Issste, desde nivel central, nunca quiso ir a fondo, apostándole a la salida forzada del funcionario. Veremos qué pasa en los siguientes días.

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En materia de focos rojos por la violencia, dos municipios, Guachochi y Guadalupe y Calvo, destacan por una alta incidencia de delitos atribuidos al crimen organizado, de acuerdo con los mapas de calor de las corporaciones de seguridad estatales y federales.
En ambos, las autoridades municipales están pintadas: no tienen capacidad para enfrentar a la delincuencia menor, menos a la organizada, y gran parte de su gasto se va en las nóminas bastante infladas, porque los ayuntamientos son más fuente de empleo que verdaderos gobiernos locales.
En el caso de Guachochi, bajo el mando del prianista José Miguel Yáñez, los habitantes viven en medio de la disputa de dos grupos criminales, dedicados a la extorsión, el secuestro, el narcomenudeo y otros delitos que el año pasado llegaron a alcanzar picos en varias ocasiones.
En Guadalupe y Calvo, la morenista Ana Laura González vive desde la campaña -después de que aventó la candidatura ante amenazas y luego fue convencida de seguir- custodiada por guardias nacionales o militares que ya quisieran observar los habitantes en los pueblos donde la delincuencia los tiene entre la espada y la pared, entre los ataques de uno y otro grupo delictivo.
También con un sueldo oficial que ronda los 100 mil igual que Yáñez, González Ábrego está como su colega vecino, nomás de adorno, con el pretexto de que los ayuntamientos no tienen capacidad para garantizar la seguridad, pero sí la tienen para gastarse millonadas en servicios personales y operatividad de gobiernos pintados.
Así, si hay algún reto municipalista y federalista en el renglón de la seguridad, no está en el gasto que ejercen o los recursos que reciben los ayuntamientos, sino en la utilidad y el resultado de sus presupuestos, cada uno por el orden de los 350 millones de pesos anuales.

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Apareció hace un par de días en el Diario Oficial de la Federación la publicación del convenio de coordinación mediante el cual el gobierno federal envía recursos (FASSA) para la prestación del servicio médico y hospitalario de población abierta, que administra el gobierno del estado de Chihuahua.
Bajo ese esquema son distribuidos miles de millones de pesos, con los cuales la administración estatal presta atención médica en hospitales y centros de salud de los Servicios de Salud del Estado de Chihuahua, y del Instituto Chihuahuense de Salud, ambos organismos descentralizados bajo la batuta del secretario de salud estatal, Gilberto Baeza.
Son pagados con esos dineros recursos humanos y materiales, cerca de cuatro mil millones este año, para que funcione toda esa infraestructura de salud que atiende a más de 1 millón y medio de beneficiarios, distribuidos por toda la entidad.
Todo bien hasta ahí, el problema es que se trata de la publicación del convenio vigente, pero en 2024, y firmado por las partes el 17 de enero del año pasado.
Tenemos las capturas de pantalla del decreto que corresponde al año pasado, pero publicado en el DOF el día siete de enero pasado, porque en el caso del 2025 aún sigue la presión para que el gobierno del estado entregue recurso humano, recurso material y recurso financiero al denominado IMSS bienestar, que operaría dicho sistema de salud, como ya lo hace en más de una veintena de entidades federativas, donde los gobiernos morenistas entregaron no sólo lo que habían recibido en virtud del proceso de descentralización de los noventas, sino inclusive están entregando infraestructura estatal.
La gran duda aquí es hasta cuándo podrá resistir Chihuahua esa presión, que bajo una lógica centralizante, pretende controlar la salud desde una oficina en la Ciudad de México, cuando fue precisamente esa ineficiencia la que provocó hace más de 30 años la entrega de la salud a las entidades federativas.
En aquel entonces Chihuahua fue de los últimos en firmar la descentralización, ahora es la misma historia, es de los últimos a ceder la centralización.

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Como en Chihuahua Capital no se vieron rastros de nieve que supuestamente estaba pronosticada, el alcalde Marco Bonilla salió a buscarla al municipio de Cuauhtémoc, donde por cierto sostuvo una reunión con la comunidad evangélica de ese municipio y las zonas aledañas quienes ven en el edil capitalino un gran aliado.
La comunidad evangélica invitó a Bonilla para reunirse y conocer más de cerca su política de gobernar con perspectiva de familia, tema que por ideología les interesa y promueven entre su comunidad.
El tema se centró en las políticas públicas que aplican desde el DIF Municipal para proteger al principal núcleo de toda sociedad, pero también los programas que realizan para proteger a la niñez, sobre todo en temas de violencia y trabajo infantil.
Con esta reunión, el alcalde Bonilla va creando alianzas con grupos sociales de relevancia, pero sobre todo está bajando el mensaje de lo que están haciendo bien en Chihuahua Capital, y que hay a quienes les interesaría que continuaran esas políticas aplicándose para los próximos años.