Carne de mala calidad y cada vez más cara es el resultado en las mesas de las familias de gran parte de México y algunas entidades vecinas de Estados Unidos, por la irresponsabilidad de importadores de ganado de Centro y Sudamérica, así como de autoridades federales pintadas, de adorno.
Están por cumplirse dos meses desde el cierre de la frontera a la exportación ganadera, que habrá de dejar daños de entre 400 y 500 millones de dólares al sector en Chihuahua, costo que, sin lugar a dudas, habrá de trasladarse a los consumidores.
La carne “agusanada” y cara -más por el devastador efecto de la parálisis exportadora que por el gusano devorador de animales- se mantendrá en los platos de los chihuahuenses y de habitantes de otros estados, como cortesía de un gobierno relajado, que no padece las consecuencias económicas de quienes trabajan en el campo.
Pero también como obra de los importadores como Grupo Gusi y Praderas Huastecas, de la Huasteca Potosina; como Desarrollo de Engordas Estabuladas (Denes) de Nuevo León; Vera Carne de Veracruz; y Su Karne y El Lucero, de Sinaloa.
Algunas de estas empresas igual importan ganado de Guatemala, donde está focalizado y al parecer contenido el gusano barrenador hasta ahora, y exportan la carne maquilada con todas las facilidades comerciales a Estados Unidos.
En cambio, la ganadería más afectada y de mayor calidad del país, de estados como Chihuahua y Sonora, está condicionada, principalmente por el clima, a la exportación de ganado en pie al país vecino. Y es esta la que sufre no sólo de la inclemente sequía, sino de una crisis sanitaria como la actual, provocada a miles de kilómetros de las sedientas praderas norteñas.
Eso ni lo entienden los importadores, introductores o intermediarios en la cadena de valor de la carne de res. Menos lo ha comprendido el Gobierno federal.
Por comprar barato y no poder competir con la calidad de los estados ganaderos, traen animales del sur del continente por la porosa frontera de Chiapas, y con esto afectan a los productores nacionales, especialmente a los que atienden el mercado exterior.
Todo esto, con una autoridad federal cruzada de brazos sin importarle la sanidad de los animales con los que se alimenta la población.

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A la carne de cuestionable calidad que llega de importación a las mesas de los chihuahuenses, hay que agregarle su aumento de precio por encima de la inflación, como otros tantos comestibles susceptibles a la carestía por factores ambientales.
Por otra parte, la sequía afectó la producción de carne de res, especialmente en el norte del país. La disminución de la disponibilidad de pastizales obligó a los productores a sacrificar a las reses antes de que alcanzaran su peso óptimo.
Además, el aumento de los costos de los insumos para la producción de carne de res, como los granos y los alimentos balanceados, también contribuyó al incremento de su precio, de forma paralela a un incremento en la demanda, que tanto para consumo interno como nacional suele crecer en los meses de noviembre y diciembre, ya desaprovechados.
Padecimos aquí, por lo tanto, un año de vacas flacas de la producción local, así como el riesgo del ganado importado en pie del sur del país y de otros países, además de carne ya maquilada que no se compara en calidad con la producida en el norte. Fuera de cualquier sesgo regionalista, esa es la realidad.
Adicionalmente, quienes más la sufrieron fueron los productores ganaderos, extendidos por los 67 municipios de la entidad, dado que es una arraigada actividad económica en el estado, pero principalmente los de los de la región noroeste Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Riva Palacio, Bachíniva, Carichí, que concentran cerca de la mitad de la producción de animales para exportación.
Entre productores, comercializadores, intermediarios y exportadores, debieron asumir alrededor del 80 por ciento de las pérdidas que hasta la fecha ha dejado el cierre de la frontera.
Del otro lado, en el país vecino, debieron resentir la baja en la oferta en un escenario de alta demanda, así como la presión inflacionaria y las pérdidas de las procesadoras que se quedaron, nada más de Chihuahua, con menos de 130 mil cabezas de las esperadas en la temporada.

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Los 100, 200, 300 dólares extra por cabeza que les ha costado a los ganaderos exportadores el cierre de la frontera a causa de la emergencia sanitaria decretada por Estados Unidos, no parece importante para un gobierno totalmente cerrado e ignorante de la situación.
Tampoco la calidad cuestionable ni la carestía de las carnes importadas que llegan a las mesas de los mexicanos, como quedó evidenciado con el gusano: el poderoso vecino norteño cerró su frontera de inmediato al conocer de un caso en Chiapas el 25 de noviembre pasado, mientras México deja pasar vacas y lo que sea sin siquiera una bañada de garrapaticida.
Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum dio muestra de esa indolencia y negligencia cuando el día 14 dijo en su mañanera que ya estaba abierta y normalizada la exportación de ganado. Pleno desconocimiento o falta de información, quedó muy mal ante los afectados.
Le corrigió la plana el secretario de Agricultura y Desarrollo Social, Julio Berdegué, precisamente en Chihuahua, donde encabezó el día 16 un foro carente de sustancia para el Plan Nacional de Desarrollo, y ya fuera del protocolo dio información del problema.
Poco aportó el sinaloense Berdegué Sacristán al informar lo que ya todo mundo sabía, que los inspectores norteamericanos podrían darle luz verde de nuevo al ingreso de ganado a través de la cuarentenaria Jerónimo-Santa Teresa, tal vez a partir de mañana lunes, y en unos días al resto de cruces comerciales de ganado en la frontera.
De nuevo la indolencia al extender la incertidumbre que persiste desde hace casi dos meses; antes, el secretario había mostrado también esa cara, cuando se puso a pelear en una red social con un senador panista, adjudicándose el logro de la reapertura de la frontera.
Sí, así como si fuera mucho el mérito de resolver un problema ocasionado por su misma administración laxa y flexible para importaciones cuestionables, además de ignorante de la situación crítica del norte de México.

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Dos meses de cierre de la frontera para exportación, si es que logra abrirse en estos días como esperamos que ocurra, han dejado a unos cuantos ganadores que importan animales para satisfacer parte de la demanda mexicana.
Pero, sin duda, son muchos más los perdedores con esa crisis que no es ocasionada, contrario a lo que dicen quienes no alcanzan a dimensionar el problema, por uno, dos o tres casos de miasis a causa del parásito detectado en Chiapas, sino por la debilidad institucional en la materia.
Podrá considerarse que la de Estados Unidos fue una reacción extrema ante un bicho erradicado en el norte de América, pero es la solidez de sus protocolos de sanidad lo que justifica y explica la decisión del cierre.
No es mero malinchismo comparar el modelo norteamericano con el mexicano en materia de salud pecuaria y humana, sino la vía ideal para poner a prueba la eficiencia de ambos.
La debilidad mexicana facilita a los importadores irresponsables saturar el mercado nacional, mientras abandona al sector pecuario a su suerte en medio de las peores contingencias climáticas; en tanto, el vecino norteño igual sacrifica a sus productores y ciudadanos tal vez con los precios al alza, pero los cuida de consecuencias peores.
Aquí, en cambio, es la discrecionalidad, el nulo apoyo al campo, el descuido total de la salud, la negligencia y el desconocimiento de una importante actividad productiva, lo que caracteriza a la administración pública federal.
Así que, ojo, no es un simple gusano el causante de la crisis, sino múltiples parásitos tanto del gobierno como del sector privado, que se aprovechan de estas debilidades.
Las consecuencias de este problema habrán de padecerse por meses aun después de que sea reabierta la frontera, como esperamos que suceda, por fin, en la semana que comienza.